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Durante la dictadura somocista, la Guardia Nacional, que ejercía la función policial, no llevaba registro sistemático ni confiable de la ocurrencia delictiva. No era esa una preocupación social ni institucional, cuyo énfasis estaba contra la disidencia antisomocista, los “delitos políticos” y la preservación del régimen mediante la represión, de tal manera que las conductas antisociales no eran de su interés. La sociedad tenía predominantemente otras inseguridades. En aquellos tiempos el enfoque sobre los derechos humanos, garantías y derechos de los detenidos y las víctimas, era una aspiración incipiente y carecía de aplicación práctica. Es hasta fines de 1979, hace treinta años, con la naciente Policía, que comienzan a desarrollarse nuevas prácticas policiales y un registro de datos sobre delitos. Al principio eran incipientes, incompletos, insuficientemente desagregados, pero poco a poco van incorporando mayor información, que aunque no es todavía conciliada entre las instituciones de la seguridad y la justicia penal, es una de las pocas series estadísticas con las que cuenta el país. Una necesidad contemporánea es la de un sistema estadístico interinstitucional que monitoree la violencia y la inseguridad ciudadana.

A partir de los registros de la Policía se puede valorar el comportamiento anual de la actividad delictiva en Nicaragua durante las últimas tres décadas. El primer dato consolidado corresponde a 1980, cuando se conocieron unas 38 mil denuncias, fue una tasa de 1,193 por cada 100 mil habitantes. La población del país para ese entonces, apenas llegaba a 3.2 millones de habitantes. Para 1990, las denuncias ascendieron a 28 mil, con una población de 4.2 millones, lo que indicaba una tasa de denuncias de 661 x cada 100 mil habitantes. El último año cerrado, 2008, las denuncias pasaron de 154 mil, con una población de 5.6 millones y una tasa x 100 mil habitantes de 2,730. La proyección no oficial para el año en curso 2009, estima concluir con 162 mil denuncias y alcanzar la tasa de 2,830. Si comparamos los extremos de estos años (1980 – 2008) tenemos lo siguiente: mientras la población se ha incrementado en 1.7 veces, las denuncias por delito lo hicieron en 6.8 y la tasa de denuncias x 100 mil habitantes en 4. Hay nuevos y variados delitos, la delincuencia local se ha agravado con los problemas del crimen transnacional, hay mayor complejidad de la delincuencia y mayor riesgo de las personas a ser víctimas, distinta vulnerabilidad entre los habitantes por razón del territorio, origen étnico, género, edad y posición socioeconómica, el hacinamiento poblacional, la desigualdad y exclusión socioeconómica continúa siendo un problema no resuelto y la causa principal de la violencia en sus distintas manifestaciones.

El comportamiento de los datos puede analizarse en relación con los sucesos históricos y sociales del país durante las tres décadas transcurridas. Al primer año del triunfo de la Revolución Popular Sandinista las tasas eran altas, seguramente los niveles de denuncia de la población aumentaron por la confianza social en el cambio. Se había pasado de la euforia revolucionaria al nuevo proceso de ordenamiento institucional, calificado como condiciones excepcionales que alteran el comportamiento criminológico (otras circunstancias pueden ser la guerra, epidemias y desastres naturales). Se observó un descenso significativo de las denuncias entre 1981 y 1983, fueron años de paz, alfabetización, reordenamiento social y acomodo institucional. En 1983, Nicaragua registró los niveles delictivos más bajos de su historia, una tasa nunca más vista de 241 casos x cada 100 mil habitantes. El recrudecimiento de la guerra pudo aumentar la cifra oscura ante la reducción de la policía de su capacidad de cobertura del territorio nacional, además de la movilización de jóvenes en labores sociales, productivas, los batallones de reserva y el Servicio Militar, se observó incremento de las denuncias por delito hasta 26 mil en 1989, llegando a ser todavía menor a la cantidad inicial de 1980.

Aunque condiciones políticas, militares, sociales e institucionales desde las elecciones generales de 1990 cambiaron, subsistieron grupos armados irregulares en ciertas partes del país, generando violencia, emboscadas, homicidios y secuestros. La delincuencia transnacional principalmente el narcotráfico, incrementó su presencia en el país haciéndose más evidente a mediados de la década del noventa, se manifestó la violencia juvenil, se redujo la capacidad de los órganos policiales y militares, los controles institucionales fueron flexibilizados, se privatizaron muchos servicios públicos y se redujo el control estatal. El incremento de las tasas delictivas fue constante, observando una leve desaceleración en 1995. La década actual muestra un salto cuantitativo y cualitativo del delito. Formas complejas y organizadas no son ajenas a nuestra realidad suscrita al ámbito de integración regional y ante la presencia de mafias internacionales que ocupan el territorio como tránsito y destino, a pesar de que Nicaragua no llega a los niveles de violencia del Norte de Centroamérica, conservando una de las más bajas del istmo, sus cifras de inseguridad son crecientes. Los problemas de la convivencia social y el no abordaje oportuno de la causalidad delictiva, incrementan la violencia criminal. Lo más favorable de la década en curso fueron los años 2000-2003. Una mayor aceleración se observa a partir del 2004/2005 lo que es evidente si se valoran las características de los delitos, el uso de la droga y las armas de fuego para cometer robos con intimidación y homicidios. Es insuficiente analizar el problema solamente desde la variación anual de las denuncias por delito, es conveniente desagregar la “calidad”, gravedad y complejidad de esos delitos, identificar cual fue la variación de los casos más graves como homicidios, robos con intimidación, secuestros y violaciones. Durante los últimos cuatro años los delitos conservan tendencia creciente lo que está indiscutiblemente relacionado a la multicausalidad social, a factores institucionales y a la problemática transnacional. Las complejidades históricas, políticas y militares internas pueden alterar el comportamiento de la delincuencia en Nicaragua. La sociedad actual es de características distintas, los problemas se globalizan, las costumbres y la convivencia se ha modificado, la prevención es urgente, requiere abordar la causalidad y no sólo de los efectos visibles.


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