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En una de tantas obras jurídicas que ha escrito, el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Escobar Fornos, se refiere a la “dictadura de los jueces y magistrados”. Expresando que este tipo de dictadura es peor que la militar o la política, ya que los Jueces tienen la potestad en lo civil de decidir “el tuyo y el mío”, y en materia penal en sus manos tienen la decisión de conceder a un ciudadano la libertad o la cárcel. Por supuesto cuando el jurista escribió la obra, no era miembro del poder judicial, en ese tiempo posiblemente se encontraba en la llanura, era un abogado litigante, sin embargo, vivió en carne propia los desaciertos de algunos jueces y magistrados. De alguna manera la obra trata de plasmar la experiencia del jurista sobre el tema. Mas ahora el autor es un magistrado del alto tribunal de justicia de este país, por lo cual los sinsabores de lo que denominó dictadura quedaron atrás.

El diccionario de la Real Academia Española define el término dictadura de la manera siguiente: “Gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país y cuyo poder se concentra en una sola persona. Durante la dictadura se restringe gravemente la libertad de expresión. II Concentración de la autoridad en un individuo, organismo, institución, etc.”

De la precedente definición se infiere que la dictadura tiene los rasgos siguientes: 1) Se expresa como una forma de autoridad; 2) El dictador hace a un lado la ley, su actuación siempre es arbitraria; 3) La dictadura la puede ejercer la persona, el organismo o una institución; 4) El dictador es proclive a coartar la libertad de expresión, no se aceptan críticas de nadie. ¿Pero acaso el poder de los jueces y magistrados encuadra con la definición de dictadura?
Hay que apuntar que en todo fenómeno existe tesis y antitesis, lo primero es la democracia, lo segundo es la dictadura. Una sociedad en democracia empieza cuando el pueblo en elecciones generales, elige a los representantes del primer Poder de Estado, diputados de la Asamblea Nacional. Esa elección es un acto democrático. Una vez instalado el cuerpo legislativo, viene el proceso de formulación de las leyes, con las que se va conformando el marco legal para dirigir los destinos de la nación, todo bajo los principios de la democracia representativa. En el procedimiento de aprobación de leyes, lo que predomina es el consenso, en el que cada diputado emite su voto a favor o en contra de una legislación general o especial, hasta concluir con la sanción de la norma por parte del Presidente de la República.

El ordenamiento legal que promulga el congreso nacional, una vez que entran en vigencia, debe ser observado y respetado por todas las personas, institución u organismo del Estado. Pero quienes tienen la principal obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes son los jueces y los magistrados. Es contradictorio que los funcionarios públicos, designados para administrar la ley, sean señalados de ser los principales infractores del ordenamiento jurídico. Uno de los elementos que distingue a la dictadura es que el individuo o la institución desconocen la observancia de la ley, cuando violenta la norma jurídica, sea por ignorancia o por cualquier otra causa. Cuando el poder se sale del marco de legalidad y su conducta cae en la arbitrariedad, en la injusticia, con ello se lesionan derechos fundamentales de terceras personas.

Cuando el poder tiene esa tipicidad, sin lugar a dudas que estamos frente a una dictadura, pues lo que inicialmente empezó como un acto democrático (la elección del legislador y la formación de la ley), al final la tesis se transformó en una antitesis. Cuando quien ejerce el poder prescinde del ordenamiento jurídico, obviamente, es cuando se está gestando una dictadura, la cual genera malestar por parte de sectores sociales que se ven afectados. Ante esa situación el dictador en vez de enderezar su comportamiento, reacciona de manera violenta, ataca y persigue a sus críticos, cercena derechos, y de ser posible enjuicia a los opositores, todo con el fin de silenciarlos.

Los nicaragüenses, desde hace años, vienen observando con honda preocupación que en las diferentes instancias del Poder Judicial (Corte Suprema, Tribunales de Apelaciones y Jueces) hay señales de estar conviviendo con una dictadura, lo que se expresa así: a) La CSJ, no respeta los términos de ley para dictar sentencia en lo civil y penal; b) La CSJ no sanciona ni aplica la ley a los jueces inferiores, cuando éstos son denunciados por graves infracciones a los procedimientos legales; c) La CSJ indebidamente asume el papel de legislador, de hecho deroga y reforma leyes promulgadas por la Asamblea Nacional, haciendo uso de circulares administrativas. El caso más patético es cuando implementaron en la capital el Modelo de Gestión de Despacho Judicial que fue rechazado por los abogados litigantes de la ciudad de Managua, siendo la respuesta la represión.

Si la cabeza del Poder Judicial tiene esa conducta, donde cierran las puertas del diálogo a los operadores de la justicia (abogados y usuarios). Lo que predomina es la imposición, por lo cual no hay acercamiento para acercar posiciones sobre los principales cuellos de botella que tiene la justicia, muy al contrario lo que se aplica es el uso desmedido del poder. Ante este mal ejemplo, ¿qué se puede esperar de los jueces inferiores? Indudablemente lo que sucede en las circunscripciones judiciales, con alguna que otra excepción, es una copia fiel de lo que se practica en las instancias superiores. En los departamentos del país, los jueces se cobijan con la misma camisa, son hipersensibles a las críticas, todo lo que un abogado puede decir en escritos, discrecionalmente lo tildan de “injurioso y calumnioso”, en muchos casos regresan los escritos y con la providencia: “Téngase como no presentado”.

Dios guarde al simple mortal, que se atreva públicamente a denunciar a los jueces, que no trabajan, que no cumplen con sus deberes laborales, que no desquitan el salario que ganan, gracias al pago de nuestros impuestos. Si alguien osa tocar el poder, que se cuide, ya que será objeto de una persecución y represión. Los señalados se valdrán no sólo del poder jurisdiccional, con lo cual pueden en forma revanchista engavetar los expedientes o juicios, sino que también pasan la cuenta al hereje dictando fallos contrarios a la ley y a los procedimientos. Ya están aplicando la modalidad de suspensión de facto del ejercicio del abogado, para no poder litigar en los juzgados. Es más, los jueces, para ampliar su poder, conformaron una organización a nivel nacional, con la cual se autoprotegen, para repeler cualquier señalamiento crítico que venga del exterior. Todo lo que señalo en este artículo no es una ficción o un invento, los medios de comunicación social pueden constatarlo en la ciudad Managua, indagando a miles de abogados y usuarios de la justicia, sobre cómo perciben el poder de los jueces y magistrados. Pero también lo pueden corroborar con un abogado litigante de la ciudad de Granada, quien en estos momentos vive una brutal persecución y una cruzada inquisitiva por haber cometido el pecado de criticar públicamente el ineficiente y deformante sistema de justicia en esa ciudad. Finalmente hay que decir que la historia nos enseña que cualquier forma de dictadura, con el paso del tiempo ineluctablemente tendrá que caer y sucumbir y sólo quedarán los escombros y las cenizas, muy probablemente eso mismo ocurrirá con el indebido uso del poder que ejercen los jueces y magistrados en Nicaragua, en perjuicio de los abogados litigantes y usuarios de la justicia de este país.


*Abogado y Notario Público