Jorge Eduardo Arellano
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La práctica internacional evidencia que el mecanismo más apropiado para una toma de decisiones participativa y pluralista es la participación ciudadana, la concurrencia de todos los autores, creando demandas hacia las estructuras del poder y al mismo tiempo participando en la concreción de proyectos específicos de interés comunitario da como resultado un empoderamiento del ciudadano, lo anterior tiene una repercusión positiva en el desarrollo a nivel comunitario.

De acuerdo con la legislación nicaragüense, el gobierno central en el proceso de modernización del Estado debe facilitar, normar y regular, a través de las grandes políticas, las competencias y participación de los ciudadanos en los niveles comunitarios y garantizar el involucramiento directo de éstos en la toma de decisiones. A partir de esta premisa el gobierno no sólo debe declarar la importancia de la participación voluntaria de los ciudadanos en la gestión pública, sino que además debe coadyuvar a la organización y participación de los sectores populares.

En este marco el gobierno de reconciliación nacional, encabezado por el comandante Daniel Ortega, ha creado los Concejos del Poder Ciudadano (CPC), cuya visión es la participación directa de los sectores populares en el ejercicio del poder y toma de decisiones a nivel nacional, regional y comunitario.

La participación de sectores populares tradicionalmente marginados y excluidos de manera estructural y permanente del mercado de trabajo concentrados en barrios, asentamientos, pueblos, comarcas y caseríos ha sido desde siempre parte de la lucha del FSLN, pues de hecho un partido de izquierda como el Frente sandinista perdería su esencia y su razón de ser si no promocionara la participación debidamente organizada de todos los sectores, incluyendo y no excluyendo a los más pobres en el proceso.

Sin embargo, los partidos de derecha siempre han visto con beneplácito la participación de sectores elites y empresariales en la gestión gubernamental, pero miran con “desdén” la inclusión y participación, y aún más el control social que ejercen estos sectores, tradicionalmente los sectores de la derecha herederos de los grupos oligárquicos tradicionales y del gran capital han excluido de manera deliberada a los sectores populares.

Cuáles son las motivaciones que subyacen en el seno de los grupos políticos de derecha para tratar de acabar con los Consejos del Poder Ciudadano( CPC), cuál es el temor al control social, no nos olvidemos de que la derecha en este país durante dieciséis años ha gobernado al servicio de los intereses de tres estamentos: el gran capital, los organismos financieros internacionales y el engrosamiento de su propios bolsillos a partir de privatizaciones fraudulentas, quiebras bancarias y duplicación de salarios ( bajo la mesa) en el periodo del doctor Alemán, del cual todos, sin excepción, fueron partícipes.

Lo más interesante es que algunos diputados de derecha, cuya posición económica que hoy ostentan la han alcanzado a partir de sus actividades politiqueras en la “industria política”, funcionando como diputados vitalicios y sangrando con sus megasalarios el erario, se manifiestan de manera perversa en contra de los fondos presupuestados por el gobierno para financiar el bono productivo del programa Hambre Cero. Tal es el caso del diputado que en su momento se presentó como el principal “escudero” de Alemán, dispuesto a entregar su vida y a poner su pecho como muralla de contención para preservar la vida de Alemán, “este kamikaze de mil batallas no está dispuesto a sacrificarse por los más humildes, y como fiel guerrero propone que los fondos del programa Hambre Cero sean orientados a otros fines más importantes que garantizar la comida a los pobres”.

Según el criterio de este “politiquero furibundo y guatusero de vieja data”, los recursos para financiar el bono productivo no constituyen inversión, obviamente cuando el estado eroga recursos con el propósito de ir creando condiciones para el desarrollo de pequeños huertos y granjas familiares e incentivarlos a que en el corto plazo logren la autosostenibilidad, desde la perspectiva de este conglomerado de “iluminados” que todo lo saben, opinan de todo, maltratan a todos y al final no hacen nada, con justa razón Gustavo Porras los calificó de “vagos y holgazanes que no servían para nada”, para estos diputados los recursos orientados a la promoción del desarrollo humano no constituyen un acto de inversión.

El programa Hambre Cero distribuyó alrededor de 13,000 bonos productivos y se proyectan para 2008, 15.000 bonos lo que constituirá en dos años un total de 28,000 familias beneficiadas. Si el ritmo de entrega se mantiene en las 15,000 familias, al final de la gestión del presidente Ortega se habrán favorecido un total de 72,000 familias de sectores campesinos altamente vulnerables, a las que en los 16 años de gobiernos neoliberales no se les presentó ninguna oportunidad.

Ahora bien, lo relevante es que estas familias favorecidas reciban la capacitación y formación técnica adecuada para que estas pequeñas granjas familiares tengan un proceso de evolución hacia la autosostenibilidad e independencia alimentaría que les permita no sólo garantizar sus alimentos, sino que además les garantice un proceso de reproducción ampliada, vendiendo sus excedentes en el mercado nacional e internacional. Lo importante es que este programa sea desarrollado y administrado con una visión estratégica de mediano y largo plazo.

*Docente Investigador – Upoli