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El acto del 19 de julio, del 30 aniversario del Revolución Sandinista, tuvo como principal orador al Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. En el discurso el gobernante dio signos inequívocos de debilidad, ya que en una actitud desesperada lanzó una propuesta a la oposición política, para que se incluya en el proyecto de reformas constitucionales el referendo revocatorio. La idea es que a través del referendo, por medio del voto, se consulte al pueblo sobre si aprueba o desaprueba la gestión de cualquier funcionario que llegó al cargo por elección popular. Si el resultado es negativo, el evaluado tendrá que abandonar el puesto. Dicha moción incluye al propio Presidente de la República.

Las reformas constitucionales es un proyecto de vieja data. El objetivo fundamental del proyecto de reforma es la eliminación del numeral 4, inciso a), del arto. 147 de la Constitución Política, que dice: “4. No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República. a. El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos periodos presidenciales”.

De manera que el año 2007 y 2008, políticamente, fueron un fracaso para Daniel Ortega, ya que no pudo materializar las anheladas reformas a la Carta Magna. En estos momentos se tiene la percepción de que el año 2009 tendrá el mismo derrotero, pues la oposición política en la Asamblea Nacional, obligada por la presión de la sociedad civil, no está dispuesta a otorgar los votos necesarios para tal reforma. En consecuencia, si en este año, en la Asamblea Nacional no se consiguen los dos tercios de votos necesarios, no se podrá reformar la Constitución, por ello el panorama político de Daniel Ortega es sombrío. Todo vislumbra que no podrá correr como candidato presidencial en las elecciones generales del año 2011, pues las reformas a la Constitución, ineluctablemente deben pasar por dos legislaturas (arto. 195 CN.).

En el acto del 19 de julio, el pueblo de Nicaragua esperaba ansioso que el Presidente de la República abordar los graves problemas que agobian a la sociedad nicaragüense, como el galopante e imparable desempleo que está afectando a los trabajadores; el incremento de la criminalidad; el pésimo estado en que se encuentra el sistema de justicia; el corte de la ayuda internacional y sus efectos en la economía nacional; el problema político del fraude electoral; la demanda de la sociedad para que se instale un diálogo nacional. Sin embargo, cayó en el obsesivo tema de las reformas constitucionales, en particular la reelección presidencial, aquí fue que se sacó de la manga de la camisa la carta oculta del referendo revocatorio, para ver si la oposición política caí en la trampa, y así estimular las negociaciones del proyecto de reformas constitucionales.

El referendo revocatorio no estaba considerado en el proyecto de reformas constitucionales que elaboraron los operarios políticos, magistrados Rafael Solís y Manuel Martínez (FSLN y PLC). La idea surge como consecuencia del golpe de Estado producido en Honduras. Lo acontecido a Manuel Zelaya está generando en gobiernos de América Latina, de corte de izquierda, inseguridad, incertidumbre y angustias existenciales. Ante ese temor, Daniel Ortega propone el referendo revocatorio, con lo cual está mandando un mensaje político a la oposición, en el sentido de que cualquier situación de inestabilidad e ingobernabilidad, atribuida al Presidente de la República, se resuelva mediante referendo revocatorio, por lo que no se debe volver la vista a las fuerzas armadas, como instrumento de fuerza para resolver los conflictos de carácter político, tal como ocurrió recientemente en la república de Honduras.

Considero que en Nicaragua es sobrancero hacer una reforma constitucional para referendo revocatorio, pues la figura constitucional ya está contemplada en el arto. 2 de la Constitución Política, que dice: “...El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”.

Asimismo, el numeral 8, arto. 173, Cn., expresa: “Son atribuciones del Consejo Supremo Electoral: 8. Organizar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendo, y hacer la declaratoria de los resultados”. Por otra parte, la Ley Electoral, numeral 2, arto. 10 expresa: “El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones: 2. Organizar y dirigir los plebiscitos o referendos que se convoquen conforme lo establecido en la Constitución y en la ley”.

Es preciso subrayar que el referendo, como norma constitucional, es de carácter general, no tiene especificidad concreta. Con este instrumento se puede consultar cualquier tópico al pueblo.

En el caso de Nicaragua, se puede impulsar el referendo sobre cualquier tema, para ello no es necesario plantear una reforma a la Carta Magna, pues en la Constitución ya está establecido, lo que se requiere para impulsar el referendo es una voluntad política de naturaleza democrática. Si Daniel Ortega quiere en realidad someterse a la soberanía del pueblo, debe ir a lo concreto. En estos momentos se puede convocar al pueblo a un referendo revocatorio, en donde el mandatario ponga a disposición del pueblo el cargo de Presidente de la República. En el referendo se sabrá si el pueblo apoya la gestión gubernamental iniciada el 10 de enero de 2007, o por el contrario la decisión mayoritaria es que el gobernante se vaya del puesto, para que lo asuma otra persona. Señor Daniel Ortega, si usted en verdad no le teme al pueblo, si en realidad es tan democrático, sométase a la soberanía del pueblo, llame a la mayor brevedad posible a un referendo revocatorio, en el cual esté dispuesto a poner a disposición de la población el cargo de primer magistrado de la nación.


*Abogado y Notario