Martha Guadalupe Romero
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Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Sócrates (470 AC-399 AC)

Es ampliamente conocido que la justicia guatemalteca está llena de estadísticas negativas: Del 100% de los asesinatos cometidos solo un 73.52% llega a proceso; de estos solamente un 2% tiene sentencia firme. Las víctimas, los fiscales, jueces, testigos y otros sujetos procesales son amenazados y muchas veces asesinados por grupos amparados en la impunidad. Diariamente se producen 18 muertes por armas de fuego, lo que hace de Guatemala uno de los países más violentos del mundo. Casos paradigmáticos como las masacres cometidas durante el conflicto armado, el asesinato de la antropóloga Myrna Mack o el asesinato de Monseñor Juan Gerardi (1998), no muestran avances sustantivos debido a la enorme corrupción que impera en el organismo judicial guatemalteco.

Por esa razón, el Estado de Guatemala solicitó apoyo internacional a la Organización de las Naciones Unidas y se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo acuerdo de creación fue ratificado por el Congreso guatemalteco. El mandato de la CICIG establece que debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación, prestar apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas, principalmente al Ministerio Público en su labor de investigar y procesar a los individuos implicados en los grupos ilegales, hacer recomendaciones al Gobierno para la adopción de nuevas políticas públicas, mecanismos y procedimientos dirigidos a la erradicación de estos grupos y a fortalecer la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos básicos de sus ciudadanos y, dar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia.

Por ejemplo, la CICIG ha impulsado las investigaciones de los 16 nicaragüenses asesinados atrozmente en el oriente guatemalteco, zona de carteles del narcotráfico, donde la investigación apunta al involucramiento de policías con dichos carteles, así como también el asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg, por el que hace tres semanas fueron capturados los autores materiales y se avanza en la investigación de los autores intelectuales.

La Ley de Comisiones de Postulación fue aprobada por el Congreso el 21 de mayo de 2009. Esta normativa será empleada en los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Contralor General de Cuentas, Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, integrantes de Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral. La nueva ley establece que “las reuniones de las comisiones quedarán grabadas en audio y video y serán públicas, con acceso irrestricto a los medios de comunicación, misiones de observación internacional o de cualquier persona u organización” con el objetivo de garantizar la transparencia al momento de nominar a los candidatos.

Las comisiones de postulación deben trabajar sobre lo que la ley dispone, estableciendo un perfil mínimo de los y las candidatas, basado en:

“a) Criterios éticos: moral, honorabilidad, rectitud, independencia, imparcialidad;

b) Académicos: docencia universitaria, títulos académicos, estudios, ensayos, publicaciones, participación en eventos académicos y méritos obtenidos;

c) Profesional: requisitos establecidos en la constitución o leyes aplicables al cargo;

d) Proyección humana: vocación de servicio y liderazgo”. Todo debe ser debidamente comprobado con documentos, antecedentes penales, etc. La comisión debe elaborar una tabla de puntuación del 1 al 100, donde debe cuantificar numéricamente los 4 aspectos señalados.

1,105 expedientes fueron recibidos por las Comisiones, que durante varios días revisaron, evaluaron y calificaron. La mayoría eran funcionarios públicos y varios participaron para las dos categorías (suprema y apelaciones). En el ínterin, no faltaron las negociaciones paralelas, las presiones de los poderes fácticos versus las denuncias de la ciudadanía acompañadas por los medios de comunicación, sobre las personas que habiéndose postulado, tenían en su historial señalamientos de corrupción, conflictos de intereses y otros elementos que conforme la constitución y las leyes, impedían su nominación.

La semana pasada, una nómina de 26 candidatos fue entregada al Congreso de la República, para elegir 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La más alta puntuación puesta por las comisiones fue de 85 puntos y la más baja fue de 41, es decir nadie obtuvo la máxima calificación y muchos no pasaron del 50, es decir fueron aplazados literalmente. De los 26 nominados, ocho fueron señalados públicamente con nombre y apellido, tanto por la CICIG como por organizaciones de sociedad civil., asociaciones gremiales y otros sectores, como no idóneos para conformar la Corte Suprema de Justicia, por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y otras leyes.

