•  |
  •  |
  • END

Hace dieciocho meses se organizó la asociación Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), que aglutina a centenares de trabajadores ancianos y cotizantes del INSS que no alcanzaron las 750 cotizaciones de ley, pero que sobrepasamos la edad de sesenta años. Nuestro objetivo de lucha es obtener del INSS la pensión reducida de vejez, y para ello hemos realizado varias diligencias y actividades sin ningún resultado.

Para justificar nuestro reclamo ante las autoridades del INSS, recuerdo y transcribo el Artículo 49 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, producto del Decreto 974 del 1 de marzo de 1982 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el cual literalmente dice:
“Artículo 49.- Para tener derecho a la pensión de vejez se requiere, además, acreditar un período no menor de quince años como asegurado activo. Sin embargo, podrán concederse pensiones reducidas no menores del 40% del salario prescrito para aquellos casos en que, habiendo el asegurado cumplido la edad de retiro, no haya cumplido el período de calificación, siempre que acredite como mínimo absoluto cinco años de pago de cotizaciones.”

Este artículo 49 se aplicó hasta cuando el Artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del INSS fue reformado por primera vez por el Decreto 514 del 5 de abril de 1990, y luego derogado por el Decreto 38-94 del 12 de septiembre de 1994 del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. O sea que desde hace quince años no se entrega pensión reducida, ya que el INSS alega que, aunque el Artículo 49 de la Ley Orgánica está vigente, no se puede aplicar por la derogación del Artículo 56 del Reglamento, el que textualmente dice:
“Artículo 56.- En el caso de que el asegurado no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado como mínimo un tercio de dicho período el salario mínimo que pague a su personal el Inssbi, más las asignaciones familiares correspondientes.”

Lo que nosotros reclamamos, como Asociación, es que se reincorpore el Artículo 56 al Reglamento para poder disfrutar de la raquítica “pensión reducida.” Demandamos también que a los asegurados inactivos que no acreditaron el período de calificación de las 250 cotizaciones mínimas (cinco años), que se les regrese el monto toral de lo que cotizaron, en un solo pago y de acuerdo al detalle del historial laboral. Además, pedimos que la edad mínima de jubilación para la mujer sea de 55 años cumplidos. Con estos objetivos, les hemos enviado cartas a diferentes diputados, pero nadie se ha dignado a hacer algo. Los diputados del MRS introdujeron en la Asamblea Nacional una serie de reformas a la Ley General del INSS, y tampoco se logró nada.

Según el Informe Anual del INSS, existen 53 mil personas en edad de jubilación que fueron cotizantes y no lograron las 750 cotizaciones, lo cual es una notoria injusticia y una estafa. Pero mientras a nosotros se nos niega la “pensión mínima”, a 23 mil ex combatientes de la “resistencia” que nunca cotizaron –y me atrevo a decir que nunca trabajaron— se les entrega una pensión en un monto superior al de los cotizantes.

El INSS, en estos momentos, entrega “pensiones de gracia” que pasan de la cinco mil, por recomendaciones del presidente, de los ministros y los diputados, hasta por un monto de 400 o más dólares, sin haber sido asegurados.

El capital de reserva del INSS (once mil millones de córdobas) se los están consumiendo, y es seguro que al finalizar el período del gobierno actual, no habrá dinero para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Prueba de ello, es el despilfarro de ese fondo de reserva, pues por el presidente del INSS, Roberto López, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nos enteramos de los cinco millones de dólares que el INSS entregó para construir las “casas del pueblo”; de los veinte millones de dólares que Daniel “prestó” al INSS para “combatir” la influenza humana: del robo de cuarenta millones de córdobas del ex director Aguado; de los más de cien millones de dólares robados por Arnoldo Alemán durante su administración; de los elevados salarios de los funcionarios del INSS y los préstamos entre ellos; y, para cerrar con “broche de oro”, compraron, en no sabe en cuánto, un inservible laboratorio.

Durante los trabajos de organización con los pensionados y jubilados, nuestra asociación se ha enterado de que –además de las raquíticas pensiones— tienen serios problemas, como: a) no hay ayuda asistencial para quien necesita ser asistido de forma permanente por otra persona, ni se les entrega el 20% que la ley exige para estos casos; b) el incremento anual de la pensión no se cumple conforme la elevación del costo de la vida, de la devaluación respecto al dólar ni se les entrega el porcentaje en que crece el salario mínimo; solamente se les ha aumentado la pensión en el 5% anual.

Para colmo de la mala situación de los pensionados, el Fondo Monetario Internacional está exigiendo no poner en vigencia la Ley del INSS 539, del 20 de noviembre de 2006; aumento en las tasas de cotizaciones; aumento de la edad de jubilación a 70 años y las mujeres a 65 años; estatificar el monto de la pensión (no revalorización anual). Según el FMI, esto es para eliminar el llamado “déficit actuarial”, y supuestamente evitar el fracaso del INSS en el 2023. Nuestra asociación espera que el gobierno no ceda ante tales pretensiones neoliberales, como neoliberal fue la derogación del Artículo 49 que comentamos al principio, del gobierno de la señora Barrios de Chamorro, y que este gobierno no quiere restituir.