•  |
  •  |
  • END

Los golpistas y políticos inescrupulosos creen que el tiempo corre a su favor, mientras que al pueblo hondureño, el tiempo le devuelve su verdadera identidad, le fortalece y le hace más valiente, al tiempo que descubre día a día cómo es atropellada su inteligencia por absurdas mentiras – hoy en día insostenibles – basadas en el descrédito del presidente legítimo y jefes de Estado de la región amigos de éste. Existen razones suficientes que demandan un irreversible contragolpe al golpe militar de Honduras.

Honduras estrenó el siglo XXI conservando los niveles más altos de pobreza. El 70% de la población vive en esta triste situación, correspondiendo más del 50% a pobreza extrema. De hecho, los organismos internacionales de financiamiento lo ubican entre los tres países más pobres de América Latina y El Caribe, a causa de esquemas estructurales basados en la inequidad de la distribución de los ingresos y recursos de la nación, la falta de inversión en actividades económicas generadoras de empleo digno y una economía ralentizada.

Al pueblo de Honduras también se le denigra en el trabajo, no es la primera vez que la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha denunciado las condiciones infrahumanas a que están sometidos trabajadores de Chiquita Brands (antes United Fruit Company), donde hombres, mujeres y niños realizan jornadas laborales forzadas de más de 12 horas y son expuestos a los efectos del DBCP, un agroquímico de uso prohibido que causa infertilidad, cáncer, enfermedad respiratoria y deformaciones congénitas en hijos.

El presidente constitucional Manuel Zelaya, consciente de la obligación del Estado en mitigar la pobreza del país, demandó a los sectores que poseen los medios principales de producción, esfuerzos y sacrificios necesarios anteponiendo las demandas sociales urgentes y el desarrollo de una economía equilibrada a los intereses políticos y personales. La indiferencia a esa demanda hizo que Zelaya, a la par de aumentar en un 60% el salario mínimo de los trabajadores hondureños, convocara – sin faltar a la carta magna ni realizar acto de fuerza – una consulta popular donde el pueblo emitiera su opinión sobre la posibilidad de impulsar en el próximo gobierno, modificaciones constitucionales que coadyuvaran a la construcción de un sistema democrático más justo y participativo.

Los esfuerzos de Zelaya son compatibles con la tercera y reciente Encíclica de Benedicto XVI, que propugna por un nuevo orden financiero que busca el bien común, en él que la economía necesita de la ética y que el mercado “no es el lugar de atropello del fuerte sobre el débil”, además, que la economía no elimina el papel de los Estados y tiene necesidad de “leyes justas”, y denuncia la mentalidad de la economía globalizada de lograr beneficios a cualquier precio. Asimismo, lamenta que esa codicia haya conducido a la peor crisis económica desde la Gran Depresión. La Encíclica contraviene la posición del Cardenal de Honduras Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien apoya deliberadamente a los golpistas.

Preguntar a los hondureños su opinión sobre cambios democráticos articulados con sus derechos, ofendió profundamente a los sectores de poder que por décadas han disfrutado posiciones y privilegios a costa del pueblo pobre de Honduras, además la destitución que hirió y humilló hondamente al General Romeo Vásquez por insubordinación a su superior Comandante General de las Fuerzas Armadas Manuel Zelaya, fue la causa y origen del golpe. Fueron los golpistas quienes violaron la constitución por asaltar, secuestrar, golpear y expulsar del país a un Presidente elegido mediante urnas, esto es lo que cuenta, lo demás es pura farsa, no existe constitución alguna en el mundo que avale ningún golpe de Estado.

Los tiempos han cambiado, los militares golpistas junto al presidente de facto se equivocaron, creían que en 24 horas el golpe estaría consumado, pero en menos de 24 horas, ya había condena de muchos gobiernos. Le siguieron las resoluciones de la OEA, ONU, Unión Europea y demás organizaciones internacionales como Unasur, Tuxtla, ALBA y SICA. Sin embargo, hace falta contundencia por parte de la OEA y, fundamentalmente, de la ONU, cuyas instituciones comprometieron su respaldo al pueblo de Honduras y por lo tanto no puede ser reemplazado por planes alternativos que cuestionen al Presidente Constitucional. En caso contrario, habría que considerar muy seriamente lo expuesto en la mencionada Encíclica, que considera una reforma de la ONU: “Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que se atenga de manera coherente a los principios de subsidiariedad y de solidaridad”, explica.


* El autor es Dr. en Ciencias Biológicas con énfasis en Planificación Ambiental y Profesor de Universidad.