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Desde que se dio el golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el pasado 28 de Junio, los golpistas han mantenido una postura invariable en cuanto al no retorno del orden constitucional en esa hermana República y por consiguiente el regreso del presidente destituido por la vía de las armas a la presidencia de la República.

Tras el aislamiento internacional del gobierno de facto y la postura de una gran parte de los hondureños a favor del presidente Zelaya se pensó en un determinado momento que los detractores de éste ablandarían sus posiciones intransigentes, pero más bien el gobierno de Micheleti junto a su clan de usurpadores iniciaron una campaña para sensibilizar a la comunidad internacional sobre sus motivos por los que les llevaron a ejecutar una acción cuya metodología se creía ya superada en América Latina.

Antes del arribo del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al país centroamericano el pasado jueves 2 de Julio el canciller del golpismo, Enrique Ortez, también había declarado por la mañana a Acan-Efe que si Insulza venía “a exigir la restitución del presidente Manuel Zelaya, mejor que no venga”, porque eso “no es negociable”. Más claro no canta un gallo, dice el dicho popular. La intentona de retorno de Zelaya a Honduras fue abortada casualmente por esa misma obsesión del presidente de facto y sus allegados en la que prefirieron bloquear la pista del Aeropuerto Toncontín antes que permitir el aterrizaje temerario del mandatario constitucional.

La salida negociada a la crisis planteada por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, en manos del presidente Arias como mediador hasta el momento ha sido un fracaso. Las dos rondas de negociaciones de esta mediación se han frustrado diluyéndose en conversaciones vanas en las que cada quien defiende sus posiciones sin llegar a puntos coincidentes, lo cual parece ser parte de las tácticas dilatorias con que el gobierno de facto quiere desgastar a la población que apoya a Zelaya para su posterior desmovilización y de esta manera hacerse con el poder durante más tiempo, el cual le daría espacio, según ellos, para intentar derrumbar las barreras puestas por la comunidad internacional tras el golpe de Estado.

Tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones en San José en donde afloraron las posiciones testarudas e intolerantes del grupo negociador de Micheletti y la amenaza de Zelaya con iniciar una insurrección para facilitar su regreso a Tegucigalpa se cierran las esperanzas de un retorno pacifico del presidente depuesto y la vuelta a la calma del pueblo hondureño que en estos últimos días ha tenido que soportar huelgas, marchas, bloqueos de carreteras, capturas, toques de queda y el asedio de un Ejército que se muestra desafiante ante la población civil sumado lo anterior a las amenazas por parte de los movimientos sociales en torno al endurecimiento de las luchas populares, estos elementos pueden ser un peligroso camino hacia una guerra civil.

El desafío a las leyes y los organismos internacionales expresado en el fracaso de la OEA, la ONU, así como la mediación de Arias es una muestra de que para el gobierno golpista no hay paso atrás y que las palabras de Micheletti van en serio “Nosotros no aceptamos que ningún país tiene que imponernos absolutamente nada. Nosotros tenemos una posición y estaremos firmes y no cambiamos de ninguna manera”, afirmó categóricamente el gobernante de facto retando a la Comunidad Internacional como si no bastara con lo actuado por ésta hasta el momento.

Los golpistas apuestan a las armas y la intransigencia encarcelando y persiguiendo a familiares, seguidores y miembros del gabinete de Manuel Zelaya y a la vez desmontando y desvirtuando los programas del gobierno sin tomar conciencia del daño que le están haciendo al orden democrático y la estabilidad de la nación, mientras el presidente depuesto toca las puertas de la comunidad internacional exigiendo un retorno que cada día se perfila más lejos de lo que se esperaba y la mediación de Arias más inútil de lo que se creía.

El ultimátum puesto por Zelaya a los golpistas para que cumplan con lo que mandata la Constitución de Honduras en su artículo No.3 y las mismas resoluciones de la OEA y la ONU así como el plazo de 72 horas pedidas por Arias para el reinicio de una nueva ronda de conversaciones será otro esfuerzo infructuoso para el reintegro del mandatario depuesto al gobierno, mientras no se endurezcan aún más las presiones externas y no cambien las actitudes de los que ahora ostentan el poder, pues como van las cosas, la Constitución y las leyes internacionales son papel mojado para la oligarquía hondureña y la cúpula militar que impuso a Roberto Micheletti a punta de fusiles y metralla.


edbadu62@yahoo.es
Nueva Guinea RAAS.