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En las últimas semanas las noticias han estado enfocadas en observar la relación existente entre la Iglesia Católica y el Estado, particularmente con el Poder Ejecutivo. Un mayor auge de información se ha generado a partir de las fuertes críticas que han emitido algunos miembros de la Iglesia Católica en contra del fraude electoral municipal, también por la insistente solicitud de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que se realice un diálogo nacional con el gobierno, que hasta hoy no ha dado frutos positivos- y podemos sumar a lo anterior el apoyo que la Iglesia ha brindado a miembros de la Sociedad Civil organizada, quienes también han sido en los últimos meses perseguidos de una u otra forma por el gobierno.

Decía Montesquieu en su famoso libro Del espíritu de las Leyes: “el hombre piadoso y el ateo hablan siempre de religión: el uno habla de lo que ama, el otro de lo que teme”. Es difícil abordar temas relacionados con aspectos religiosos, pero ahora considero socialmente necesario emitir algunas pinceladas al respecto. No profundizaré si existe o no discrepancia entre el gobierno y la Iglesia, cada quien puede formarse un criterio propio partiendo de los últimos hechos acaecidos. Realizaré una pequeña reflexión de mi percepción acerca del rol que debe o debería de desempeñar la Iglesia, en relación con la situación actual que vive el Estado nicaragüense. La Iglesia está integrada no sólo por religiosos (sacerdotes, monjas) sino por todos aquellos fieles que practican la religión. La comunidad católica está representa por un 58 % en Nicaragua (INEC 2005).

La coyuntura actual demuestra un cierto nivel de hostilidad entre el gobierno y la jerarquía de la Iglesia Católica. Ambos lo niegan. Un gobierno democráticamente electo debe estar siempre dispuesto a satisfacer las necesidades de su pueblo y saber escuchar sus demandas. Pero, ¿es correcto que la Iglesia se inmiscuya en asuntos políticos?, cuando digo “inmiscuya” me refiero a emitir opinión pública. No cualquier tipo de opinión sino a aquella definida por el politólogo Giovanni Sartori (2005), que dice que “una opinión se denomina pública no sólo porque es del público (difundido entre muchos, o entre los más), sino también porque afecta objetos y materias que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común, y en esencia, la res pública”.

La pregunta anterior en sí es ambigua y puede ser respondida desde dos perspectivas. Una en contra y otra a favor. El grupo que está en contra de que la Iglesia Católica se inmiscuya en asuntos políticos ha tomado como referencia la palabra de Jesucristo cuando dijo: “Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios”, al mismo tiempo opinan que la acción de la Iglesia debería centrarse únicamente en temas que le competen, o sea a los meramente religiosos, y dejar la política para los políticos.

Otro sector –los que están a favor- de la sociedad considera que la Iglesia debe opinar acerca de las acciones del gobierno de manera constructiva, ya que el Estado (sus instituciones) no puede negar a los sacerdotes y feligreses su condición de ciudadanos y participación activa y abierta en el diálogo nacional. Considero que la opinión pública de estos grupos debe ser apegada a los principios básicos constitucionales de libertad de expresión, igualdad, asociación, entre otros. Yo me adhiero a este segundo grupo porque creo que no podemos renunciar a nuestra condición de ciudadanos –deberes y derechos- solo por profesar alguna religión o por ser miembro activo de una iglesia –sacerdotes, monjas, diáconos, etc. Cuando hay que criticar o emitir una opinión pública hay que hacerlo y más cuando está en juego el bien común.

He escuchado diversas opiniones en las que se menciona una posible división en la Iglesia Católica –aunque los obispos alegan lo contrario-. Por un lado se encuentran los que mantienen el apoyo a las directrices del gobierno y que dirigen la Comisión de Reconciliación, Verificación, Paz y Justicia que es encabezada por su eminencia Cardenal Obando y el otro (grupo) está integrado por aquellos que critican fuertemente las acciones del gobierno. Se ha llegado a tal grado que uno de ellos -Abelardo Mata- ha recibido amenazas de muerte, pero aún no se conoce la procedencia de las mismas. Para mí ambos grupos –si es que existen- han desempeñado un papel relevante en la sociedad porque estamos acostumbrados a usar y servirnos de la iglesia. Ejemplo de esta situación han sido los múltiples llamados que siempre se hicieron al Cardenal Obando para que sirviera de mediador en los diferentes conflictos que ha atravesado el país. La iglesia no es una marioneta que va a actuar según nuestros intereses sino que es un ente que aconseja, no mandata, pues no tiene competencia legal para hacerlo. Montesquieu también decía que “cuando hay muchos motivos de odio en un Estado, es precioso que la religión dé muchos medios de reconciliación”. Es lo que precisamente ha hecho la Iglesia Católica en diversas situaciones. Para muestra un botón: Casa de Chema Castillo (1974). Pero, tratemos de sacar de la historia de Nicaragua otros conflictos en el que los miembros de la Iglesia Católica han llenado de reconciliación al país.

Es de nuestro conocimiento que fue el General José Santos Zelaya en la Constitución La Libérrima quien estableció el Estado Laico y esto ha sido hasta el día de hoy respetado. Esto no quiere decir que se le deba poner un bozal a la iglesia para que no genere opinión pública, estoy en total acuerdo de que los sacerdotes orienten a la ciudadanía y aconsejen a los miembros del gobierno. La decisión última de aceptar o no el consejo será en todo caso del gobierno. No perjudica en nada escuchar las críticas ya que vivimos en un estado social y democrático de derecho en donde todas las instituciones formales e informales pueden emitir su opinión constructiva y de manera informativa. Esto quiere decir que no se deben de hacer comentarios y sugerencias “en el aire” sino hacerlas de manera propositivas y con una base sólida.


*molinamon@hotmail.com