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Desde Ecuador

La actual democracia representativa-delegativa ha colapsado como alternativa de gobernabilidad. Por ello han surgido voces y pensamientos que buscan otra alternativa y que proponen el ejercicio de una democracia participativa en la que todos tengamos la oportunidad no sólo para elegir a nuestros representantes, sino de decidir todo lo que nos concierne.

Y es justamente en devolver la capacidad de decisión al pueblo en donde descansa esta propuesta, es decir en replantear quién decide, cómo se construyen las decisiones y hacia qué intereses se orientan.

Las diversas experiencias que existen sobre nuevos ejercicios de democracia participativa en Latinoamérica, nos muestran que son procesos complejos porque implican cambios en las relaciones entre la sociedad y el poder.

Lograr, por ejemplo que en su gobierno local las decisiones sobre la inversión del presupuesto no las tome de manera exclusiva la principal autoridad, sino la colectividad de manera consensuada, trastoca y transforma todos los esquemas y normas establecidas, resta poder espacio a los políticos tradicionales porque implica trasladar ese poder y esa decisión a la colectividad, a la sociedad como tal.

Es justamente eso lo que propone y exige la democracia participativa, un proceso amplio de participación en todas las decisiones básicas y fundamentales que convierte a los ciudadanos en sujetos de desarrollo y cambio.

La democracia participativa, entonces, es ya una práctica de varios espacios de poder en nuestro medio, particularmente en los gobiernos locales indígenas del Ecuador, en donde hay procesos enriquecedores y que están muy vinculados a prácticas ancestrales de espacios de la “democracia comunera andina”, que es “una de las prácticas democráticas más profundas que se han inventado en la humanidad hasta el momento”.

El Presupuesto Participativo es una práctica política democrática que permite la distribución concertada de los recursos económicos de los gobiernos en función de un desarrollo más equitativo de la sociedad.

Los presupuestos participativos son alternativas válidas para un ordenamiento nacional de la inversión y el gasto público; cuestionan radicalmente a la distribución tradicional de gastos e inversiones de los recursos económicos de las entidades públicas estatales, que están sometidas a viciadas prácticas cargadas de corrupción y que ha servido para el enriquecimiento ilícito de quienes han tenido la oportunidad de manejar los presupuestos de estas entidades.

El Presupuesto Participativo es una propuesta alternativa de contenido profundamente ético y moral, porque busca transparentar ante los ojos de la sociedad la calidad del gasto público.

Es una propuesta que supone una decisión política de contenido ampliamente democrático, porque exige, como condición básica, una amplia participación de la sociedad.

El Presupuesto Participativo no sólo es un invento de las democracias modernas, es la adaptación de prácticas públicas ancestrales por su aproximación a la democracia comunera andina, en la cual, son las familias, en este caso los y las ciudadanas, las que definen lo que sus dirigentes deben hacer.

El Presupuesto Participativo se propone cambiar la cultura política local, pasando de una democracia representativa formal a una democracia participativa, pasar de una gestión pública vertical, a una gestión pública con participación ciudadana, ir de un reparto inequitativo de los recursos a un reparto equitativo que invierte en los sectores más necesitados y aquellos estratégicos para el desarrollo sostenible de una localidad.

También es pasar de una gestión impenetrable cerrada y muda a una gestión transparente, limpia, visible y comunicativa. Ir de un reparto por cuotas, compromisos y cálculos politiqueros, a un reparto apegado a criterios técnicos y consensos ciudadanos.

El Presupuesto Participativo que se aplica en los pueblos andinos del Ecuador ha permitido cambiar una gestión lenta, burocrática y derrochadora, a una gestión ágil, proactiva y eficiente, superando una gestión descoordinadora y a menudo superpuesta entre diversos organismos, para construir una gestión complementaria y armónica.

Para el dirigente indígena y Prefecto de la Provincia del Chimborazo-Ecuador, Mariano Curicama, “esta práctica social participativa ha abierto caminos y dejado huellas, institucionaliza sueños de nuestros abuelos expresado hace cientos de años en las asambleas de las comunas, que hoy se están convirtiendo en realidad pero que se han nutrido de experiencias latinoamericanas contemporáneas.

El Presupuesto Participativo es una práctica política, incluyente, ética y moral porque es el resultado de un proceso ampliamente participativo y democrático, que basa sus decisiones en consensos. Busca perfeccionar la democracia representativa con la irrupción de la democracia participativa que permite una distribución más equitativa del poder porque crea espacios compartidos para la toma de decisiones, destacó el dirigente indígena Mariano Curicama.

La metodología del presupuesto participativo contempla dos conceptos básicos: la participación organizada de la comunidad para decidir sobre la inversión del presupuesto y las atribuciones que tiene la comunidad para ejercer veedurías que permitan dar seguimiento, evaluar y fiscalizar esa inversión.

Hay algunos políticos que no aceptan la participación del pueblo en la toma de decisiones, aspiran a mantener el sistema tradicional de privilegios, amparados en una política clientelar y autoritaria de la gestión pública. Para los pueblos indígenas del Ecuador el Presupuesto Participativo es “como el sol que a todos nos cobija”.