Jorge Eduardo Arellano
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A la sazón Nicaragua vive una situación de inestabilidad política, la cual tendrá que resolverse o agudizarse a partir del próximo 10 de enero, pues el Parlamento Nacional, con sus diputados, reiniciará su labor legislativa estando el país en un sombrío panorama económico, producto de los altos precios del petróleo (el cual llegó a 100 dólares el barril), por la dependencia que como país tenemos del combustible, las consecuencia ya las vimos el año recién pasado, produciéndose una espiral inflacionaria y alcista en los productos de la canasta básica (frijol, arroz, leche, carne, pan, etc.), el más perjudicado del estado de nuestro economía es el pueblo humilde trabajador, pero la problemática no para allí, pues los funcionarios del gobierno actual han anunciado con bombos y platillos que en el año 2008, ineluctablemente, abrá aumento en los precios de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, transporte etc., es decir, al pueblo pobre le están aplicando el famoso refrán “tras cuernos palos”.

El Poder Ejecutivo y los Diputados de la Asamblea Nacional, ante la crítica situación económica social que atraviesa el país, deberían unirse para atender los ingentes problemas que vive la población, lo ideal sería que el Ejecutivo y el Legislativo revisaran y consensuaran el Presupuesto General de la República de 2008 (que aún no ha sido aprobado), para introducir en éste cambios radicales, como medidas de austeridad y ahorro en los Poderes del Estado, reduciendo los gastos de combustibles para diputados y funcionarios públicos; el Ejecutivo y el Legislativo deben asumir la ayuda que el gobierno venezolano concede a nuestro país en materia petrolera, a fin de valorar la posibilidad de reducir los impuestos directos al combustible, con el objeto de paliar de alguna manera las alzas en el transporte colectivo, en los alimentos de primera necesidad, para así proteger del hambre a los más pobres de este país.

En cualquier país meridianamente sensato, los líderes políticos ante una crisis económica profunda (como la que tiene este país) harían a un lado sus divergencias político-partidistas, para poner en agenda, en primer lugar, los acuciantes problemas sociales y económicos de su pueblo. Sin embargo, todo parece indicar que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen como prioridad atender la grave crisis económica ni resolver el hambre, la falta de empleo (cada vez es mayor el número de exiliados económicos que salen de este país), de salud y educación que tienen agobiado y postrado al pueblo.

El tema central de nuestro políticos en la actual legislatura será discutir y aprobar una Amnistía Política que favorecería principalmente al ex Presidente Arnoldo Alemán Lacayo (condenado a 20 años de prisión por peculado al Estado por varios millones de dólares), y a Eduardo Montealegre (señalado de participar en el festín de los Cenis, con perjuicio al Estado por más de 300 millones de dólares). El Gobierno por su parte tiene en agenda enfilar todas las baterías para evitar que los parlamentarios aprueben la Amnistía, el eje de ataque utilizado en los medios de comunicación es de tildar a los promotores de la iniciativa como el “Bloque de la Corrupción”.

Desde hace mucho tiempo nuestro país ha sido rehén del fenómeno de la corrupción, que es un lastre, una calamidad, una descomposición social que no ha permitido desencadenar todas las fuerzas productivas de la nación. La corrupción ha sido un cáncer que ha carcomida las bases y las estructuras de la sociedad. Se puede decir que el precursor de este mal fue el dictador Anastasio Somoza García, quien al llegar al poder era económicamente palmado, pero en poco tiempo alcanzó la estatura del hombre más rico de Nicaragua. La dictadura en cincuenta años institucionalizó en todo el país la corrupción, en todo este tiempo en nuestros abuelos, padres y en la actual generación calaron hasta la médula de los huesos los antivalores, por lo que se ve de lo más normal que un político llegue a un cargo público y se enriquezca ilícitamente a costa del erario.

Sigue siendo aceptado por la sociedad (aún son objeto de envidia) que una persona aspirante a político llega con una mano atrás y otra adelante, ocupa un cargo público y en tiempo relativamente corto logra un cambio económico y social, dicho individuo ya no anda a pie, conduce vehículos de lujo, ya no vive en barrios populares, vive en zonas residenciales para las elites, adquiere propiedades por doquier, tiene cuentas bancarias, participa en grandes negocios de sociedades anónimas o bancarias. El prototipo de todo esto es el propio Arnoldo Alemán Lacayo, quien en la década de los ochenta era un don nadie, conducía un destartalado vehículo que para ponerlo en movimiento había que empujarlo, se ganaba la vida vendiendo huevos y carbón. Una vez que dicho personaje sale a palestra política, su vida cambia totalmente, amasando en poco tiempo una fortuna incalculable de varios millones de dólares, los cuales no ha podido hasta el momento justificar en forma razonable.

Lo que el pueblo comenta de Arnoldo Alemán Lacayo, igual lo hace con otros connotados políticos, sean éstos de los partidos políticos rojos sin mancha, o manchados o rojinegros, dichos políticos tienen un denominador común, todos son funcionarios públicos, son diputados, magistrados, ministros, esas personas están apegadas firmemente al puesto, ni por la mente se les pasa renunciar o que los renuncien, viven a expensas del Estado, todos llegaron al puesto sin un centavo en el bolsillo, pero en la actualidad gozan de una envidiable condición económica, a costa del pueblo humilde.

De la situación de corrupción de nuestros políticos hay sectores de la sociedad que salen en su defensa, cayendo en una la Apología del Delito, pues por los medios de comunicación social apoyan y respaldan que algunos diputados de la Asamblea Nacional aprueben una Amnistía Política, a favor de políticos que desde hace años vienen siendo señalados de corruptos en perjuicio no del Estado sino del pueblo nicaragüense. Los sectores cómplices de la Amnistía, justifican su conducta de antivalores aduciendo que el parlamento en 1990 (estando en el poder el FSLN) aprobó una amnistía a favor de los funcionarios sandinistas, que en 1993 el Parlamento en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro amnistió a Pedrito El Hondureño, quien era señalado de asaltabancos y delincuente común.

Ante esta tesis, el círculo vicioso de la corrupción se repite y se seguirá repitiendo una y otra vez en nuestra sociedad, de manera que delincuentes metidos a políticos seguirán robando del erario, todo en perjuicio de los sectores más empobrecidos de este país, cuando estos delincuentes sean llevados al banquillo de los acusados por los delitos comunes en que incurren, nuevamente enarbolarán el caballito de batalla de la amnistía política para que los delitos cometidos queden en la más absoluta impunidad, con esa actitud y conducta nunca se construirá una nueva sociedad en Nicaragua.


*Abogado y Notario Público.