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Desde que el partido Frente Sandinista asumiera el poder en Nicaragua en 2007, su militancia ha tenido un crecimiento exponencial. Hacia finales de 2006 este partido político contaba con un 38% del electorado nacional; lo que le permitió alcanzar el poder con este exiguo bloque de votantes cautivos, gracias a la visceral actitud oportunista de los principales líderes de la derecha que fragmentaron a la mayoría del electorado nicaragüense, tradicionalmente antisandinista.

Dos años después de asumir el poder, el Frente Sandinista cuenta entre sus filas de militantes a un poco más de un millón de ciudadanos en edad para votar y que portan el carné de afiliación al partido de las cuatro letras, tal y como lo declarara alegremente el señor Tomás Borge en una entrevista para Telesur. ¿Es esto producto de una ingeniosa estrategia expansiva por parte de la Dirección Nacional para aumentar la base de votantes? ¿Será, acaso, debido a una nueva articulación del rancio proyecto político sandinista que ha logrado seducir a las masas? ¿Se deberá, acaso, a las amenazas de despido y chantaje que hacen los cuadros sandinistas en el gobierno con la necesidad de trabajo de los miles de empleados públicos? ¿Se deberá al chantaje que hacen los operadores de los programas de asistencia social del gobierno que exigen que los beneficiarios se enrolen en el partido de gobierno para obtener algo de ayuda?
 
Sea cual fuere la explicación de este impresionante aumento en la afiliación sandinista, lo que queda claro es que el agresivo proceso de carnetización que han emprendido los operadores políticos en todas las instituciones públicas de Nicaragua y a través de los programas de asistencia social se da en un contexto de abuso en contra de la libertad de expresión y de los derechos políticos de los ciudadanos más pobres del país; así como en contra de aquellos que trabajan para el gobierno, quienes, para no perder su empleo, se ven en la necesidad de portar el carné sandinista como insignia ignominiosa de un sistema dictatorial implacable e ineficiente que lejos de crear nuevos empleos recurre al chantaje con los puestos de trabajo que genera el sector público para obtener réditos políticos a mansalva contra el pueblo empobrecido.

Lo ilógico en este proceso de afiliación forzosa al partido de gobierno es que, a pesar de contar con más de un millón de militantes, el FSLN tuvo que recurrir al fraude electoral descarado para poder apuntalar su posición política en las estructuras municipales. Un partido con tal cantidad de afiliados y seguidores cautivos barrería con en cualquier elección. No es eso lo que ha pasado.

El FSLN sigue pretendiendo engañar a la población o engañarse a sí mismo con estrategias como ésta, que menudo favor le hacen a la desprestigiada imagen de sus sempiternos líderes. Este partido sigue anunciándose como de tendencia izquierdista pero ha aprendido a la perfección las técnicas represivas y las estrategias de las más recalcitrantes dictaduras derechistas para sustentarse en el poder.

El planteamiento táctico que, desde el inicio del segundo gobierno del FSLN, han implementado sus maquiavélicos dirigentes-caudillos ha apostado por el debilitamiento institucional para poder abusar a sus anchas del aparato público. ¿A dónde puede ir el ciudadano común que, siendo empleado público, se ve forzado a enrolarse en un partido político que no es acorde con sus principios; todo por la necesidad de proveer el sustento a su familia? ¿Encontrará respaldo alguno en la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde nuestro flamante procurador de derechos humanos vive como la cantante colombiana: ciego, sordo y mudo?
La única trinchera desde la cual se podría tratar de contener el abuso del partido de gobierno es el legislativo. Urge la aprobación de una ley que cree un órgano independiente para la supervisión de la función pública. Es evidente la necesidad de reglamentar el funcionamiento del aparato público en lo que respecta a sus recursos humanos mediante una ley de servicio administrativo que regule el mecanismo de ingreso, como empleado, a las instituciones públicas. De esta forma se evitarían las ya famosas barridas que en cada sexenio se dan en Nicaragua. En cada cambio de gobierno los nuevos funcionarios públicos del gobierno electo le caen a las instituciones públicas como una verdadera plaga de mangostas que traen toda la prisa y el voraz apetito por consumir el presupuesto público.

La creación de un Ministerio de la Función Pública, tal y como existen dependencias para regular este aspecto en otros países como México, Colombia, Francia, entre otros, daría a los empleados públicos nicaragüenses una mayor estabilidad además de evitar estos abusos en contra del pueblo y sobre todo el chantaje que gobiernos como el del FSLN hacen a los empleados valiéndose de la necesidad del ciudadano común. Ocuparse de esto es un asunto de Derechos Humanos.


*Especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública.