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El Código de la Niñez y la Adolescencia -CNA-(Ley No. 287), instrumento legal aprobado en 1998 por el Estado Nicaragüense, obliga al Estado, las instituciones públicas o privadas, la familia, la comunidad y la escuela, a brindar atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes cuando han sufrido abuso, explotación sexual y cuando se trate de niñas y adolescentes embarazadas.

Sin embargo, a 11 años de aprobado el CNA, la violación a los derechos de la niñez y la adolescencia se agrava, con la aprobación en 2006 del Código Penal, artículos 143-145- 148-149, que penaliza todas las formas de aborto, lo que dejó a la niñas sin posibilidad de decidir sobre sus cuerpo, obligándolas a llevar a término un embarazo forzado y a la maternidad producto del abuso sexual y la violación.

El Código Penal recientemente aprobado establece penas de prisión para niñas y mujeres que buscan un aborto y para los profesionales de la salud que prestan servicios asociados con el aborto. Sólo el 3% de los países del mundo tienen una prohibición total del aborto.

El nuevo Código también introduce sanciones penales para las/os médicas/os y enfermeras que tratan a una mujer embarazada o niña por enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/SIDA o en situaciones de emergencia cardiaca, cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto; negándole el derecho a esta niña o mujer para tener acceso a su propia salud y condenándola de esta forma a la muerte.

En realidad, esta nueva ley está en conflicto con las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas de Nicaragua, emitidos por el Ministerio de Salud. Éstos autorizan el aborto terapéutico como una respuesta clínica a casos específico; porque tampoco hay garantías de parte de las autoridades de que las/os médicos no serán procesadas/os si ellas/os cumplen con estas reglas.

Los/as legisladores/as que aprobaron la penalización del aborto en todas sus formas, así como las/os magistradas/os de la Corte Suprema de Justicia, no pueden argumentar desconocimiento ante las secuelas traumáticas que deja el abuso sexual y ante los daños que provoca en la vida de niñas y adolescentes; porque de esta forma están negando que el abuso sexual sigue siendo una realidad en Nicaragua y que ellas/os sólo tratan de invisibilizar, minimizar, justificar e ignorar.

Según los registros policiales de 2008, la mayoría de las víctimas que reportaron violación son menores de 18 años. El 50% de ellas estaban embarazadas, según expresa el Instituto de Medicina Legal. Amparados en las cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período del año pasado. Considerando que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.

Evidentemente, el dictamen de Amnistía Internacional que dice que “El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico, resultado de los tratos políticos durante las elecciones en el país en 2006 y hoy castiga a las mujeres y a las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a las/os médicas/os por proporcionar los mismos”.

Las niñas y adolescentes necesitan una propuesta estatal adecuada que proporcione la protección integral y especial, definida en el Código de la Niñez y Adolescencia, para prevenir y atender este problema que se está volviendo insostenible. Porque el desinterés mostrado por el problema y la falta de políticas públicas acentúan el riesgo de abuso a niñas, niños y adolescentes, limita el acceso a la justicia para quienes han vivido abuso; deja en la impunidad a la mayoría de abusadores sexuales para continuar abusando.

El Estado de Nicaragua debe tomar como medida urgente, la despenalización del aborto Terapéutico como una condición de protección a la vida de las mujeres, particularmente a las niñas y adolescentes que sufren abuso sexual. Debe garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.

Se debe proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley. Y no seguir castigando a las niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario.

Quiero cerrar retomando las palabras de Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México; al regresar de una visita a Nicaragua. “La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas embarazadas y mujeres.”


Movimiento contra el abuso sexual
hablemosde.abusosexual@gmail.com