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Actuando de oficio, es decir, previo a la presentación de una moción formal de un miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Secretario General de esta institución, sin duda haciendo uso de las atribuciones que le corresponden, por definición de su cargo, como funcionario obligado a constatar, permanentemente, la marcha idónea de la institución, promovió la reunión del Consejo Permanente, integrado por los Representantes de cada país miembro, a efectos de que este organismo pudiera conocer de la a todas luces arbitraria separación forzosa de su cargo, por parte de cuerpos civiles y castrenses, del señor Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras. Y el Consejo Permanente, haciendo honor a lo establecido en la Carta Democrática, obra precisamente de dicho Consejo, de inmediato condenó la indudable ilicitud del acto de separación del cargo, decretando el restablecimiento del señor Zelaya como Presidente de Honduras.

De lo expuesto, parecería ser dable enfatizar, por una parte, la posibilidad real de que los miembros de la OEA puedan actuar de común acuerdo en forma unánime y, por otra parte, que este actuar de consuno pueda tener lugar en cualquier aplicación de la Carta Democrática. Y de ser realidad esta posición, se excluiría el caso del Presidente de Honduras de ser considerado un acto aislado, si no prueba evidente de una verdadera democracia a nivel continental.

Pero, para ser consecuentes con esta nueva realidad, las actuaciones respectivas tanto del Secretario General como del Consejo Permanente deberían tener una connotación especial. En efecto, el Secretario General tendría que evaluar, de oficio como corresponde a las atribuciones de su cargo, jurídicamente como parte de la concepción democrática occidental, tanto la naturaleza de las normas que a partir de la Constitución integran el ordenamiento legal de los países miembros, como la aplicación de las mismas por parte de las autoridades correspondientes. Y en caso de violaciones constitucionales, conceptualmente constatadas, presentar el caso, para debate y decisión, ante el Consejo Permanente, sin esperar, ingenuamente, a que sea el Ejecutivo del Estado violador quien lo someta a discusión. Y en cuanto al Consejo Permanente, ya no se trataría de esperar que acontezcan hechos tan evidentes como la separación forzosa de su cargo del Presidente de Honduras ( esto sería equivalente a arrestar a un delincuente sólo en caso de encontrarlo “in fraganti”), sino a constatar, en forma permanente y en base a la opinión legal suministrada por el Secretario General, si se está respetando la soberanía del pueblo y si se mantiene una Constitución asegurada por la garantía de los derechos y la separación de los poderes. ( Artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada carece de Constitución”). Y constatada una violación de la Carta Democrática, si el Estado en juicio no rectificara, proceder a expulsión o suspensión según la gravedad del caso, situación que persistiría en tanto que en el país en cuestión no cambiara la situación que diera lugar a la sanction y que dicho país pidiera su restauración en calidad de miembro.

Porque, en realidad de verdad, no existe una diferencia de esencia entre las dos situaciones siguientes: “manu militari” despojar de su cargo a un Presidente legítimamente electo (para cualquier prevaricación hay un debido proceso) y gobernar un país, con la complicidad de Legislativos autoproclamados soberanos y Poderes Judiciales partidarizados, mediante prácticamente decretos leyes no constitucionalmente validados. Y por ello, no merece más connotación que la de cinismo el utilizar la categoría de arbitrariedad para juzgar casos que no se adaptan a nuestra ideología, mientras en ciertos países se usa lo arbitrario internamente, e impunemente desde la óptica de la OEA, como unidad de valor para satisfacer propósitos que no son de interés general. Y esto es lo que hace del de Honduras un caso aislado, incapaz de prefigurar una nueva actitud por parte de la OEA en materia de democracia a lo occidental, ya que no son posibles las democracias parciales y no existe un número suficiente de desaciertos capaz de configurar un logro. Si la OEA quiere transformar en condición connatural la actuación, de muy escasos precedentes, que ha manifestado al considerar el caso de la arbitraria remoción del Presidente de Honduras, tanto el Secretario General como los integrantes del Consejo Permanente, so pena de abstenciones que podrían rayar en el encubrimiento, tendrán que juzgar activa y objetivamente en base a los requerimientos exigidos por nuestra concepción de la democracia occidental.


Pasquier32@yahoo.com