Jorge Eduardo Arellano
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Tercero, la política de secretismo informativo y centralización de la información pública, institucionalizada desde el Ejecutivo, es contraria a cualquier práctica democrática, y más aún a una que se jacta de promover la democracia directa.

No se puede luchar de forma efectiva contra la pobreza, bajo un esquema de secretismo gubernamental.

No se pueden enfrentar con éxito las tragedias naturales, ni el hambre, sin libre flujo de información.

No se puede apuntalar la participación ciudadana, cuando los ciudadanos carecen de información sobre el proceso de toma de decisiones públicas, o se les excluye por razones de sectarismo político.

No se puede promover la democracia, cuando el poder se niega al debate público, y pretende imponer el monólogo como norma.

Por ello, demandamos que se establezca una relación libre y profesional entre los funcionarios del gobierno y los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Que cesen las represalias a los funcionarios públicos, que intentan cumplir con su obligación de informar. Y que desaparezcan las listas negras de medios y periodistas vetados en el acceso a la información pública.

Cuarto, la entrada en vigencia de la Ley de Acceso de a la Información Pública representa un avance institucional importante, para promover una cultura de transparencia en el sector público. Esta ley constituye una conquista ciudadana, resultado de una gestión sostenida de una coalición de organizaciones de la sociedad civil. A pesar de las resistencias introducidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, que pretendían usar la ley para regular el ejercicio del periodismo, la ley provee a ciudadanos y periodistas de nuevos instrumentos legales para fortalecer su capacidad de acceso a la información pública.

Sin embargo, aún no ha llegado la hora de la verdad, para demostrar si existe voluntad política de parte del gobierno para aplicar la ley de forma rigurosa.

El gobierno debería dar el primer paso publicando el reglamento de la ley y dotando a las instancias públicas de recursos para que cumplan con su obligación legal. Pero en última instancia, le corresponde a los ciudadanos y sus organizaciones, a los gremios, a los periodistas y a los medios de comunicación, poner a prueba la voluntad política del estado en la aplicación de la ley.

Quinto, constatamos que el gobierno del presidente Ortega mantiene una política discriminatoria en materia de asignación de la publicidad oficial. Contrario a los principios de la Declaración de Chapultepec, que suscribió el entonces candidato Ortega en el año 2001, la publicidad estatal continúa siendo utilizada como un instrumento para premiar o castigar a medios y periodistas.

Mientras en otras naciones, como Argentina, la Corte Suprema de Justicia estableció en septiembre del año pasado el precedente continental de considerar “censura indirecta” la discriminación de la publicidad oficial contra un medio de comunicación, aquí el Presidente se burla hasta de sus mismas promesas ofrecidas al Colegio de Periodistas. Mientras tanto, los recursos del estado que supuestamente deberían estar destinados a promover campañas de comunicación social, se concentran en promover el culto a la personalidad del gobernante y a fomentar la confusión estado-partido, a través de los medios oficiales.

Sexto, los medios de comunicación, en su condición de empresas, tienen la obligación de cumplir con todo lo establecido por las leyes y la constitución, sin ser objeto de ninguna clase de favoritismo. Pero constituye una práctica antidemocrática por parte del estado y la clase política instrumentalizar las leyes para imponer represalias contra los medios, utilizando de forma discrecional las instancias tributarias, aduaneras, de telecomunicaciones, o de cualquier otra índole.

Por ello exhortamos a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse y fallar sobre los recursos legales interpuestos en contra de la llamada “Ley Arce”, respetando los preceptos constitucionales.

Asimismo, instamos a los diputados de la Asamblea Nacional a legislar en materia de telecomunicaciones, para establecer un procedimiento transparente de asignación y renovación de las frecuencias radioeléctricas, que elimine la discrecionalidad política del Estado y brinde estabilidad a los medios de comunicación electrónicos. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen una responsabilidad histórica para priorizar la discusión y aprobación de los proyectos de ley que han sido presentados en defensa de la libertad de expresión.

