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Humberto Ortega ha publicado los días 26 y 27 de agosto, en la sección de opinión de EL NUEVO DIARIO, un documento amplio, cuyo contenido, dada la dispersión de tópicos que le es propia, es difícil de sintetizar. Esta vez, sin embargo, podríamos pensar que trata de resumir los últimos ochenta años de historia del país en el contraste entre dos instituciones, que para Ortega marcan la formación del Estado nacional.

La Guardia Nacional, de la cual Ortega, en abstracto, tiene una muy buena opinión - ¿cómo puede alguien tener una opinión en abstracto de una institución histórica concreta? - y que a su modo de ver se malogró por el control que de ella tuvieron los Somoza. Y el Ejército Constitucional que, a su juicio, es una institución independiente que no será brazo político de ningún partido, ni se convertirá en una casta militar aliada a grupos de poder. Probablemente, porque en ambos casos, ilusamente asume que las instituciones no se adecuan a los intereses y a las contradicciones que prevalecen en la sociedad, sino, que responden únicamente a su diseño conceptual.

En su concepción burocrática de la historia, Ortega piensa que el ejército le da seguridad a todos los bandos, aunque la sociedad esté polarizada. Esta institución, a su entender, es concebida como árbitro supremo de la sociedad. Al parecer, el ejército está por encima de los conflictos sociales, y los limita políticamente. Ortega sostiene, así, una visión del Estado nacional como si una burocracia independiente respondiese únicamente a códigos y a reglamentos institucionales. Es una óptica extraordinariamente limitada por su experiencia exclusiva de funcionario, que no alcanza a comprender que el contenido de una institución se define, más bien, por los intereses sociales que contribuye a consolidar.

Evidentemente, la realidad enseña que las instituciones más que un fin en sí, son medios para adelantar un programa social; y responden, por ello, al grado de madurez de la sociedad. O, dicho de otro modo, responden a los fines marcados por las fuerzas sociales preponderantes en un determinado momento histórico. Las instituciones políticas, en una sociedad con remanentes precapitalistas, deben reflejar forzosamente en su operación diaria, la ideología semifeudal de quienes tienden a afirmar privilegios de castas, y restringen, para ello, los derechos ciudadanos. De esta forma, el ejército, en un país atrasado, con mayor razón que cualquier otra institución, es propenso a la formación de jerarquías privilegiadas, cuyo ascenso está al margen de la decisión ciudadana. Por lo tanto, aún inconscientemente, los rangos superiores del Ejército, en una sociedad civil debilitada, comparten intereses con los núcleos de poder que favorecen la concentración especulativa de la riqueza.

En sí mismo, el ejército, por tanto, no es garantía de nada. Por el contrario, en el curso de la contradicción fundamental que enfrenta actualmente el país, ante el intento de consolidación de un régimen absolutista, los rangos superiores del ejército, más que en el fortalecimiento de los derechos ciudadanos, buscarían con interés su destino personal en el organigrama que bosqueje el poder absoluto. En otros términos, el ejército se adecua perfectamente al absolutismo, si éste prospera como forma de gobierno. Lo decisivo, por consiguiente, es enfrentar la naturaleza represiva del régimen de gobierno que el danielismo intenta implementar, pero, desde la óptica de un programa de transformaciones económicas y sociales urgentes para el país. Para ello, los sectores progresistas deben recurrir a los derechos políticos de participación más elementales de los ciudadanos. En este terreno, la sociedad tiene la iniciativa estratégica, y el partido en el gobierno está a la defensiva, enredado y marginado en la propia lógica de sus intereses de casta, que aún desde el gobierno le llevan a operar en secreto, con la desconfianza y control interno de una organización marginal.

Por su naturaleza compulsiva, el gobierno rehuye el debate sobre los temas más trascendentes de la estrategia nacional, con lo cual, se pone evidentemente fuera de la ley (que por definición exige transparencia). No sólo, no aspira a cautivar la imaginación de los artistas, académicos, filósofos, escritores, profesionales de todo tipo, con una estrategia clara de desarrollo nacional, sino que subestima y aplasta con una coacción ramplona aún a los funcionarios públicos (a quienes hiere en su dignidad, obligándoles a militar en el partido y a asistir a los eventos partidarios). Su estrategia se elabora en secreto y se impone incluso al partido desde una jerarquía familiar restringida. De manera que a diferencia del somocismo (que surgió cuando los organismos internacionales financiaban las grandes obras de infraestructura pública), no hay perspectivas de un desarrollo económico del país sobre la base del estudio y del análisis profesional de la información técnica, sino que, ahora, en cualquier proyecto impulsado por el gobierno, prevalece un acuerdo secreto en torno a intereses oscuros de carácter privado. Para lo cual es que resulta conveniente el poder absoluto.

La intelectualidad del país, poco a poco, de manera natural, se organiza y elabora foros de discusión multidisciplinarios para definir un proyecto nacional, desencantada en todos los frentes de reflexión y de creatividad de la cobertura demagógica con que este gobierno adelanta su proyecto despótico. La intelectualidad independiente, frente a cada iniciativa del gobierno --indefendible y oscura-- promueve foros progresivos de discusión (como el foro reciente sobre la reforma tributaria de estos días), en los cuales, desde distintos ángulos profesionales trata de imponer con sencillez el interés nacional. Vemos que en menos de dos años y medio, de simple intransigencia partidaria, obtusa, el gobierno ha perdido la batalla ideológica de su legitimidad nacional. El país, consecuentemente, se encamina orgánicamente hacia distintas formas de desobediencia civil, en todos los frentes.

La diferencia cualitativa entre la Guardia Nacional y el Ejército Constitucional, entonces, no está ni el Código Militar ni en los cuadros de dirección (como hace creer Humberto Ortega), sino fundamentalmente, en que los elementos asalariados de base de este último a la hora de un enfrentamiento decisivo en contra del absolutismo, con mayor probabilidad que la guardia pretoriana de Somoza, se podrían identificar y pasar al lado de la población reprimida, en la medida que la resistencia tenga carácter popular. Por ello, no hay más alternativa que fomentar la confianza de las masas en su propia organización, en su movilización y autodefensa, para adelantar institucionalmente un programa progresivo que con el desarrollo de las fuerzas productivas dé respuesta integral, en interés de los sectores empobrecidos de la nación, a la crisis económica actual.


*Ingeniero Eléctrico