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“Para juzgar a Pizango es precioso conocerlo”, fueron las frases utilizadas por el político e investigador peruano Juan Sheput. Para emitir una opinión de alguien es necesario conocer sus acciones y después formarnos un criterio propio para expresarla. Fue así como inicié mis indagaciones acerca de ese hombre de facciones comunes indígenas, quien al arribar al Aeropuerto Internacional de Managua no se presentó con su característico atuendo galán indígena, sino como un hombre común y corriente. Su nombre completo es Segundo Alberto Pizango Chota, dirigente indígena peruano que se encuentra en territorio nicaragüense desde el pasado 17 de junio, gozando de asilo político, luego de que su gobierno le otorgara un salvoconducto para respetar las normas del derecho internacional. Muchos de sus detractores lo catalogan como un delincuente, pero posiblemente Pizango sólo sea una persona que lidera una lucha junto al pueblo indígena.

El asilo político --de moda estos últimos meses en Nicaragua-- es una figura jurídica presente en nuestra Constitución Política. El artículo No.5 nos dice que “…Nicaragua asegura el asilo político para los perseguidos políticos” y el artículo No. 42, estipula que “… el refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos…”. Asimismo, Nicaragua es suscriptora de varios Convenios Internacionales que regulan el asilo político, entre ellos cabe mencionar las Convenciones de La Habana 1928 y Montevideo 1933. Por tanto, Nicaragua es un país que de manera discrecional puede otorgar o no asilo político, prevalece la voluntad del Estado soberano. Los ciudadanos que solicitan el asilo, casi siempre alegan que sufren violaciones constitucionales y que son perseguidos políticos en sus países y por eso se asilan en otro Estado, que será el facultado de calificar los delitos políticos. Por otro lado, el Estado perseguidor será el encargado de determinar mediante sus mecanismos legales si el asilado es o no culpable de los hechos que se le imputan y luego podrá solicitar una extradición. En todo caso se hace uso de las normas del derecho internacional y la legislación interna.

Pizango salió del Perú después de que en las provincias de Utcubamba y Bagua – Región Amazonas- se propiciaran actos de protestas, huelgas y tomas de calles por 54 días en contra de las políticas adoptadas por el gobierno que vulneran principalmente a las comunidades indígenas. En el día 55 la protesta se tornó violenta, hasta convertirse en un motín. El acto tuvo como consecuencia la muerte de treinta y tres personas --entre ellas 23 efectivos policiales, 5 pobladores de Bagua y 5 indígenas-- y más de un centenar de personas heridas, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. La Defensoría del pueblo días después había confirmado la muerte de más de 15 indígenas que horas después desmintió. En lo que no se equivocó fue en cuantificar el número de miembros policiales fallecidos. No se trata de hacer una valoración de qué vida es más importante, si la de los policías o la de los comuneros, porque sin duda alguna ambas tienen el mismo valor.

Actualmente, se ha abierto instrucción contra 84 indígenas comuneros a quienes se les imputa la muerte de los efectivos policiales, secuestro y atentado contra la propiedad pública. Pizango está dentro de esta lista y es procesado en dos expedientes distintos. Se le acusa de ser el principal alentador de los disturbios. Por tal motivo está asilado en Nicaragua y ha sido partícipe en diferentes actos realizados por el gobierno. También ha emitido comentarios que el gobierno peruano califica como instigador de las masas para armar nuevas revueltas. Esto ha ocasionado que las autoridades plenipotenciarias hayan enviado en dos ocasiones notas diplomáticas al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que Pizango se abstenga de hacer esos comentarios.

Los hechos de violencia ocurridos en Perú son reprochables desde cualquier punto de vista. Los indígenas al sentirse presionados y asediados hicieron lo que cualquier otro grupo haría: Defenderse. Entonces, ¿qué necesidad tuvo el gobierno peruano de enviar al cuerpo policial a detener las protestas? Ninguna. Las sociedades han avanzado y existen medios pacíficos para resolver este tipo de controversias, en donde una comunidad al no encontrarse de acuerdo o no aceptar las decisiones de sus gobernantes tiene el derecho de protestar de forma pacífica y el gobierno tiene la obligación de dar solución a las crisis mediante el diálogo conjunto con las diferentes fuerzas políticas y sociales del país. Me ha llamado mucho la atención una declaración del presidente Alan García en donde manifiesta que “los ciudadanos indígenas no son de primera clase”. ¿Existe acaso una diferencia entre un indígena y un criollo ante la Constitución de Perú? ¿Dónde queda el principio de igualdad? Son respuestas que cada uno nos podemos imaginar partiendo de las declaraciones del presidente García. Si en un dado caso Pizango retornara a su país, las autoridades acaso juzgarán a este ciudadano que no es de primera clase -como lo dice su presidente- de manera imparcial y justa. Creo que no.

Pizango, criticado por muchos y venerados por otros, es dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). En 2005, dio una entrevista a Emir Iskenderian Aguilera (Licenciado en Relaciones Internacionales), donde dijo que su grupo busca estrategias para defender el planeta tierra y reivindicar los territorios que han sido de los pueblos indígenas, mismos que están siendo amenazados y tienen que defenderse. Asimismo, planteó que los indígenas han sido tratados como animales e inferiores. En la misma entrevista, Pizango dijo que “decir la verdad es un delito” y que ellos hasta ese momento en su lucha no habían usado medios más violentos para protestar. En la actualidad esos medios se hicieron presentes mediante una huelga que hasta el último día fue pacífica. Los hechos de junio pasado son corolarios de una lucha de años. Por eso, “para juzgar a Pizango es preciso conocerlo”.


*molinamon@hotmail.com