En el congreso, la lucha se dio en primer lugar por el tipo de votación. La mayorìa de los diputados quería elegir por planilla y secretamente a los magistrados. La bancada de la UNE, partido de gobierno, en alianza con el FRG (Ríos Montt) LIDER, GANA y UNIONISTA (Álvaro Arzu) defendieron a capa y espada esta modalidad. El amparo no se hizo esperar ante la Corte de Constitucionalidad, que sentenció que la votación debía “realizarse en forma individual, votándose por cada uno de los candidatos que integran las nominas remitidas por las comisiones de postulación”. Sin embargo, la alianza mencionada ya había amarrado los nombres de los candidatos (as) en función de sus intereses particulares. La votación se dio a viva voz.

13 magistrados fueron elegidos por el Congreso y seis de ellos fueron nuevamente señalados. En conferencia de prensa, el Comisionado de la CICIG, confirmó los señalamientos emitidos por esta instancia contra los seis magistrados electos que integrarían la Corte Suprema de Justicia, para el período 2009-2014: Jackeline España, Manuel Pocasangre, Elda Nidia Nájera Sagastume, Thelma Aldana, Dimas Gustavo Bonilla y Mynor Custodio Franco.

Otro amparo llegó a la Corte de Constitucionalidad, la que conforme al artículo 207 de la constitución guatemalteca y la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos vigente, ordenó al Congreso en un plazo de tres días, “a recibir las pruebas fehacientes de cualquiera de los electos para integrar la Corte Suprema de Justicia, a reunirse sin demora y sin interrupción y decidir inmediatamente bajo su entera responsabilidad, votando de manera pública”. La Corte de Constitucionalidad ha sido amenazada de muerte.

La noche del 5 de octubre, las organizaciones de derechos humanos, el Comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras (CACIF), al lado de diputados honestos de bancadas minoritarias como la URNG, Encuentro por Guatemala y Nueva República, se plantaron frente al Congreso, para garantizar la entrega de las pruebas, tanto por parte de la CICIG, como de organizaciones vinculadas a casos de alto impacto.

Sergio Roberto López Villatoro, ex yerno de Efraín Ríos Montt, apodado el rey del tenis, por su historial como contrabandista de ese tipo de calzado, aparece públicamente señalado por ser el “operador” de los grupos ilegales para presionar y comprar votos en las comisiones de postulación y en el Congreso, con el fin de garantizar la impunidad en casos tales como: Rodrigo Rosemberg, ex Presidente Alfonso Portillo, ex Ministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, Monseñor Juan Gerardi, parlamentarios salvadoreños, las ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón, el asesinato del jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Víctor Rivera, las ventas de armas al narcotráfico local y otros casos de alto impacto. El informe de la CICIG señala que en el 2007, el rey del tenis financió una maestría de especialización en derecho penal en la Universidad de Sevilla a 15 funcionarios del organismo judicial. De estos, 10 son candidatos a cortes de apelaciones y tres a la Suprema. El rey del tenis ha admitido en una radio local, haber tenido reuniones con Sandra Torres, hermana de la esposa del Presidente Colom.

Despachos vinculados con adopciones clandestinas –en 2008 cinco mil niños fueron vendidos en Guatemala a un precio aproximado de cincuenta mil dólares cada uno-, a militares acusados de masacres y carteles de narcotraficantes, socios de empresas que han obtenido contratos millonarios con el Gobierno, denuncias de cohecho, actuaciones judiciales defectuosas, incumplimiento de deberes, obstaculización y denegación de justicia, coacción y amenazas, falsedad material, malversación, estafa, tergiversación, son entre muchas otras, las pruebas presentadas en contra de los señalados.

Ante la abrumadora presentación de pruebas en contra de seis de los elegidos, el Congreso reunido en forma permanente ha decidido consultar nuevamente a la Corte de Constitucionalidad sobre el mecanismo a seguir. ¿Debe haber una nueva elección o solamente se debe revisar el caso de los seis señalados? Los medios de comunicación dieron a conocer que tres de los señalados fueron llamados por la bancada de la UNE, para que renunciaran, pero estos se han negado rotundamente. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Ha sido un proceso sin precedentes. El sistema democrático está a prueba otra vez. Miles de ciudadanos opinan en los medios de comunicación escrita, radial y de televisión, repudiando la corrupción en las Comisiones de Postulación y en el Congreso. La gente dice basta a la impunidad. El Congreso Guatemalteco se encuentra desnudo ante la ciudadanía, que exige que sus diputados elegidos mediante el voto popular, respondan al clamor de justicia, eligiendo una Corte Suprema, capaz, honorable y sin vínculos con los grupos ilegales que han infiltrado el estado guatemalteco en perjuicio de la justicia y la paz del país. “…Si así lo hiciere, la patria lo premie; de lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande”.

matiguas@hotmail.com