Séptimo, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de contribuir al ensanchamiento de la democracia. Como decía Pedro Joaquín Chamorro Cardenal: “la libertad de prensa es necesaria pero no es suficiente para establecer un régimen democrático”. Se necesita, además, pluralismo político, elecciones libres y transparentes, un verdadero estado de derecho, control ciudadano sobre los gobernantes y rendición de cuentas, y sobre todo un régimen permanente de ampliación de los derechos ciudadanos
La labor de los medios en la construcción democrática no radica en pretender sustituir a los partidos políticos, a los tribunales de justicia, la Contraloría, o a la Policía, sino en ejercer una labor crítica y contribuir a la modernización de estas instituciones, para que cumplan cabalmente sus funciones. Pero para ser coherentes con la promoción de la democracia, los medios deberían propiciar en su fuero interno normas de conducta, reglas y Códigos de ética que promuevan prácticas y valores democráticos
Octavo, en Nicaragua los periodistas y los medios de comunicación gozan de alta credibilidad, en comparación con otras instituciones del estado. En buena medida, esto es el resultado de su labor de denuncia, como un especie de válvula de escape al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, resulta preocupante el abuso que cometen algunos medios que practican la llamada “nota roja”, en el tratamiento de la violencia, y el irrespeto recurrente a los derechos de la niñez, la discriminación contra la mujer y flagrantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Es imperativo concertar un acuerdo de autorregulación ética entre los medios, para restablecer su credibilidad. Su mejor defensa ante los acosos del poder consiste en una prensa creíble y responsable ante los ciudadanos. En consecuencia, exhortamos a la ciudadanía a ejercer una vigilancia crítica sobre los medios, para institucionalizar una cultura de debate y rendición de cuentas.

Noveno, a pesar de la política secretista del gobierno, durante este primer año de mandato del presidente Ortega, los periodistas, los medios y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel crucial en las investigaciones sobre corrupción pública y defensa de los derechos ciudadanos. Es cierto que cada vez que se denuncia un atropello, o se demanda transparencia, el gobierno responde con agresiones, calumnias, campanas de descalificación, y hasta se han producido casos de hostigamiento físico contra periodistas. Pero también es cierto que el periodismo nacional se ha mantenido firme y unido, haciendo fracasar las políticas de intimidación oficial. En ese compromiso en defensa de la libertad, no hay retroceso posible. Y hoy 10 de enero, llamamos a renovar ese compromiso, como el mejor homenaje que se puede brindar a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro
Décimo, Nicaragua atraviesa por una grave crisis institucional, que amenaza con desbordarse en un empeoramiento de la situación económica y social del país. La crisis del estado de derecho provocada por el irrespeto a la ley por parte del Presidente de la República y su instrumentalización del poder judicial, representa la más grave amenaza para las condiciones de pobreza y desempleo que padecen la mayoría de los nicaragüenses.

Porque sin estado de derecho, no hay salida económica posible.

Sin estado de derecho, no hay democracia viable.

Sin estado de derecho, no hay posibilidades de más inversión, generación de empleo y superación de la pobreza.

Sin estado de derecho está amenazada la libertad de expresión, y no hay garantías de respeto a los derechos ciudadanos.

Y sin estado de derecho todo el discurso oficial de la democracia directa queda vaciado de contenido, reducido a pura demagogia.

La existencia o no de un estado de derecho marca la diferencia que existe entre la democracia y el autoritarismo.

Entre la república de ciudadanos libres, por la que soñó y luchó Pedro Joaquín Chamorro, y la dictadura, que otra vez se quiere imponer en el país. Por eso, hoy diez de enero, a treinta años del magnicidio, nuevamente estamos convocados a proclamar, con Pedro Joaquín Chamorro: ¡Nicaragua volverá a ser República!
10 de enero 2008