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El proyecto de las reformas a la Ley del Colegio de Periodistas dejó de ser tema de discusión. Gracias a la pronta reacción mayoritaria del gremio en su contra, la bancada oficialista anunció que el proyecto pasaría a mejor vida. El retiro del apoyo oficial no le borra su pecado original, pues el proyecto buscaba controlar más directamente a los periodistas, y nació junto a los foros partidarios orientados hacia un objetivo fundamental: la reelección presidencial. Tan temprana conclusión la exige la verdad de que, durante tres años de gobierno, el orteguismo ha expresado mayor interés en sus negocios y en la reelección, que en gobernar para todos.

Que los periodistas partidarios del gobierno apoyaran la iniciativa de la diputada Martha Marina González, aparentando ignorar el objetivo reeleccionista, es secundario, porque tras lo mismo participan en los foros. Pero ya no podrán asociar la difunta iniciativa con la campaña de “purificación” del Colegio con una pretensión de poca legitimidad: creerse consagrados como profesionales por la formalidad de poseer un título académico. La demostración práctica de la correspondencia entre la calidad profesional y el cartoncito, no parece estar en su agenda.

Esa pretensión no se irá al cesto de la basura, junto al proyecto. Seguir viviendo en las nubes sin haber demostrado saber volar, es muy cómodo. Es posible que muchos de los más exigentes reclamantes del título académico se avergüencen de saber que en los orígenes del ejercicio del periodismo están los esclavos de la Roma imperial y, como es de imaginar, ninguno se graduó de periodista. En la práctica, el foro romano fue la fuente original de los primeros corresponsales esclavos. Su función era recoger información de las hojas –llamadas diurnas— pegadas en las paredes del foro, para sus amos de las provincias, necesitados de estar al día sobre las decisiones del poder central, las actividades políticas, de la economía y del comercio.

Este periodismo nació siglos antes de que existiera un público lector, pero la información de los esclavos-corresponsales adquirió una importancia vital para los esclavistas en su lucha por el control del poder. Y para quienes ejercían el oficio significó una remuneración económica importante, por lo cual muchos esclavos también ganaron su libertad. De esta forma, periodismo y libertad se asociaron y aún surcan juntos en el proceso histórico humano.

La historia también tiene sus paradojas: hubo casos en los cuales, al producirse el fin de la esclavitud, en algunos lugares donde los esclavos tenían garantizada la comida, por costumbre y por el sometimiento de siglos, no tenían otra forma de ganarla, muchos esclavos, al ser liberados –desconcertados e inconscientes— añoraban la esclavitud, y el hambre los impulsaba a vivar las cadenas. En la presente etapa histórica, en sentido figurado, muchos siglos después, aún hay periodistas que van a los foros y salen a vivar las cadenas y a exigirlas para todo el periodismo.

En Nicaragua estamos viendo esa paradoja. Varios sectores de profesionales, entre ellos un sector de los periodistas, llegan a los foros montados y financiados por el poder político dominante, a estrujarse el cerebro (no lo he inventado, ellos lo dijeron) buscando los recursos seudo legales para encadenar el periodismo a la voluntad de quienes dominan el Estado.

La sectarización de gremios y profesiones con los llamados foros es inseparable del afanoso proceso de intrigas políticas por la reelección, y es priorizado en detrimento de otras actividades gubernamentales que exigen hacer frente a los efectos de la crisis financiera internacional sobre nuestra pobre economía. La sectarización la efectúan de forma simultánea en las instituciones del Estado, los agentes políticos del orteguismo con una misma agenda: la reelección.

Los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia, cuya misión la encabeza Rafael Solís, tienen la tarea de proveer de fórmulas seudo jurídicas a los 38 diputados orteguistas y sus aliados –con los cuales no pasan de 46 y, estirando la cuerda, y ocasionalmente, llegan a 47—, para ver si logran enganchar a los diputados de otras bancadas para alcanzar la suma de los 56 votos necesarios para reformar la Constitución. Esta actividad no está separada de la negociación de tipo económico para este fin.

Los diputados orteguistas ven sus labores parlamentarias como de segundo orden y de poca importancia, porque su finalidad principal es conseguir los 56 votos, por medio de las fórmulas seudo jurídicas que elabora el equipo que dirige Rafael Solís. Los ejecutores de esta tarea son Edwin Castro y José Figueroa. Todo disparo es hacia la reelección de Daniel Ortega, no importa con qué argumentos, o con ninguno que merezca llamarse así, pero con arrogancia (“Léalo como usted quiera”, le dijo Castro a dos periodistas de END), porque el objetivo central no debe distraerse por nada.

Cualquier efemérides partidaria, nacional o internacional, le es propicia al orteguismo para promover la idea de la reelección, con la máxima carga de diatribas contra todo lo que se oponga. Personas, organizaciones y medios de comunicación son sus blancos preferidos o los más necesarios de atacar, según las circunstancias y los motivos del momento.

Utilizan los medios oficialistas como divulgadores de las actividades por la reelección, con una agenda inflexible: 1) atacar a todo opositor con las mismas armas de la difamación, sin distinguir matices ni grados de participación política; 2) en su óptica chata y escandalosa, todo el mundo aparece culpable de algo malo si no es partidario de la reelección; 3) loar sin medida cualquier cosa que haga el gobierno; 4) magnificar todo acto político orteguista: 5) lanzar consignas a sus partidarios sobre las actividades oficiales; 6) cuando se trata de actividades de oposición, presentarlas como peligrosas para la estabilidad social del país; 7) cualquier acto violento efectuado por las turbas orteguistas, transmitirlas en sentido opuesto a los hechos: los culpables siempre son los “agentes de la oligarquía” que pretenden sembrar el caos.

El gobierno Ortega-Murillo ha desplegado al mismo tiempo una política de presiones y movidas de influencias hacia el Ejército y más hacia la Policía, para el efecto de neutralizar su labor represiva contra la violencia de sus partidarios, ya que no le ha sido posible utilizarla abiertamente en contra de sus críticos.

De todo el aparato utilizado en pro de la reelección, sólo el proyecto de reformas a la Ley Creadora del CPN ha sido derrotado. Sigue latente la agresión a la unidad gremial, y por ello, también contra la libertad de expresión de los periodistas. La imposición del uniforme partidario a quienes temen el desempleo si se negaran a secundar la maniobra del oficialismo, es misión de los foros, y no crear conciencia. El llamado a la tolerancia que les hizo a los foros la ex presidenta de la UPN, Lily Soto, es contrario al objetivo por el cual fueron creados y, por ello, también extemporáneo.