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Desde que se inició la profesionalización de la Policía Nacional, no existe otro cargo público más presionado, por todos los intereses políticos en juego, que el de su Comisionado General, ahora Comisionada General. Y, en estos días, hay una razón extra: en este juego, las mejores cartas las tiene el presidente Daniel Ortega, y es quien más se beneficia de cualquier muestra de debilidad que, en el cumplimiento de su deber, pueda tener la Comisionada Aminta Granera. Por eso, ella se siente “en el filo de la navaja”.

También siente que los “señalamientos legítimos” --como ella calificó las críticas sobre las fallas de la Policía-- tienen a su persona como la primera destinataria. Eso es cierto, pero no es justo. Casi siempre se deja fuera de la crítica a los otros Comisionados.

Si la Policía ha dado muestras de lenidad --y a veces hasta de complacencia-- ante los abusos y atropellos cometidos por las pandillas oficialistas armadas de palos, piedras y morteros, en perjuicio de los derechos políticos y humanos de ciudadanos de la oposición política al gobierno, no es algo por lo cual sólo ella debe responder --al menos no en todos los casos--, sino cada uno de los mandos policiales de las áreas a su cargo en donde se cometen las fallas. Pero quizás sea así, por el verticalismo en todo instituto militar. Los otros jefes no reciben igual las presiones oficiales, ni los reclamos ni las críticas de la ciudadanía, lo cual les permite manejar con libertad sus nexos con el jefe del partido oficial y del gobierno, incluso, con los caudillejos de barrio del orteguismo.

Esa situación obliga a ver el problema objetivamente cuando se deba hacer señalamientos y acusaciones a la Policía, y estar consciente de que es el verticalismo de la institución lo que manda responder a la Comisionada General por la actuación de la Policía en su conjunto. Sobre todo, verlo en su dimensión nacional y darse cuenta de que la mayor responsabilidad recae en el presidente y su consorte, porque son los que orientan y presionan con sus discursos, con su poder y la influencia política que tienen para transmitir a los policías su estrecha visión política, estimularles el fanatismo político y alimentarles su odio contra toda expresión política que no sea la oficial.

Todo eso está fuera del control de los altos mandos policiales, pero ellos complican más las cosas cuando coinciden con los criterios políticos de los jefes del gobierno. Es, entonces cuando se muestran indiferentes o profieren expresiones como las del oficial que pidió a otro que permitiera la agresión de las turbas, el sábado 8 de agosto pasado. Hay, sin duda, una responsabilidad colectiva de la Policía, pero se puede medir y señalar la responsabilidad individual.

En el orden de las responsabilidades, el gobierno es el primero por su política sectaria y agresiva; sigue la dirección de la Policía, pues su deber es velar por que se evite el delito, y no lo cumple siempre de forma cabal; y termina en cada uno de los jefes y los oficiales. El discurso de la Comisionada Granera en la Asamblea Nacional, el miércoles anterior, tuvo mucha retórica y emotividad en su defensa de la institución, y en sus palabras se advierten los riesgos que corre la institución.

Ante los riesgos, hay que hilar fino, pero no ocultar nada. Porque es tan equivocado parecer estar probando el apoliticismo institucional a cambio del desarraigo de su origen sandinista --algo que algunos Comisionados hicieron bajo la influencia de gobernantes neoliberales--, como estar disfrazando las simpatías por el orteguismo bajo el pretexto de la supeditación institucional al poder civil, los cual se está haciendo ahora.

Sin embargo, aparte de la Policía y del gobierno, ¿acaso la ciudadanía está libre de responsabilidad? ¿La sociedad es totalmente inocente de las violaciones constitucionales, por el hecho de ser la víctima de los abusos gubernamentales y policiales?
La ciudadanía no está libre de culpas. Pero no en el sentido que lo ve el gobierno, cuando la acusa de “alterar el orden público”, lo cual, en los últimos casos, sólo lo han alterado las turbas del orteguismo. La ciudadanía es culpable, por callar en algunos casos y de reducir su visión de las violaciones de la Policía sólo a los derechos políticos y a su lenidad ante los casos de agresión, posteriores al fraude electoral de 2008.

Hay violaciones constitucionales que no sólo son omitidas por la ciudadanía, sino también se muestra complaciente con ellas --por lo tanto, también es intolerante hacia los derechos de otros--, como cuando se irrespeta el mandato constitucional de que el Estado nicaragüense “no tiene religión oficial”. En esta violación, la Policía no es la que tomó la iniciativa, pero ha seguido fielmente la práctica violatoria de todos los gobiernos –hablar en plural lo exige la verdad histórica—, para los cuales el artículo 14 constitucional ha sido menos que papel mojado: simplemente, no ha existido.

¿A quiénes y cuántas veces se les ha visto hacer alguna crítica o protesta pública por el hecho de que las instituciones del Estado recurran a los servicios religiosos católicos en sus actos oficiales? En los aniversarios de las instituciones oficiales se hacen ritos católicos, cometiendo un doble irrespeto: a la Constitución y a la libertad de conciencia de los creyentes no católicos. La última “lección” de esta clase, la Policía la recibió de este gobierno en su primer día. En la posesión del presidente Ortega, enero de 2007, dos jerarcas de la iglesia católica presidieron el acto oficial, junto al presidente de la Asamblea Nacional, sustituyendo a los presidentes de los otros poderes del Estado. Tampoco faltó la ritual “invocación” del Cardenal Miguel Obando, sin que nadie --ni izquierdosos ni derechosos-- lo viera como lo que fue: un acto violatorio del precepto constitucional.

Ahora mismo, la Policía tiene programada una misa como su primer acto oficial del 30 aniversario, para el sábado 4 de septiembre. ¿Acaso la Policía la integran sólo católicos? ¿No hay sus filas creyentes de otras religiones y no creyentes en ninguna? ¿No es esta una doble violación: a la Constitución y a la libertad de conciencia de los no católicos?
Además de esos extraordinarios actos oficiales --pues no todos los días hay una toma de posesión ni se cumplen 30 años--, en el Estado se viola todo el tiempo lo preceptuado por la Constitución respecto a la religión. Y las críticas no se escuchan como debiera ser. Los celosos medios de comunicación con los derechos humanos son complacientes con esta violación constitucional. Las organizaciones sociales igual, a pesar de que, como las garroteadas y lapidaciones, imponer una religión va también contra la libertad de las personas de otras creencias.

Los ciudadanos afectados por las violaciones constitucionales del gobierno y la Policía, y protestan justamente por ello, deberían ser consecuentes. Todos los derechos y todas las libertades son para todos los ciudadanos. Hacer una discriminación de algún derecho o de alguna libertad, merece tanta crítica como se la merece el gobierno y a Policía por sus violaciones a la Constitución.

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