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Tras más de un mes de haber sido depuesto el Presidente Manuel Zelaya es inevitable preguntarse si la actual crisis que afecta a nuestro vecino tiene una salida constitucional viable que permita al país recuperar la normalidad institucional, proseguir con el proceso electoral y llevar a cabo las elecciones, previstas para el 29 de noviembre próximo, de una manera inobjetable para la comunidad hondureña e internacional.

Los intentos de Zelaya de regresar a Honduras no solo han sido infructuosos sino que han merecido el calificativo de imprudentes. En lugar de fortalecer su imagen, la han deteriorado, al punto de ser considerados esos intentos como un “show mediático”, y no la demostración de una auténtica voluntad de regresar a su país, cualquiera fueran las consecuencias.

Sus llamamientos a la insurrección desde territorio nicaragüense, así como el propósito de organizar un “Ejército pacífico”, además de ilegales y ofensivos a la hospitalidad del país que lo ha acogido como huésped, han sido totalmente desafortunados. Así las cosas, a más de treinta días de su derrocamiento, Zelaya ha dilapidado gran parte de su capital político. Sus últimas acciones, más en la línea de quienes le aconsejan regresar “a como de lugar” que en la línea de quienes le instan a reincorporarse al diálogo de San José, mediado por el Presidente Oscar Arias, han comenzado a suscitar justificadas dudas entre quienes le han brindado, hasta ahora, su total respaldo.

Sin duda, el absurdo, ilegal y condenable involucramiento del Ejército de Honduras en la captura y expulsión del Presidente Zelaya enturbió todo el panorama de lo que realmente venía ocurriendo en Honduras, donde el Presidente Zelaya había perdido la mayoría del respaldo de la población; se encontraba confrontado con todos los Poderes del Estado hondureño, incluyendo la Fiscalía General de la República; había incurrido en la violación de varios artículos de la Constitución Política y desacatado sentencias de la Corte Suprema de Justicia y decisiones del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, frente a la conducta de Zelaya, el golpe militar pesó más en la opinión internacional y generó el enorme respaldo que el Presidente depuesto recibió de la OEA, el ALBA, el SICA, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Tolerar un golpe de estado militar es absolutamente inadmirable para la comunidad internacional, y este fue el gran error en que incurrieron los adversarios de Zelaya.

Pero la crisis en Honduras no puede prolongarse indefinidamente. Al país que más está afectando, después de Honduras, es a Nicaragua. Por lo mismo, debería buscarse la forma de superarla lo más pronto posible. El plan propuesto por el Presidente Oscar Arias, bajo el título de “Acuerdos de San José”, representa un buen aporte en ese camino. Sin embargo, el diálogo se encuentra estancado y Zelaya se ha negado a reincorporarse a la mesa de conversaciones.

La manzana de la discordia está en el punto de los acuerdos que contempla la reinstalación de Zelaya en la Presidencia de Honduras, algo que rechazan varios de los Poderes del Estado hondureño y amplios sectores de la sociedad de aquel país. Por otra parte, Zelaya insiste en su regreso como indispensable para la recuperación de la constitucionalidad. Sin embargo, el hipotético regreso de Zelaya no le asegura a éste que pueda realmente gobernar el país, por la oposición beligerante de los otros poderes del Estado, las acusaciones que le ha hecho la Fiscalía y el rechazo de un alto porcentaje de la población.

Siendo así, no es mucho lo que Manuel Zelaya tendría que ganar con su reinstalación, por unos pocos meses, en la Presidencia de Honduras. Entonces, si ese es el punto que ha impedido la solución de la crisis, convendría, en estos momentos y antes que la misma se agrave y el hermano pueblo hondureño ponga una cuota mayor de sangre, comenzar a explorar otras soluciones, en el marco de la Constitución Política de Honduras, que satisfaga a quienes, como el suscrito, consideramos que nada justifica el regreso a los golpes militares, práctica que se creía ya abolida en América Latina y que condena la Carta Democrática Interamericana.

La solución de la crisis va a exigir una gran dosis de patriotismo a todos los involucrados en ella. En tal sentido, el Presidente Zelaya, en aras del bienestar de su país, debería renunciar a los meses que le faltan para terminar su período. A su vez, el señor Micheletti dejaría el cargo que le otorgó el Congreso Nacional. El Jefe del Ejército tendría también que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y presentar su renuncia. El Congreso aprobaría una amplia amnistía para todos.

La Constitución Política de Honduras, en su artículo 242 establece que a falta del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional y, a falta de este, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la sucesión constitucional que permitiría que el actual Presidente de la Corte asuma la Presidencia de la República para que continúe el proceso electoral, convocado antes del golpe contra Zelaya, cuya legitimidad nadie podría cuestionar.