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Pareciera que en cualquier país de los seis continentes, independientemente de sus abundantes recursos económicos o sus lastimosas miserias; su educación universitaria o su enseñanza relegada; sus óptimas condiciones de salud pública o lo deplorable de sus servicios; pareciera que, además de la globalización de las economías y la comunicación cibernética, lo que vincula a ciertos ciudadanos es el “derecho” a delinquir, aparentemente permitido por las leyes, enseñado por los comportamientos, y practicados con complacencia en las sociedades.

Al observar la conducta de líderes de gobierno, políticos, empresarios y comunitarios, se puede derivar que una mayoría optó por adherirse a las “mejores prácticas” de la “delincuencia autorizada”, pues su desempeño tiene muchas similitudes con los “capos de la mafia-organizada”. Este delictivo comportamiento genera una disyuntiva en la sociedad, donde algunos ciudadanos son atrapados por la frustración y la impotencia, provocadas por no poder hacer algo para corregir el actuar delincuencial de algunos líderes; y otros, empujados por la desnaturalizada pobreza material y de valores, siguen el torpe ejemplo de esos líderes.

En los sistemas penitenciarios del mundo determinados grupos están exonerados de culpa, sin importar la magnitud y naturaleza de sus delitos. Ellos transgreden las leyes, pero sus vínculos les permiten comprar impunidad y se convierten en intocables-privilegiados. En las prisiones hay criminales de toda naturaleza, la mayoría pobres, de educación marginal, condenados por robarse una gallina, traficar unos cuantos gramos de cocaína, emborracharse y hacer escándalos en la vía pública, pero ¿quiénes son responsables del estado calamitoso de la sociedad? ¿Quiénes deberían de estar privados de libertad?
Algunas causas que motivan a que exista esta licencia irrestricta que permite delinquir son: la ignominiosa codicia, esencialmente destructora del ser humano; el ejemplo pernicioso de los líderes; la imitación-extra lógica de las escenas del cine, y la invasión en los hogares de la TV, radios y medios escritos que divulgan violencia.

Independiente de su calidad cinematográfica, las películas Los secretos del poder, Sin lugar para los débiles, Sin nombre y Rescate del Metro 1 2 3, muestran de manera cruda la violencia del abuso de poder; del tráfico de influencias; de la corrupción pública y privada; del blanqueo de dinero; de la falsificación de documentos, de crímenes abominables; del tráfico de personas, drogas y armas; del abuso sexual y maltrato a mujeres, niños y ancianos, el crimen organizado, etc. Todas, salvajemente destructoras del individuo y del grupo social.

Después de los inhumanos episodios de la II Guerra Mundial y los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki, se incrementó el porcentaje de escenas brutales y sangrientas en el contenido de las películas, situación que se complicó al incorporarles la pornografía. Hoy, aún las películas para niños tienen connotaciones similares. Existe una teoría amenazadora sobre el cine “…la insensibilización, que sostiene que la violencia de las imágenes adormece la sensibilidad del público…”. Los conflictos armados, secuestros, terrorismo, desastres naturales, epidemias y hambre, “alimentan” a muchos usuarios del cine y la TV, ávidos de este tipo de programas. Las taquillas abarrotadas confirman esta preferencia.

Los niños en Nicaragua y el resto del mundo aprenden de la violencia y la pornografía antes de su primer año escolar o de ser alfabetizados. Lo que en una época fue una diversión propia para los niños, como son las películas de dibujos animados, hoy éstas son muy similares a las de los adultos: crudeza, violencia, brutalidad, furia, destrucción, etc. Condiciones comparables se ofrecen en los portales vía INTERNET.

La violencia desatada el pasado 29 de septiembre en la Alcaldía de Ciudad Sandino es comparable con una película frenética, salpicada de saña, destrucción, sangre y agresividad. Sobre esto hay que preguntarse: ¿Por qué las autoridades policiales que estaban presentes no evitaron los incidentes? ¿De qué forma la ciudadanía ha sido perturbada por estos acontecimientos? ¿Cuál sería el impacto en la población si las autoridades se abstuvieran de tomar acciones punitivas, correctivas y/o preventivas de esta hipotética decisión?
Las sociedades están en la más seria crisis moral y de principios de su historia, la que se ha venido cultivando conjuntamente con la caída estrepitosa del sistema financiero-económico mundial, convirtiéndose en algo crítico e inmanejable. Ante esta amenaza, los gobiernos deberían proteger a sus ciudadanos regulando el contenido de las producciones cinematográficas, TV, radio y otros medios. El asunto es de particular cuidado cuando se trata de información dirigida a la niñez y a los ciudadanos con menos escolaridad. Convendría que el “Observatorio de Medios de Comunicación”, que ha trabajado con profesionalismo e independencia, estudie el efecto que provocan las escenas violentas del cine y la TV en nuestra niñez y juventud.

La única salida para que los países restauren la conservación del individuo y su comunidad en condiciones de paz, justicia, equidad y dignidad humana, -razón original de su existencia- es volver a los principios básicos de religiones como el Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Budismo, Hinduismo y otras, antiguas y tribales. Es importante practicar rigurosamente los principios y valores de la religión que cada quien profesa. Para los católicos, el gran reto es transformar la sociedad en su conjunto, utilizando como eje central el mandamiento que Jesús nos diera “…que os améis unos a otros, como yo os he amado…(Juan 13,34)”. A partir de este principio deberemos constituir una sociedad fundamentada en la ética, equidad, justicia, caridad y solidaridad. Parte fundamental de este cimiento debe ser un corazón humilde y sencillo, que nos permita perdonar y aceptar a los demás.

La educación holística del individuo sería el agente generador de la transformación, acompañado de un plan maestro integral y una estrategia de país a corto, mediano y largo plazo, debidamente respaldada por todas las esferas y estratos de la nación.

Los ciudadanos que ejercen las “mejores prácticas” de la “delincuencia autorizada” deberían ser sometidos a un proceso de justicia ante una Comisión Especial, para luego vivir un compromiso de evangelización, que les permita transformarse en ciudadanos probos al servicio de la sociedad.


*CPA y Maestría en Administración Pública
arnoldormartinezr@hotmail.com