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La suspensión del acto reclamado en el amparo administrativo la podríamos definir como aquel acto que tiene por objeto evitar al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación y mantener viva la materia del amparo mientras se resuelve el fondo del asunto, dando lugar a que una vez que se conceda el amparo el sentido de la sentencia no resulte ser solo una ilusión jurídica, pues de haberse negado la suspensión, no sería posible restituir al agraviado plenamente en el goce de la garantía violada.

Gramaticalmente la palabra suspensión significa detener o diferir por algún tiempo una acción u obra; equivale, pues, a paralizar algo que está en actividad en forma positiva, y es precisamente en este sentido en que la emplea la Ley de Amparo, que va a ser objeto de la detención temporal del acto cuya institucionalidad se reclama, haciéndolo cesar, si la ejecución ya se ha iniciado o impidiendo su comienzo cuando aún se encuentra en potencia.

La suspensión del acto tiene por objeto evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los daños y perjuicios que la ejecución de dicho acto pudiera ocasionarle.

Existen reconocidos tratadistas que concuerdan en la asimilación de la suspensión del acto reclamado con las medidas cautelares, en donde produce efectos provisionales, pues está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el dictado de una sentencia justa, congruente y eficaz a su tiempo.

Nuestros Tribunales de Apelación para otorgarla, deben tomar en cuenta la fundamentación antes mencionada y deberán realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la Corte Suprema de Justicia la sentencia definitiva, siendo pues un simple adelanto provisional solo para los efectos suspensorios sin que se concluya que en ese sentido se resolverá el fondo del asunto por lo que se afirma que es una medida cautelar, y le son aplicadas las reglas de esta figura y se tiene que agotar dos extremos para obtener dicha medida:
1. Apariencia del buen derecho “Fumus Boni Iuris”.

2. Peligro de la demora “Periculum in mora”.

No podemos olvidar que esta medida cautelar, más que hacer justicia ante la apariencia de buen derecho, está destinada a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra y en lo que toca al segundo requisito, consiste en la posible frustración de los derechos del recurrente del amparo que solicita la medida suspensoria, frustración que puede darse como consecuencia de la tardanza de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto al fondo, aunque esta fuere en sentido favorable.

Caso típico es el de los Cenis. A varios de los recurrentes el Tribunal de Apelaciones de Managua les admitió el amparo, pero no mandó a suspender el acto y lo único que se hizo fue otorgarles una ilusión jurídica, algo etéreo o virtual. Con un poco más de sinceridad política y jurídica, mejor hubieran negado la tramitación del mismo.

A cómo expreso el Dr. Silvio Iván Bendaña en un artículo de Opinión publicado en El Nuevo Diario en octubre de 2007, respecto a la suspensión del acto, copio: “Aunque esa apreciación sea a discreción de la Sala de lo Civil competente, ello no da pie para que deniegue la suspensión del acto reclamado ante los hechos demostrados por el agraviado y deje a este en completa indefensión ante una inminente ejecución del acto reclamado, porque sería un acto de injusticia notoria, toda vez que es obligación de los jueces y magistrados impartir precisamente justicia como delegados del pueblo que han sido nombrados para ese fin. Ante hechos demostrados suficientemente, que puedan causarle daños y perjuicios irreparables a un particular, tanto la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones respectivo como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estando investidos de potestad para suspender el acto reclamado, por justicia, en este caso deben mandar a suspenderlo, lo mismo que cuando las normas en que se basa la determinación de una presunta obligación no exijan pago previo ni garantías al ser impugnadas por el presunto deudor”.

Por lo que podemos resumir que para la concesión de la suspensión se deberá tomar en cuenta la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud de derecho esgrimido por el quejoso con miras otorgadas a la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación y conservar la materia viva del juicio, si con ello no se lesionan el interés social o de orden público, que podrá cambiar al momento de dictar la sentencia definitiva, o sea que el Tribunal de Apelaciones tendrá que asomarse anticipadamente al fondo del juicio principal necesariamente, asomo que es provisional solo para los efectos de la suspensión, sin que vincule a la Corte Suprema de Justicia a declarar con lugar o negar el amparo cuando le toque a esta fallar el fondo del asunto.

En un amparo mandado a tramitar por la Corte de Apelaciones de Managua, se mandó a suspender el acto, pero me llamó la atención que uno de los Magistrados razonó su voto exponiendo que no estaba de acuerdo con dicha suspensión, pues la misma tocaba el fondo del asunto y eso tenía que ser fallado en la Corte Suprema de Justicia, o sea, que se olvidó del principio de que “El tiempo necesario para obtener la razón no debe causar daño a quien tiene la razón”.

En muchos de los Estados de México la suspensión del acto es una materia considerada de oficio y posteriormente al final del proceso se resuelve en forma definitiva a favor o en contra del recurrente, pero impidiendo de momento perjuicio alguno de imposible reparación y siendo la excepción de esa regla.

Decía Montesquieu que frente a los abusos de la autoridad, que suceden en todos los países y en todos los tiempos, “habrá que detener al poder con el poder”, lo cual es el objetivo del amparo, ya que este no atenta contra el poder público sino que lo aprovecha en su estructura jurídica, obligándolo a actuar con legalidad y otorgando seguridad jurídica.

Ojalá nuestros Magistrados de las Cortes de Apelaciones comprendieran que mandar a suspender el acto, siempre y cuando este no afecte el orden social y el orden público, no es haber fallado el fondo del asunto, es únicamente no dejar al recurrente en indefensión ante la ejecución del acto reclamado. De lo contrario, para que ir de amparo si al no suspenderse el acto se pierde la esencia misma del recurso.


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