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En declaraciones a un diario brasileño, el Presidente Oscar Arias ha admitido que las elecciones previstas para noviembre podrían solucionar la crisis política en Honduras, ya que, según señala el mandatario costarricense, autor del Plan Arias, sin las elecciones realizadas por regímenes tiránicos en el pasado no se podría “haber conquistado la transición desde los regímenes dictatoriales en Latinoamérica (producto de golpes de Estado) hacia la democracia”. Y este señalamiento podría quizás colocar el supuesto golpe de Estado en Honduras y sus consecuencias en su relativa dimensión. A tal efecto, veamos una posible secuencia interpretativa de los acontecimientos bajo esta nueva perspectiva.

Los poderes Legislativo y Judicial de Honduras, junto con el respaldo coetáneo y posterior, respectivamente, de Instituciones gubernamentales y partidos políticos, así como de una sustancial mayoría de la sociedad civil, considerando que el titular del Poder Ejecutivo, Presidente Manuel Zelaya, ha violado la Constitución Política lo deponen y nombran un sustituto, de acuerdo con lo establecido en dicha Constitución; no obstante, obedeciendo órdenes civiles el poder militar expulsa del país al Presidente Zelaya, actitud ilegal de la cual deberían responder los autores pero que no desvirtúa la acción tomada por las autoridades civiles no involucradas en la orden de expulsión. Ante esta situación, el depuesto Presidente recurre a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se declare al nuevo gobierno de Honduras como un gobierno de facto por ser producto de un golpe de Estado, calificativos ambos que son aceptados por ambas Organizaciones de manera inmediata, es decir, sin “día de juicio en la Corte” (lo que evidencia un estudio marginal del caso y que, esperamos, no se deba a la poca importancia que tienen, para esas Organizaciones, los países pobres) y exigiendo se cumpla un Plan de Arreglo extrajudicial propuesto por el Presidente Arias.

En base a lo expuesto, es pertinente estimar el supuesto golpe de Estado como explícitamente lo hace el Presidente Arias en sus declaraciones citadas al comienzo, teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores a la remoción del Presidente Zelaya, es decir, la presencia activa de un gobierno civil en Honduras preparando actualmente, sin intervención de la fuerza militar arbitraria como ha acontecido en los golpes de Estado clásicos, unas elecciones presidenciales a muy corto plazo y, pertinente también, traer a colación cómo los regímenes dictatoriales han finalizado mediante roturas ilegales llevadas a cabo por revoluciones que, pese a no haber usado dispositivos constitucionales para tomar el poder (si en estos casos las normas legales fueran indispensables, Anastasio Somoza Debayle habría tenido razón en recurrir a la OEA y a la ONU para recuperar su poder), han sido legitimadas por lo que Hans Kelsen, el jurista por antonomasia según lo califican muchos jurisconsultos, ha denominado “principio de efectividad”, o sea, el ordenamiento jurídico que ha demostrado ser eficaz en su conjunto y que, consecuentemente, amerita ser reconocido por la comunidad internacional.

Y en cuanto a la persistencia de mantener el Plan Arias, que también requiere el Presidente costarricense, se hace necesario dar más reflexión a las exigencias del mismo. En efecto, tratando de encontrar un arreglo a dos posiciones contradictorias ( es decir, no admiten entera subsistencia de ambas), el Plan supedita dicho arreglo a la restauración de la Presidencia Zelaya, lo que significa arreglar el conflicto revirtiendo su causa, es decir, con el Presidente Zelaya de nuevo en el poder no es que se haya llegado a un arreglo entre las partes, sino que es como si el conflicto no ha existido, situación que parece tener la naturaleza de una petición de principio, ya que se trataría entonces de tratar de arreglar el conflicto dando por sentada la solución mediante la solución que precisamente aún se trata de encontrar para arreglar el conflicto, lo que no puede, lógicamente, alcanzar la categoría de arreglo. ( Y en cuanto a los demás puntos del Plan se desvirtúan por su naturaleza de adornos compensatorios, relativamente fáciles de no cumplir por ambas partes). Lo dicho, sin embargo, no necesariamente implica la imposibilidad de un arreglo: éste podría aún ser viable. Pero, para tales efectos, es necesario encontrar un común denominador entre ambas posiciones, el cual podría ser la pretensión que tienen ambas de representar, exclusivamente, a la mayoría de la población, en cuyo caso se trataría de recabar de la comunidad hondureña cuál posición prefieren, alternativa esta que, en circunstancias normales, identificaría un referendum como lo pertinente; no obstante, siendo que este proceso necesitaría logística especial y que, por otra parte, las próximas elecciones presidenciales se deberán efectuar a muy breve plazo, es este último procedimiento el legítimo para la solución de la crisis en Honduras. Después de todo, toda elección es un referendum, también por antonomasia.

Recapitulando, a manera de conclusión:

1.- El acontecimiento del 28 de junio de 2009 ocurrido en Honduras no posee las características de un golpe de Estado tradicional; antes bien, presenta, en una perspectiva singular, la naturaleza de una acción preventiva ante evidencias de una tendencia totalitaria en el manejo de la cosa pública por parte del Presidente Zelaya y su fundamento legal radica en la obligación de negación de lo arbitrario que, como condición resolutoria implícita en todo sistema de derecho, debe ser inmanente en la actuación de un mandatario presidencial: la técnica de democracia directa de revocación popular del titular de una función electiva, conocida como “Recall” en los Estados Unidos, que es donde se aplica, tiene el mismo fundamento.

2.- La aceptación explícita por parte del Presidente Arias de que la actuación legal subsiguiente de las autoridades puede desvirtuar el aspecto negativo de un aparente golpe de Estado que, implícitamente, dicha actuación, avalada por elecciones de acuerdo con lo constitucionalmente establecido, puede ratificar cualquier situación viciada en su origen, ya que podría considerarse emanación de la voluntad soberana del pueblo, es clara evidencia de la existencia actual de un estado de derecho en Honduras, según es dable interpretar al mandatario costarricense.

3.- Finalmente, como sostiene el Presidente Arias, también implícitamente, en la coyuntura actual las elecciones pueden representar la mejor solución, aunque como solución estructural lo ideal sería una Organización de Estados Americanos (OEA) con un Secretario General anuente a cumplir con sus funciones en forma activa y neutral, como se lo sugiriera un movimiento político de naturaleza democrática.


*Abogado y Economista