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La sociedad nicaragüense, a lo largo de casi toda su historia, ha tenido que venir aceptando como algo “normal y fisiológico” las luchas internas, las pugnas, las rivalidades, las guerras, las confrontaciones de la clase política partidaria, a la que se ha visto arrastrada la ciudadanía por simpatizar o apoyar el “liderazgo de los partidos y de los caudillos,” como única vía que le ha dejado establecido el sistema político en Nicaragua.

Es normal que nos reconozcamos como bases, masas, correligionarios. Esto ha sido conveniente para los caudillos y partidos tradicionales, para los “líderes” que han trabajado para arraigar en el imaginario de la ciudadanía, un modelo de conducción patriarcal, mesiánico, jerarquizado, que sólo ha contribuido a alejar cada vez más a las y los ciudadanos, de un verdadero ejercicio de ciudadanía basado en principios de equidad, igualdad de derechos, justicia social e inclusividad.

Estos referentes propios de una cultura patriarcal, fundada en una educación excluyente, individualista, de una lucha por el poder que representa prebendas y privilegios desmedidos, como ejemplo “LA INMUNIDAD” que significa “IMPUNIDAD”, ha mantenido a los y las nicaragüenses alejados de un comportamiento basado en una cultura de paz, de progreso e inclusividad. La “autoestima nacional” ha sido aniquilada. La mentira y el cinismo se han instaurado en el país, y hoy campean, como las banderas que enarbola orgullosamente la clase política.

La pobreza, la violencia y la desigualdad no son una casualidad, sino el resultado de una herencia cultural legada por la clase política que históricamente inventó las luchas y las pugnas, familias divididas, para mantenernos “entretenidos”, mientras las cúpulas pactaban repartiéndose el botín, sin importarles los verdaderos propósitos de la sociedad o de la ciudadanía que es la búsqueda de la paz, el progreso social y el bien común.

La violencia ejercida por los grupos de poder, generalmente relacionado con el poder económico, político, social y familiar. Quienes han ejercido ese poder económico son aquellos que han ostentado el poder, de manera preponderante, cuya mayor expresión está representado en el cuerpo de leyes, que no cuenta con enfoque de Derechos, tanto de género como generacional. Es por ello que cuando se habla de las mujeres sólo se las relaciona con la función reproductora y de ama de casa, nunca como sujeta política con derechos, a un empleo digno y productivo, con derecho a la propiedad y a un cargo público.

Este marco jurídico nacional y particular ha respondido a intereses políticos, económicos e ideológicos de los partidos en el poder. Al que las mujeres, las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes no pueden acceder. Las primeras no lo pueden hacer pues su triple rol, de ama de casa, de madre y esposa o de benefactora de personas dependientes por diferentes causas, les impide un papel más activo en el ámbito público.

Es con esta realidad heredada, como resultado del atraso político y de una cultura política patriarcal que no ha respetado valores de igualdad, inclusividad y de justicia social que permitan caminar hacia una sociedad más justa, equitativa en donde se respeten las diferencias, el consenso y la concertación sean las fuentes de la unidad de todas y todos los nicaragüenses.

El logro de la paz, el desarrollo humano y del medioambiente, la inclusividad, el respeto a los derechos humanos, pasa por que cada una y cada uno empecemos por reconocernos como personas, sujetas sociales de derechos, lo cual implica asumir y compartir responsabilidades en todos los ámbitos de la vida: familiar, social, de política pública, económica social y medio ambiental.

Pasa por no delegar nuestro poder, nuestro voto, ni nuestra representación, ni endosar cheques en blanco a los partidos políticos que hoy ostentan los diferentes poderes públicos.

Pasa por no seguir sintiéndonos subordinados, masas, bases, correligionarios si no, simplemente, sentirnos seres humanos iguales a otros seres vivos. Sin más ni menos derechos.


*Vocera Coordinadora Civil