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Si Nicaragua ha sido el país más seguro de Centroamérica, está dejando de serlo aceleradamente debido al alarmante aumento de robos con intimidación, asesinatos, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, armas y vehículos, trata de personas, violencia doméstica, feminicidio y últimamente secuestros.

Este panorama hace sentir indefensa y atemorizada a la población, y empuja a muchos a adquirir armas bajo la errónea creencia de que así podrán protegerse o buscar justicia por su cuenta ante las limitaciones de la Policía y la lentitud e ineficacia de un sistema judicial que libera con facilidad a delincuentes, narcotraficantes, asesinos y victimarios.

De seguir así, no falta mucho para que nos veamos en una situación similar a la de Honduras, El Salvador o Guatemala, a menos que la población se movilice firmemente en sus comunidades, y que las instituciones públicas y la sociedad civil actuemos en forma coordinada para detener el crimen y la violencia.

Es asunto de vida o muerte. Según datos policiales los robos con intimidación han aumentado en un 40 por ciento entre 2007 y 2008, y en un 30 por ciento en lo que va de 2009, y los asesinatos se han disparado a 15 por cien mil habitantes. Sólo en tres de los barrios atendidos por el Centro de Prevención de la Violencia, el Ceprev, fueron asesinados tres jóvenes y heridos otros dos la semana pasada en un tremendo derrame de sangre juvenil.

El lunes pasado, mientras visitaba a un joven, a quien un par de balazos de escopeta le habían arrancado un brazo, la televisión encendida en su humilde habitación proyectaba la noticia de otros dos muchachos gravemente heridos en otra de las comunidades atendidas por el Ceprev.

La paz que arduamente se había conseguido y que había perdurado por varios años en diversas zonas de la capital, ha sido vulnerada por el surgimiento de nuevas pandillas integradas ahora por adolescentes y casi niños, quienes ya no utilizan machetes sino pistolas, fusiles, escopetas e incluso subametralladoras, y cuya actuación a veces es alentada y dirigida por adultos organizados para el crimen, quienes les proporcionan armas y motos o vehículos para sus actuaciones.

Los expendios de droga que ya eran abundantes han proliferado en forma escandalosa, y la droga circula profusamente en colegios, ventas callejeras e incluso en visitas casa por casa. El tráfico de armas también se ha vuelto rutinario, al extremo de que fácilmente se puede conseguir una pistola por unos cientos de córdobas y un fusil por menos de dos mil en forma ilegal.

Los datos oficiales presentan un panorama que explica la situación: Por la región centroamericana circulan de 70 a 80 mil millones de dólares al año solamente por tráfico de cocaína, una cantidad mucho mayor al Producto Interno Bruto, lo que puede darnos una idea de la magnitud de la “economía negra”, aquella constituida por todas las actividades económicas ilegales: tráfico de drogas, armas, personas, vehículos robados y mercancías, entre las más destacadas, y de la rapidez con que semejante poder económico puede minar la institucionalidad de un país tan frágil como el nuestro.

Si tomamos en cuenta, por otra parte, que sólo un tercio de las 118 mil personas que se integran cada año a la Población Económicamente Activa del país se dedica a actividades formales, cae por descontado que el inmenso desempleo y subempleo acerca a millares de personas a la tentación de verse involucrada en actividades económicas ilegales o directamente en el crimen.

En los barrios atendidos por el Ceprev, muchos jóvenes roban por hambre, lo que no justifica el delito pero evidencia de manera dramática la urgencia de priorizar programas de empleo y desarrollo de microempresas para ocupar a la juventud de menos recursos, si no queremos perder a una generación a consecuencia de los enfrentamientos juveniles o delitos que acabarán con sus vidas o los obligarán a pasarla en prisión.

Esta información no debería dejarnos indiferentes. Nuestros familiares, hijos o nosotros mismos podemos ser víctimas de esta espiral de violencia creciente, por lo cual cada quien debería preguntarse: ¿Qué puedo hacer yo, que pueden hacer mis familiares, vecinos y compañeros de trabajo para contribuir a fomentar una cultura de paz? Y luego hacer todo lo posible por llevar adelante su iniciativa.

Algunas acciones que podríamos desarrollar son las siguientes: a nivel comunitario: alianzas entre diversos sectores para realizar marchas y diversas actividades en la misma comunidad para rechazar el tráfico de armas y de drogas y gestionar ante la Policía una acción más enérgica, formar grupos de autoayuda para apoyar con charlas y consejos a los jóvenes y a sus familiares, pues la mayoría de ellos vive violencia en sus hogares, crear bancos de información sobre puestos de trabajo y de ser posible, alentar el surgimiento de pequeñas empresas en la comunidad que brinde empleo a sus habitantes.

La Policía debería coordinarse mejor con las comunidades para ejercer presión sobre el narcotráfico y el tráfico de armas. Tanto la Policía como el Ejército deben mejorar los controles internos sobre las armas como una tarea prioritaria. También se deben impulsar urgentemente nuevos procesos de desarme en las comunidades.

El ministerio de Educación podría incluir prontamente en el currículum educativo aspectos de género que incluyan la formación de masculinidades no violentas, el rechazo de las armas (incluyendo juguetes y videojuegos) y temas que apunten hacia la construcción de una cultura de paz, comenzando por la prevención de la violencia en los hogares.

El presidente podría enviar un claro mensaje a la población en rechazo al narcotráfico y el tráfico de armas que está asolando a las comunidades y acabando con la salud y la vida de los jóvenes, y orientar a las instituciones vinculadas al tema acciones más decididas e inmediatas para frenarlas.

Sobre todo deberíamos decidir, como sociedad, si vamos a permitir que nuestro pueblo sucumba a la presión del crimen organizado, o vamos a defender nuestra nación de la que resulta ser hoy día la peor y más destructiva amenaza.


Directora Centro de Prevención de la Violencia Ceprev.