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La crisis que sufre la población se va agravando con la sequía. Las aspirinas del gobierno no resuelven el problema. Tenemos que transitar hacia un Estado que se responsabilice por la vida y la salud de todos los habitantes. Observemos las protestas ocurridas en otros países por el alza en los precios de los alimentos y preguntemos si hay solución en la economía. Tal cosa no puede ocurrir porque se han adelgazado mucho las normas no monetarias, porque vivimos en la época del triunfo casi absoluto de las reglas del mercado.

La gente protesta sin saber qué pueden y deben exigir, porque no hay claridad sobre las normas y obligaciones sociales, incluyendo el secretismo del gobierno. Porque todos se han tragado el cuento de las fuerzas anónimas del mercado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado en los últimos días ideas muy claras sobre el asunto, la más radical es que el alimento no debería ser mercancía. Esta idea ha sido más explícita en el caso del agua. Pero si del agua y los alimentos depende de manera directa la reproducción de la vida, es evidente que el acceso a ellos no debería depender de la relación mercantil entre el poder adquisitivo de los salarios y los precios de los alimentos.

Por tanto, el rasgo esencial de la Economía debería ser la desmercantilización de los alimentos, la que resulta difícil porque a diferencia de educación y salud, el productor principal no es el sector público. Por ello, el único camino disponible es que los alimentos se seguirán produciendo como mercancías y su carácter mercantil se debe eliminar en el camino.

Para avanzar en esta dirección proponemos aprobar y promulgar el derecho a la alimentación para toda la población en la Constitución y que el Ingreso Alimentario se haga realidad a través una ley. Se garantizaría a todos los habitantes un ingreso suficiente (en efectivo o en plástico) para adquirir alimentos y los medios para cocinarlos que le permitan nutrirse bien. En la opción plástica quedaría más claro el carácter desmercantilizador de la propuesta. Cada persona recibiría un monto mensual para alimentos. Por su magnitud tendría que empezarse por una cobertura parcial que se iría ampliando gradualmente hasta hacerla universal. Habría que trazar una estrategia para su implantación y expansión que garantizara que nadie pase hambre durante la crisis que se avecina.

Los beneficios de un programa agigantarían al gobierno que solo entonces podría hablar de Hambre Cero. La operación consiste en que el gobierno compre las mercancías- alimentos en lugares específicos y los entregue desmercantilizados a la población haciendo efectivo el derecho a la alimentación.

El gobierno negociaría precios directamente con los productores. Los precios de los alimentos se abatirían. Una vez convertido el gobierno en un comprador de este tamaño, obliga a los productores a mejorar la calidad de los alimentos eliminando de ellos las sustancias químicas que dañan la salud.

Si son revolucionarios ahí les pongo ese trompo en la uña.