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Existe cierto interés en afirmar que en una situación de crisis si le va mal al gobierno le va mal al país. Pero, más sensato sería remarcar que cuando los intereses del gobierno resultan independientes de la sociedad, no necesariamente le va bien al país si le va bien al gobierno. Lo que lleva a los ciudadanos a juzgar cualquier proyecto político, fundamentalmente, a partir de una perspectiva estratégica de bienandanza del país, que dé respuesta efectiva a los problemas sociales.

Actualmente asistimos a los intentos iniciales de encarnar los sentimientos nacionales en la figura de un caudillo. Es un momento de reflujo histórico, cuando las condiciones materiales de existencia impiden vislumbrar el desarrollo económico de la nación sobre la base de inversiones en tecnología, conocimiento, cultura y productividad, con instituciones y leyes comunes a los ciudadanos.

La formación del absolutismo cuasi-feudal, de los caudillos, que sustrae a la burocracia gubernamental de la obligación de rendir cuentas al país por su gestión, con base a parámetros y a metas previstas en la planificación estratégica, no es producto de sincretismo ideológico* (como lo explican quienes interpretan la historia desde una perspectiva subjetiva, con un énfasis prevaleciente en el elemento idealista), sino que es un efecto secundario de la estrategia del consenso de Washington, de ajuste estructural y desregulación, con que el FMI ha reemplazado desde los años noventa las funciones de planificación del Estado, por las leyes del mercado.

En contraposición a los condicionamientos externos, el vínculo entre seguridad energética y soberanía nacional es uno de los principales elementos de la democracia efectiva, entendida ésta como la consolidación de las bases materiales de los derechos ciudadanos. La soberanía nacional no es un principio abstracto, ni es expresión de un nacionalismo extremo que recoge ideas y sentimientos chovinistas, sino que es la capacidad de orientar los factores productivos hacia el bienestar de los ciudadanos, pese a las presiones externas.

En este sentido, la soberanía es resultado de una estrategia dinámica de desarrollo nacional en una época de reacomodo constante de nuevas formas de dominación, bajo una economía globalizada. Por otro lado, en la época moderna, de producción industrial, la soberanía adquiere contenido efectivo únicamente dentro de una estrategia cuyo eje central gira en torno al aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos.

Bajo esta óptica, contribuyen más a la soberanía nacional de Nicaragua proyectos de generación eléctrica, a precios constantes y relativamente competitivos, como los 60 MW con biomasa de los ingenios Monte Rosa y San Antonio (desarrollados con fuentes renovables por la iniciativa privada, en la presente década), y los proyectos geotérmicos, como los 72 MW de San Jacinto Tizate (que ha superado ya la etapa de exploración), y los 100 MW del campo geotérmico del Casita, aún en la etapa de factibilidad (también de inversión privada), que toda la palabrería demagógica con que el gobierno actual confronta inútilmente a la comunidad internacional, sin adelantar estrategia nacional alguna.

Es en el terreno de la planificación de la política energética que se decide ahora la perspectiva de desarrollo independiente del país, porque el control de los recursos energéticos renovables constituye -con mucha antelación- el centro de atención de los intereses estratégicos de la economía global.

Por consiguiente, hoy, sin dejar de reaccionar activamente ante cada iniciativa con que el gobierno intenta “legalizar” la prolongación del absolutismo burocrático, los ciudadanos deben tomar la iniciativa y orientar un debate nacional sobre el rumbo estratégico de la nación como alternativa democrática válida, de carácter total. Y en ese proceso, de planificación de la política energética a seguir en el mediano y largo plazo, se debe contrarrestar, en los hechos, el beneficio personal que el aparato burocrático busca en las decisiones de carácter estratégico.

