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Para nadie es un secreto por ser pública, la decisión política del señor ex Presidente de la República de Nicaragua, Ing. Enrique Bolaños Geyer, de no asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea Nacional, sus razones no son de nuestra consideración. Esa decisión suya quiere ser esgrimida al margen de la Ley Orgánica del Parlamento, cuando se señala por un diputado miembro de la Junta Directiva, que basta el hecho de ausentarse por más de sesenta días continuos dentro de una misma legislatura sin causa justificada ante la Junta Directiva, para que el señor Bolaños haya perdido su condición de Diputado ante la Asamblea Nacional, y así lo piensa hacer constar ante la Fiscalía General de la República para lo de sus cargo, en el señalamiento de responsabilidad penal que la Contraloría General de la República acaba de determinar en contra del señor Bolaños. No estoy defendiendo oficiosamente al señor Bolaños por sus ausencias en la Asamblea Nacional, si me permito esta opinión es porque el derecho no puede ser retorcido por motivaciones políticas; por revanchismos o por odio de clase.

La Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, Ley 606, en su Artículo 24. Referido a las faltas definitivas y pérdida de la condición de Diputado, establece entre sus causales en el numeral 4 del precitado artículo: Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; pero esta causal no basta por sí sola, para considerar la pérdida de condición de Diputado, ya que el Artículo 25 de la Ley 606, establece el Procedimiento que se debe seguir, tanto en las causales relacionadas con la renuncia al cargo; el fallecimiento y la condena mediante sentencia firme, así como en el caso de la del numeral 4 que ya hemos citado.

En el procedimiento queda claro que la Junta Directiva integrará una Comisión Especial que conocerá del caso. Y que esta Comisión una vez integrada, tendrá setenta y dos horas para instalarse, notificando al Diputado dentro de las setenta y dos horas siguientes a su instalación, dándole audiencia para que dentro del plazo de tres días después de notificado exprese lo que tenga a bien y nombre su defensor si no prefiere defenderse personalmente.

La Comisión Especial abrirá el caso a pruebas por el término de ocho días contados a partir de la notificación al interesado, recibirá la prueba que se propusiere y vencida la estación probatoria emitirá su informe en un plazo no mayor de tres días, debiéndolo remitir sin tardanza a la Junta Directiva. Como podemos observar, hay todo un proceso que no termina una vez vencida la estación probatoria, ya que de conformidad con el texto del procedimiento, la Comisión Especial deberá emitir su informe en un plazo de tres días, remitiéndolo a la Junta Directiva.

El artículo señala que una vez recibido el informe por la Junta Directiva, ésta lo incluirá en el Orden del Día de la siguiente sesión, y que es el Plenario, vía RESOLUCIÓN, el que aprobará la pérdida de la condición de Diputado por mayoría absoluta de votos (47) de los Diputados que integran la Asamblea Nacional.

No es entonces la voluntad del señor Diputado miembro de la Junta Directiva, la que determina si el señor Enrique Bolaños ha dejado de ser o sigue siendo Diputado ante la Asamblea Nacional, es la Ley, en este caso, la Ley Orgánica del Parlamento, Ley 606 la que tiene la última palabra.


*Profesor UCN