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Del 5 al 8 de julio se celebró en la sede la Unesco, en París, la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior, cuyo tema central fue: “Las nuevas dinámicas de la Educación Superior y la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo”.

La Conferencia, en la que participan más de mil delegados, permitió analizar el futuro de la educación superior, en el contexto de la sociedad contemporánea, donde nuevos retos y desafíos se plantean a la educación de tercer nivel. Seguramente la crisis que está afectando la economía de casi todos los países hizo que en la Conferencia dominara la preocupación por la recesión mundial y el papel de la educación superior para hacerle frente, junto con las previsiones para que dicha recesión no afecte el desenvolvimiento de la educación superior y la investigación.

A diferencia de la Primera Conferencia Mundial de 1998, esta vez la Conferencia no emitió una Declaración sino un simple Comunicado, que en nuestra opinión tiene un rango menor para generar compromisos para los Estados Miembros de la Unesco. Además, el Comunicado no alcanza la riqueza conceptual y propositiva de la Declaración de 1998 que, por su rico contenido, se constituyó en la brújula orientadora de los procesos de transformación de la educación superior en el mundo. Con todo, el Comunicado encierra lineamiento y recomendaciones de mucha importancia, a la par que reitera algunos de los conceptos fundamentales proclamados en 1998.

Uno de los debates más importantes en el seno de la Conferencia se refirió a la naturaleza misma de la educación superior. Los delegados de América Latina y el Caribe, sobre la base de lo acordado en Cartagena en 2008, lograron que el Comunicado final reiterara el concepto de la educación superior como “un bien público”, y no como “un servicio público”, como pretendían los delegados de los países más desarrollados, que tienen grandes intereses en el “mercado internacional” de la educación superior. Declararla como “servicio público” conduciría a su inclusión como un servicio más susceptible de entrar en la órbita de la OMC quedaría reducida a simple mercancía.

El Comunicado ratificó así el principio proclamado por la Primera Conferencia Mundial de 1998, de que la Educación Superior es “un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de la educación y la base para la investigación, la innovación y la creatividad. Por lo tanto, los Estados deben asumir su responsabilidad y brindarle el apoyo económico y gubernamental. El acceso a ella debe ser, como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, igual para todos sobre la base del mérito respectivo”.

Afirma el Comunicado que “como nunca antes en la historia es importante invertir en la educación superior como la mayor fuerza para construir sociedades del conocimiento inclusivas y diversas, así como para el avance de la investigación, la innovación y la creatividad”. La experiencia de los últimos diez años proporciona evidencias, agrega el Comunicado, que la educación superior y la investigación contribuyen a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable y el progreso.

Uno de los puntos más importantes del Comunicado es el reconocimiento explícito de la responsabilidad social de la educación superior como uno de sus compromisos esenciales y señala que la educación superior, como bien público, es responsabilidad de todos los sectores sociales, pero especialmente de los gobiernos.

La educación superior debe liderar a la sociedad en la generación de conocimiento global para responder a desafíos globales, tales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, el manejo del agua, el diálogo intercultural, generación de energías renovables y salud pública. Las instituciones de educación superior, a través de sus funciones de docencia, investigación y servicio a la comunidad, ejercidas en un contexto de autonomía institucional y libertad académica, deben incrementar sus enfoques interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa.

Además, se destaca, que la educación superior no solo debe proveer sólidas destrezas para el mundo presente y futuro sino también contribuir a la educación de ciudadanos éticos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Las instituciones de educación superior deben invertir en proveer a sus docentes oportunidades para desempeñar nuevos roles en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Los criterios de calidad deben reflejar la totalidad de los objetivos de la educación superior y, notablemente, el propósito esencial de cultivar en los estudiantes el pensamiento independiente y crítico y la capacidad de aprender durante toda la vida.