Es decir, el debate sobre la estrategia nacional debe conducir a revertir el sustento legal de una burocracia que se considera independiente de la sociedad. Ello significa, que en torno a un plan estratégico nacional, libremente debatido por las corrientes políticas independientes de los caudillos, se debe promover la formación de instituciones nuevas de carácter democrático que consoliden los derechos ciudadanos en un polo alternativo de poder. Se trata de abrir un espacio progresivo límpido para la unidad nacional, en el que se expresen las distintas tendencias independientes, fuera del parlamento y del Consejo Supremo Electoral desacreditado por los caudillos.

Las distintas organizaciones de resistencia democrática, que surgen espontáneamente, deben converger a una unidad programática progresiva, decidida por la mayoría de delegados. Deberán formar concientemente un Congreso Permanente de Salvación Nacional, en el cual se defina la estrategia económica y política del país para darle unidad y coherencia a los reclamos sociales dispersos, como a la demanda de empleo; incremento salarial; seguridad ciudadana; alimentos a bajo costo; acceso a la tierra, a los insumos, a la tecnología agropecuaria y al crédito; acceso a los servicios públicos; derechos políticos ciudadanos (como libertad de expresión, de movilidad, de pensamiento, etc.); disminución de las desigualdades sociales, etc. El Congreso Permanente de Salvación Nacional, como alternativa de poder dual, puede comenzar por constituir una Comisión Energética Independiente que informe a la nación la verdad sobre este tema crucial.

El primer punto del debate energético debería poner sobre la mesa la ayuda venezolana, tanto para aclarar en qué favorece al país las condiciones de inversión de los motores generadores aportados por Venezuela; como para determinar el efecto real en la economía de las condiciones del crédito que concede Venezuela en la venta del petróleo requerido por el país. Así como aclarar el impacto financiero efectivo en la tarifa eléctrica de los generadores otorgados por la ayuda de Taiwán.

El siguiente punto de la agenda energética es la revisión de las condiciones de concesión de exploración y de explotación de recursos naturales para la generación de electricidad. Y evaluar el orden de prioridad de tales concesiones en función del plan óptimo de expansión del parque generador. Esto pone en el tapete la necesidad de definir el modelo eléctrico del país. O sea, la urgencia de precisar el grado de integración y los límites de la participación privada en cada rama de la industria eléctrica, en consonancia con la estrategia nacional. Para lo cual se requiere la formación y la capacitación eficaz del personal requerido en nuevas instituciones de regulación y de planificación, bajo el control de la Comisión Energética Independiente.

El próximo punto concierne a la evaluación de las negociaciones de contratos de compraventa de energía y potencia, y el traslado de sus costos a tarifa. Tanto para verificar si con tales contratos se cumple con el plan de expansión óptimo de cara a la seguridad energética del país, como para garantizar la transparencia y la competitividad de costos de los oferentes en el proceso de adjudicación y en el contenido de las cláusulas contractuales, a fin de aprobar o de revertir su traslado a tarifa. El último punto, debe revisar y definir el procedimiento de formación del pliego tarifario, y. los costos que se deben trasladar a los consumidores finales de la electricidad, así como el desempeño de los distintos agentes del sector con relación a índices regionales de calidad del servicio de interés público que prestan, y con relación a sus compromisos contractuales.

El control de la sociedad sobre el tema energético es, en el orden físico, como la palanca aplicada en el punto de apoyo o fulcro -que pedía Arquímedes-, con la que se podría mover a la burocracia que en este terreno carga sus privilegios personales como peso muerto sobre el destino del país.

*Ingeniero eléctrico

(*) Sincretismo ideológico: Tesis eurocentrista que considera que el subdesarrollo se debe a que los intelectuales nativos mantienen el contenido real de las ideas atrasadas propias, y sólo adaptan la simbología del “pensamiento político superior europeo”. Con lo cual esta tesis soslaya el efecto material decisivo que produce en el subdesarrollo el orden económico global, que con la desregulación de las inversiones especulativas propicia el actual flujo prevaleciente de capitales de los países del Tercer Mundo hacia las metrópolis.