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La propuesta de Reforma Tributaria presentada por el Gobierno al Cosep establece respecto del impuesto sobre la renta para las personas naturales lo siguiente:
Gravar las rentas del trabajo manteniendo exenta la jubilación
Establecer como base imponible los sueldos y salarios brutos, sin ningún tipo de deducción.

Elevar el monto de la base exenta de C$ 50 mil a C$ 75 mil.

Tabla progresiva con tasas del 10 al 35 %.

Indexación de tabla progresiva y base exente a la devaluación.

Aunque en otros artículos comentemos los apartador 3, 4 y 5, vamos a centrarnos en esta ocasión en la segunda de las propuestas. Establecer como base imponible los sueldos y salarios brutos sin ningún tipo de deducción significa que las personas naturales asalariadas pagarán el Impuesto sobre la Renta sin tener la oportunidad de restarse del pago de este impuesto ningún tipo de gasto.

La propuesta significa que se retrocedería en relación con la forma de cuantificación del impuesto, tal y como hoy en día se hace, puesto que a la luz del artículo12, inciso 12 de la ley de equidad fiscal, las personas naturales pueden deducirse, únicamente, las cotizaciones del INSS pagadas durante el año fiscal.

El planteamiento significa un retroceso en cuanto al camino andado en la búsqueda de la justicia en el pago de los impuestos, y tiene que ver todo ello con lo que nuestra Constitución establece sobre este aspecto: el arto. 114 determina al final del primer párrafo que “el sistema tributario debe tomar en cuenta la distribución de la riqueza y de las rentas”.

Tal afirmación significa, técnicamente hablando, que al crear los tributos el Estado, a través de la Asamblea Nacional, debe tomar como punto de partida el principio de capacidad contributiva. La capacidad contributiva significa la aptitud o idoneidad que cada uno de los contribuyentes posee para el pago de los impuestos. Una primera aproximación a cuando se posee tal aptitud o idoneidad nos remite a que la misma se encuentra en nuestro nivel de riqueza. Tal riqueza, en el mundo del Derecho Tributario, hace referencia a tres magnitudes o índices: renta, patrimonio o gasto.

La renta suele definirse como la riqueza que se crea producto del esfuerzo laboral (rentas de trabajo) o producto del ejercicio de una actividad económica (rentas de capital). El patrimonio es la riqueza que ya se posee, pero que por el paso del tiempo adquiere un mayor valor, éste mayor valor adquirido por el paso del tiempo es el que se considera idóneo para pagar impuestos. Ya por último, tenemos el gasto, es decir, la riqueza que se consume a través de servicios o bienes.

Todos y cada uno de estos índices de capacidad contributiva sirven para crear con cada uno de ellos un impuesto distinto. Por esta razón tenemos un Impuesto sobre la Renta (IR), que grava el primero de ellos, un impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que grava el segundo, o el impuesto al valor agregado (IVA), que grava el último de tales índices. Cada una de estas manifestaciones de la riqueza debe ser gravada por el legislador a través de la ley, en cada uno de los impuestos que a tales fines establezca.

Ahora bien, aunque cada uno de estos índices hace referencia a la riqueza, recordemos que ninguno de los impuestos llega por sí sólo a las arcas del Estado. El córdoba que usted paga en concepto de IR o IVA no llega rodando sólo a las ventanillas de la DGI. Sale del bolsillo de un contribuyente que realiza un sacrificio en su patrimonio para que el Estado pueda realizar los gastos públicos.

Es en este punto en donde la capacidad contributiva debe entenderse no sólo como riqueza, sino como riqueza idónea o apta para sufragar gastos públicos. Esto significa que deben tomarse en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y de su familia, puesto que tales circunstancias son las que determinarán la idoneidad o aptitud del contribuyente para pagar impuestos.

Un ejemplo tal vez aclare la idea: C$ 100 mil de sueldo anual son riqueza. Ahora bien, no es lo mismo C$ 100 mil anuales en manos de un soltero, que en manos de un padre de familia que tiene a su cargo una familia de cuatro miembros. En estos casos, el soltero tendrá mayor aptitud o idoneidad para pagar impuestos que el segundo. Esto, técnicamente, es a lo que hace referencia el principio de capacidad contributiva: para determinar la aptitud o idoneidad de la riqueza de cada contribuyente, debe hacerse referencia a sus circunstancias personales o familiares, a efectos de hacer realidad la justicia en el pago de los impuestos.

Se sigue de todo esto que no solamente las cotizaciones del INSS deben ser gastos deducibles de la renta del contribuyente, sino también aquellos que hacen referencia al sustento del contribuyente y su familia. Y es en esto en donde nuestra actual ley de equidad fiscal –aun sin reformar, pero reformable en este punto- falla: el arto. 17.4 establece que no son deducibles los gastos de sustento del contribuyente y su familia, los que a la luz del arto. 38 del reglamento de la ley de equidad fiscal son: boletos de avión, alquiler de vehículos, compra de bienes, pagos de tarjetas de créditos, hospitales, clínicas, laboratorios, colegios, seminarios, simposios, cursos de cualquier índole, universidades, arrendamiento y adquisición de bienes muebles o inmuebles.

Lo anterior implica no sólo ir en contra de lo que dice el arto. 114 de la Constitución, sino también en lo que hace al derecho a la educación (art. 58), salud (art. 59), seguridad social (art. 61), protección contra el hambre (art. 63), vivienda (art. 64), deporte (art. 65), y muchos más. Es decir, si usted tiene la idea de dar educación a sus hijos a través de cursos de cualquier índole, tal gasto no se lo puede deducir; si desea enviarlos a la universidad, tal gasto no es deducible, si –Dios no lo quiera- se enferma y debe llevarlo al hospital, tal gasto, junto con el de los exámenes, medicamentos, etc., no es deducible del IR, etc, etc.

Dicho esto, cuando la propuesta de Reforma Tributaria elimina la posibilidad de deducirse las cuotas del INSS pagadas por el contribuyente, se atenta contra el principio de capacidad contributiva establecido en nuestra Constitución en el arto. 114 antes mencionado, y más aún, en contra de todos los artículos de la misma Constitución que tienen que ver con la protección a la familia, tales como el 70 y 71, que determinan, en ese orden, que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado”, y que “es derecho de los nicaragüenses constituir una familia, se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública, la ley regulará y protegerá estos derechos”.

Sobre esta temática, que es A-B-C del Derecho Tributario, se ha pronunciado la doctrina y los tribunales constitucionales internacionales. Basta dar una mirada a la sentencia número 45 del año 1989 del Tribunal Constitucional español (www.tribunalconstitucional.es) para corroborar lo antes dicho. El debate está abierto, y un servidor a la orden.


*Profesor de Derecho Tributario de la Universidad Centroamericana (UCA)
Doctor Europeo en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Salamanca, España.

reynaldoballadares@gmail.com
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