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En mi anterior comentario, critiqué a la Policía Nacional por violar con el montaje de sus misas la Constitución Política en su artículo 14, que preceptúa un Estado sin religión oficial. Ahora recuerdo la violación del artículo 29 constitucional, que garantiza a toda persona “el derecho a la libertad de conciencia y de profesar o no una religión”, y que “nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos, ni ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia.”

Todo eso se altera cuando, desde una jefatura superior, se ordena a todos los miembros de su institución participar en un ritual sin respetar su opción religiosa. He criticado esta violación constitucional --y lo seguiré haciendo--, no por creer que pueda hacer cambiar nada bajo este régimen de oportunistas, continuador de todos los gobiernos oligárquicos en el uso de la religión para dominar conciencias, sino por la convicción de que cumplo con mi deber cívico. Por el interés nacional, siempre que aparezca una violación más, no habrá una crítica menos.

La Policía ya tuvo otra de sus misas blancas, lo cual debió haber sido un acto religioso personal de la Comisionada Granera y demás Comisionados, sin necesidad de violentar derechos ajenos. Pero con los policías y oficiales no católicos, que por disciplina no pueden negarse a una orden de ir a misa, una vez más lucieron arrogantes en su menosprecio a la libertad de conciencia.

Y si el desprecio les merece los derechos y las libertades de sus propios compañeros, ¿por qué el resto de la ciudadanía debe creerles que son y serán respetuosos con sus derechos constitucionales? ¿Se les debe creer porque lo repiten en sus discursos? ¿A cuáles partes de las leyes y de la Constitución, la Comisionada Granera les prometió “estricto apego”, en su discurso del 5 de septiembre?
En el fondo, son coacciones de carácter político con pretexto religioso. Todo el mundo sabe que la persona, uniformada o vestida de civil, es un ente político y, por ello, no hay ninguna acción en su vida ajena a la política en su sentido lato o en su sentido estrecho, partidario. Lo negativo es que esta acción de la autoridad superior de la Policía implica una violación constitucional que se identifica con las misas negras hechas a la sombra del Estado, en las cuales los políticos oficialistas se juegan la suerte del país y de los nicaragüenses.

Se cubren unos a otros sus respectivas violaciones constitucionales, como si fuera una corporación interinstitucional de los elogios mutuos. Una institución condecora a otra y ésta condecora a una más, y así, en sucesión, pero jamás se escucha una crítica de un lado hacia el otro, pese a saber que son igualmente responsables de violaciones a las leyes y a la Constitución, en sus respectivos campos.

La Conferencia Episcopal participa del rito cívico-religioso-militar de todos los años, violatorio de la Constitución. ¡Bienaventurados los que crean que un reconocimiento a la Policía Nacional de parte de la jerarquía oculta la violación constitucional de la institución armada! Yo creo que la identifica aun más como irrespetuosa de la Constitución.

La inclusión de actos religiosos en los actos oficiales de las instituciones del Estado es lo que ha acostumbrado todo gobierno de la república. Esta violación anticonstitucional ya se hizo un hábito en el gobierno de Daniel Ortega, y ha sido adoptada por las dos ramas de las fuerzas armadas nacionales, la Policía y el Ejército, con lo cual no hace muy difícil identificar una paradoja: los violadores de la Constitución son –por mandato de ella misma— tres de las más importantes instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. ¡Una paradoja de ribetes kafkianos!
La máxima autoridad policial se proclama apolítica en lo institucional y oculta su posición política en lo personal, pero en la práctica gravita en torno al poder político, lo cual provoca el abandono de la vigilancia y del castigo de violaciones a las leyes y la Constitución. El propio Daniel Ortega se encargó de revelarlo el sábado pasado, cuando habló de su mandato a la Comisionada Granera de “evitar usar la fuerza”. Pero hizo una alteración de situaciones: Daniel habló de un hecho pasado, y la obediencia de Granera a esa orden ha correspondido a situaciones más recientes --como la del 8 de agosto--, y los represores orteguistas han sido los beneficiados de la indiferencia policial.

La acción policial contra el delito está supeditada también a la autoridad judicial orteguista, y hay muchos delitos contra los cuales pudiera actuar con autonomía, y no actúa por la supeditación política que tiene ante autoridades superiores. La mayor misa negra, fuente de otras misas negras, es el manejo de la colaboración económica venezolana de forma discrecional por el presidente Ortega, totalmente al margen de la Ley del Presupuesto General de la República, constituye un delito económico. Detrás de la violación de esta ley, se efectúan negocios privados confundidos con las instituciones del Estado, ignorándose en dónde comienza el uno y en dónde termina el otro. Esta confusa actividad privada-estatal, también lleva a otras violaciones en contra la Ley de Contrataciones del Estado, cometiendo delitos económicos.

Pero en las misas negras, en donde se producen violaciones económicas, la Policía no puede actuar. Ya se puede imaginar cuánta impunidad rodea a los casos que no están dentro de las facultades de la Policía para poder prevenirlos ni para investigarlos y menos para castigarlos. Si hay toda un área estatal que es vedado para la Policía por su condición de subordinada al poder civil. ¿Por qué, entonces, la Policía no puede ver como terreno vedado para su actuación la conciencia de las personas?
Todos los funcionarios públicos que protegen este orden social injusto, actúan como si no conocieran las leyes. Pero creer que un político, un policía o un soldado accede al servicio público sin conocer las leyes –al menos las fundamentales—, es tan absurdo, como creer que un hombre se interna en un seminario para hacerse cura, sin conocer ni haber rezado alguna vez el Padrenuestro.

Ninguna autoridad ignora las leyes, sino en un sentido mañoso, adrede, lo cual pone en peligro la estabilidad social. El mal ejemplo nace de los políticos que violan, reforman o cambian las leyes cuando la estructura jurídica del Estado estorba sus ambiciones y sus planes de gobierno. ¿Acaso no es eso lo que el presidente Ortega viene haciendo desde abajo y desde arriba durante más de veinte años? ¿No es eso lo que ha hecho con la Ley Electoral y las reformas que pretende hacer a la Constitución para permitir su reelección?
La Policía es parte de este orden, su instrumento represivo legal, ante lo cual no hay porqué asombrarse. Lo que se reclama y critica es la hipocresía, la doble moral de proclamar un “estricto apego a la Constitución y a las leyes”, cuando en la práctica sólo se hace parcialmente. La verdad es amarga, pero no es culpa de la verdad.