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“Si una teoría está en contradicción con la salvación de la sociedad es porque esa teoría es falsa, porque la sociedad es la verdad suprema”.

Alfonso de Lamartine en su “Historia de los Girondinos”.

Cuando, por supuesta prevaricación, se debe juzgar a un Jefe de Estado, normalmente el Congreso lo somete a un pre-juicio denominado de formación de causa y, de encontrar mérito para su desafuero, pasa el caso al organismo judicial competente, generalmente la Corte Suprema de Justicia, para que lo juzgue, respetando, con la intervención del procesado o en su ausencia legalmente considerada si fuere el caso, todos los demás requerimientos del debido proceso: solamente bajo estas condiciones, fundamentadas en normas taxativas (llamadas también de ius cogens, es decir, no dependen de la voluntad de las partes), podría el Congreso, si la Corte Suprema lo hubiera encontrado culpable, destituir al Jefe de Estado y legalmente nombrar un sustituto.

En base a lo expuesto, pareciera razonable pensar, en una primera aproximación, que cualquier incumplimiento de los requisitos exigidos en el proceso de remoción citado haría que este proceso, probablemente considerado entonces como un golpe de Estado, adoleciera de nulidad absoluta, haciendo imposible el realizarlo en forma legal aún si realmente existiera una prevaricación por parte del Jefe de Estado. Pero esta conclusión no es siempre definitiva. En el caso de un golpe de Estado llevado a cabo por un movimiento revolucionario, pese a la rotura legal que esto significa, el Gobierno que se instaura ha sido tradicionalmente reconocido si se mantiene durante un cierto tiempo en forma normal y efectiva (principio de efectividad), condición determinante, tenida en cuenta sin duda por representar la voluntad de los miembros de una comunidad, el sólo fundamento real de la legitimidad del ordenamiento jurídico, razón suficiente para que cuando se viola el derecho del pueblo, el pueblo adquiera el derecho a una revolución y de esta revolución pueda siempre surgir un derecho. Y es en base a este precedente que el caso de lo que se ha denominado golpe de Estado en Honduras parece contener características afines a la situación creada por los movimientos revolucionarios, pudiendo así aspirar a cierta estimación de legitimidad retroactiva, naturaleza evidente del principio de efectividad.

En efecto, por una parte, el proceso judicial llevado a cabo no ha cumplido, estrictamente, con lo establecido en la ley; pero, por otra parte, los tres poderes del Estado, de naturaleza civil, están funcionando de acuerdo con una situación considerada legal y dicha situación parece, según opinión general, incluso de los medios, estar compartida por una parte sustancial de la comunidad. Nos encontraríamos, entonces, si este fuere el caso, ante una situación viciada en su origen, pero, aparentemente, de nulidad relativa, ya que podría considerarse ratificada por la voluntad soberana del pueblo, lo que la asimilaría a la que resulta de una revolución.

Ahora bien, no obstante lo expuesto, podría subsistir la duda acerca de la pertinencia legal de considerar concluyentes los argumentos aducidos para recurrir a la voluntad soberana del pueblo como justificación del no cumplimiento de las disposiciones legales positivas. Y, entonces, cabe una pregunta: ¿puede la voluntad soberana del pueblo (como eterna versión de Fuenteovejuna), actuar como Poder Constituyente, en cualquier instancia, con el propósito de enderezar situaciones que considera arbitrarias sin respetar lo estatuido por el Derecho Positivo? Probablemente no sea posible una respuesta definitiva sin recurrir a las circunstancias específicas del caso. Y en este sentido, es del dominio público, en la actualidad, la existencia de regímenes que sistemáticamente ajustan la interpretación de la ley a propósitos personales o ideológicos, pretendiendo mantener una práctica de golpes de Estado a discreción comparable solamente a los tiempos del Absolutismo Real y actuando cada uno de estos regímenes con la colaboración de complicidades mutuas y, desafortunadamente, amparados por una negligencia, que casi raya en el encubrimiento, por parte de las Organizaciones Internacionales. ¿No debería el Secretario General de la OEA haber detectado el proceder inconstitucional del depuesto Presidente de Honduras y ponerlo en conocimiento del Consejo Permanente para debate y decisión? ¿No está acaso dentro de las atribuciones de este funcionario el velar, permanentemente, por la correcta aplicación de la Carta Democrática por parte de cualquier país miembro de la Organización? Por lo que resulta irrisorio juzgar lo que está aconteciendo en Honduras, aunque avalado por esa comunidad, como un golpe de Estado, mientras esto sí es un modus vivendi de muchos gobiernos, espurios ya sea en su origen, ya sea en su actuación posterior. Por ello es imperativo saber distinguir entre un golpe de Estado y una Revolución: el 18 Brumario de Napoleón es un golpe de Estado, la Revolución Francesa es una reivindicación en lo legal.

Si la razón asiste a los revolucionarios que, transparentemente, arriesgan hasta la vida para establecer un gobierno que defienda el Estado de Derecho, irrespetado en determinado momento, y, consecuentemente, ameritan un reconocimiento legal, sujeto solamente a mantener tal Estado en lo futuro, ¿es de justicia dar el mismo tratamiento a los que, subrepticiamente, actúan socavando el ordenamiento jurídico con el propósito de establecer gobiernos arbitrarios, mientras cínicamente aparentan conductas acordes con lo legal? La naturaleza suprema de la sociedad, como señala Lamartine, evidencia la respuesta.