•  |
  •  |
  • END

Hace una semana la mamá de Mariana fue llamada por el profesor de la niña que tiene 12 años y le ha dicho que la lleve al centro de salud, porque Mariana presenta algunos síntomas y podía estar enferma. En el centro de salud la madre descubre que la niña está embarazada. Mariana tampoco lo sabía, pues no ha tenido acceso a información sobre su propia sexualidad que le diga que esto podría ocurrir, a partir del abuso sexual que ha estado viviendo por parte de su tío, desde hace ya más de un año.


Ésta es solo una de las situaciones que cotidianamente están ocurriendo con niñas y adolescentes que viven abuso sexual y que resultan con un embarazo como parte de la secuela de dicho abuso. Y mientras la reacción en ellas siempre es de rechazo al embarazo que se ha producido de manera forzada; en la familia las reacciones pueden ser muy variadas.


Uno de los estudios presentados este año por el Unfpa, refleja que anualmente se producen 1,400 embarazos en adolescentes. Esta es una cifra alarmante si consideramos que sobre todo en el campo hay un sub-registro que según expertas en la materia, podría llegar a ser hasta del 40%.


Aunque la cifra es alarmante, la situación se torna más preocupante aun si consideramos que no hay una atención especializada para la problemática de abuso sexual y menos aún para el embarazo forzado asociado a abuso sexual.

Diferentes voces especializadas, a nivel nacional e internacional refieren que una niña o adolescente no cuenta con la preparación completa, que integre aspectos anatomofisiológicos y psicosociales, que le permitan llevar adelante un embarazo y mucho menos para asumir la responsabilidad de la maternidad.

Esta realidad ya marca la necesidad de definir una política, basada en los derechos humanos de las niñas y adolescentes, aunque contradictoriamente en Nicaragua, en este momento los derechos de todas las mujeres están siendo violentados con la penalización del aborto terapéutico, con lo que se ha legalizado el riesgo para la vida de las mujeres, particularmente de niñas y adolescentes.


La situación se ve agravada cuando nos referimos al embarazo forzado, producto del abuso sexual, que viven muchas niñas y adolescentes. A la no preparación completa y el riesgo para su vida, se agrega el rechazo a una situación no esperada, no deseada y que significa un producto concreto del abuso vivido. Para las niñas y adolescentes implica un eslabón más en la cadena que las mantiene presas del abuso y muchas veces del abusador sexual.

En este aspecto, la secuela traumática generada por el abuso se ve complejizada, por la actitud de la familia, por la culpabilización personal, familiar y social, por las contradicciones y confusiones personales que presenta la niña y adolescente a partir del abuso mismo; todo ello sintiendo que está obligada a cargar con algo que quiere echar fuera de sí. Algunas adolescentes sobrevivientes, que han resultado embarazadas y que se muestran desesperadas cuando se enteran del embarazo, me han dicho “yo solo quiero que esto no sea verdad, o que me lo quiten”.


A partir de esto, las preguntas que debemos hacernos son: ¿qué significa para una niña o adolescente no preparada, la imposición de la maternidad? ¿es posible que una niña o adolescente que como dijimos no está preparada, que ha vivido abuso sexual y que además presenta una condición de secuela traumática como producto de este, pueda aportar de forma efectiva en el desarrollo de otra/o niña/o? ¿no estamos acaso violando los derechos humanos de estas niñas y adolescentes, así como los de niñas/os que nacen producto del abuso sexual, al obligarlas a asumir esta maternidad forzada? ¿Qué futuro podemos esperar para esta niña o adolescente? ¿Qué futuro podemos esperar para el producto de este embarazo?

La respuesta a cada una de estas preguntas nos llevará siempre a responder que es totalmente perverso e inhumano que una niña o adolescente que vive un embarazo forzado a partir del abuso sexual vivido, sea obligada a la maternidad.

Por ello, desde hace rato, la preocupación de diferentes instancias y foros internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su 42 sesión y más recientemente Amnistía Internacional, que han emitido serias demandas al Estado de Nicaragua para que rectifique la medida legal de penalizar el aborto, particularmente en situaciones de abuso sexual a niñas y adolescentes, debe ser no solo escuchada al margen de los calores del poder político-partidario y religioso, sino que debe hacer reaccionar al Estado, para que cuanto antes sea aprobada la legalización del aborto, como una condición de respeto a los derechos y a la vida de las mujeres.


Movimiento contra el Abuso Sexual
Hablemosde.abusosexua@gmail.com