•  |
  •  |
  • END

Dos meses han transcurrido desde que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue capturado en su casa de habitación por efectivos del Ejército de Honduras y enviado a Costa Rica.

Este insólito hecho, repudiado por la opinión pública internacional, hizo que el depuesto Presidente recibiera el pleno apoyo del SICA, del ALBA, de la OEA y de las Naciones Unidas, no obstante que en su propio país Zelaya estaba siendo acusado de desconocer una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le ordenaba suspender su famosa consulta y de ignorar un fallo de una Corte de Apelaciones. Al momento de la repudiable y absurda intervención del Ejército de Honduras, Zelaya se encontraba confrontado con el propio Ejército y con todos los demás Poderes del Estado: Legislativo, Judicial, Electoral e incluso, la Fiscalía General de la República.

Honduras no habría caído en la profunda crisis institucional en que se encuentra sumida, si a Zelaya se le hubiera procesado en su propia tierra, con todas las garantías procesales del caso. Y si, como consecuencia de dicho proceso, se le retiraba de su cargo, la sucesión presidencial no estaría siendo cuestionada. Pero la inapropiada intervención del Ejército dio al caso todas las características de un golpe de estado y movilizó a la opinión pública internacional en contra del gobierno que surgió para sustituir a Zelaya, cualquiera que hayan sido sus intenciones.

Después de dos meses, el Presidente Zelaya no ha podido regresar a Honduras. Sus dos intentos, ampliamente publicitados, fracasaron. En el último de ellos, el Presidente levantó la cadena que divide la frontera entre Nicaragua y Honduras, dio unos pasos por el territorio hondureño y se regresó a Nicaragua, esta vez autoexiliándose. En mi modesta opinión, en ese momento el Presidente Zelaya perdió, definitivamente, la presidencia de su país por su indecisión.

Por otra parte, el proceso de mediación encabezado por el Presidente Oscar Arias, de Costa Rica, tampoco ha tenido éxito y es muy posible que fracase ante la actitud firme del Presidente electo por el Congreso de Honduras de no permitir el retorno de Zelaya ni de renunciar. La propuesta del Presidente Arias ha sido también rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco la OEA ha tenido éxito en sus gestiones, principalmente porque éstas tienen, como punto ineludible, el regreso de Zelaya a la presidencia, algo que ya no parece posible.

Así las cosas, si la crisis se prolonga indefinidamente, como parece ser, el más sacrificado será el pueblo hondureño, que se encuentra profundamente dividido en torno a este asunto. La suspensión de la cooperación internacional, la suspensión del desembolso de los préstamos internacionales, la cancelación de las visas por parte de los Estados Unidos y su última decisión de no otorgar más visas a los ciudadanos hondureños, salvo por razones humanitarias, etc., a quien más daño van a causar es al pueblo hondureño, desde luego que todas estas sanciones conducirán a la reducción de los programas sociales y a dificultar la lucha contra la pobreza y el desempleo.

Por lo tanto, pensamos que ha llegado la hora de buscar por otra vía una salida a la crisis del hermano país. Y la única que vemos viable es el proceso electoral previsto para el 29 de noviembre próximo, fecha, por cierto, no muy lejana. Ésta es la única salida que le queda al pueblo hondureño y mal haría la comunidad internacional, y particularmente la OEA, si desde ahora pretende deslegitimarlo, porque entonces estaría cerrándole al vecino país el único camino para recuperar su institucionalidad democrática.

No hay razones válidas, a nuestro entender, para deslegitimar el proceso electoral que se inició antes del golpe de Estado y ha sido convocado por un Tribunal Electoral que no es producto del golpe. Los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos han iniciado sus campañas y no han objetado el proceso. Por lo tanto, lo que deberían hacer la comunidad internacional, y especialmente la OEA y la Unión Europea, es brindar todo su apoyo a dicho proceso, enviar una nutrida misión de observación electoral y exigir la participación de observadores de los organismos hondureños de observación electoral.

Incluso, podría contemplarse que Micheletti abandone la presidencia y la asuma el presidente del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, según constitucionalmente corresponda, para que el proceso no sea empañado por la sombra del golpe de Estado. Sería realmente absurdo negar al pueblo hondureño el último camino que le queda para recuperar la institucionalidad democrática y retornar a la normalidad, requisito indispensable para el progreso y bienestar que se merece, por encima de los intereses o los egos de determinadas personas.


Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus