Lic. Valentín Barahona Mejía
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Sigue en el plano nacional el debate, entorno de la reforma al artículo 147, ordinal 4, inciso a), de la Constitución, el que preceptúa: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Este precepto constitucional es producto de la reforma efectuada por la Asamblea Nacional, con la ley No. 192 en el año 1995. Antes de esa reforma, la Constitución de 1987, no establecía limitaciones en materia de reelección presidencial. Por esa razón Daniel Ortega, siendo Presidente de la República, en el período 1984-1990, pudo postularse como candidato para las elecciones presidenciales del 25 de Febrero de 1990, en las cuales fue derrotado por la coalición de partidos políticos agrupados en la UNO.

A la fecha, a Ortega, le han fallado sus tácticas, para conseguir una reforma a la Carta Magna. El primer esfuerzo en el Parlamento Nacional, lleva meses sin resultados concretos. Se especula que el partido de gobierno tiene asegurado 48 votos, pero no ha llegado a la codiciada meta de los dos tercios. Por lo que se deduce que la Asamblea Nacional, como trinchera, se encuentra políticamente desgastada, pese a las diversas variables como renunciar a un cambio de sistema parlamentario, proponer el referendo revocatorio, todo ha sido en vano, por lo que se estima que los diputados del parlamento no están dispuestos a pagar el alto costo político, que implica reformar la constitución política, para ponerle en bandeja de plata a Ortega, una tercera postulación presidencial.

Ante ese escenario deprimente, los operadores políticos del gobierno, los cuales muestran un desmesurado interés en las reformas, están estudiando otras opciones. Los estrategas del oficialismo se rebanan los sesos, y están considerando copiar mecánicamente la experiencia costarricense. En ese país la Asamblea Legislativa, a Óscar Arias, le rechazó una segunda postulación presidencial, por lo cual Arias, interpuso ante Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad, contra la denegatoria de la Asamblea Legislativa. El tribunal constitucional falló a favor de Arias, lo que le permitió a éste, postularse como candidato presidencial.

La experiencia tica, está siendo seriamente considerada como una opción por el Presidente Ortega. De manera que la reforma constitucional, podría cambiar de cancha, pasar del parlamento nacional al Poder Judicial. Pero para conseguirlo, antes hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo proyecto ya se encuentra en la cañería del Poder Legislativo, lo que se pretende es modificar el quórum de Corte Plena y de las diferentes Salas. El objetivo es que la Corte Plena, pueda sesionar y resolver con la mitad de sus miembros y no con dos tercios que en la actualidad establece la ley. Si bien es cierto que ley del Poder Judicial, es una ley ordinaria, la que es factible reformarla, haciendo quórum con 47 diputados, de tal suerte, que con 38 diputados o menos votos la ley puede ser objeto de reforma.

Verificada la reforma a la Ley No. 260, el siguiente acto será presentar la candidatura presidencial de Daniel Ortega, ante el Consejo Supremo Electoral. Por lógica elemental el CSE, de entrada rechazará dicha candidatura, por ser notoriamente improcedente. Aquí entra la tercera fase del plan. Una vez notificada la resolución, Ortega interpondrá ante un Tribunal de Apelaciones de su preferencia un Recurso de Amparo Administrativo, alegando que se le están violando sus derechos constitucionales, que todos somos iguales ante la ley. En el amparo pedirá a los magistrados la suspensión del acto. El Tribunal de Apelaciones, dará al recurso un trámite especial, dictará resolución a la velocidad de un rayo, en el cual de oficio mandarán a suspender el acto reclamado. El resto será la crónica de una muerte anunciada. La Sala Constitucional de la CSJ, redactará un proyecto de sentencia favorable a los intereses del recurrente, pues ya está finiquitado que el quórum de Corte Plena, es con un cincuenta por ciento, ocho magistrados sandinistas, éstos dictarán sentencia declarando con lugar el recurso de amparo, y en el Por Tanto, declararán: que es absolutamente inconstitucional, el ordinal 4, inciso a) del artículo 147 de la Constitución Política. De esta manera dejarán sin efecto, la reforma constitucional que hizo la Asamblea Nacional en el año 1995.

Sería una aberración jurídica, que todo lo descrito, se llegara a materializar en este país. Jamás en la historia constitucional de esta Nación, tribunal alguno, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, ha tenido la osadía, audacia y el valor suficiente, para que mediante una simple sentencia judicial, se reforme un artículo, un precepto, un principio de la constitución política. Lo que la jurisprudencia nacional, la doctrina y el derecho comparado de otros países, han reconocido invariablemente, que la única manera para derogar un determinado artículo de la Carta Magna, es conforme al procedimiento que establece la misma Constitución, en la cual se dispone que cualquier reforma a la ley suprema de la Nación, sólo es posible con el sesenta por ciento de los votos de los diputados del Parlamento Nacional.

Sería un adefesio jurídico que una institución, órgano o poder distinto al Poder Legislativo, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se arroguen una facultad constitucional que no tienen. Los conocedores de la ley, saben perfectamente que en materia de derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen. En otras palabras, si los diputados de la Asamblea Nacional, fueron los que reformaron el ordinal 4, inciso a) del arto. 147, de la constitución en 1995, entonces sólo el Poder Legislativo es el único que tiene la competencia y la potestad de efectuar cualquier reforma a la Carta Magna.

La práctica forense nacional nos enseña que la Corte Suprema de Justicia, tiene como atribución en materia constitucional, declarar la inconstitucionalidad de una ley ordinaria, que se oponga, altere y contradiga un precepto de la Constitución, pero de ninguna manera pueden ni tienen la facultad, para reformar la Carta Magna mediante una resolución judicial. Es más, si llegara algún recurso de amparo, con lo que se pretenda poner entredicho un precepto constitucional, es deber y obligación de los magistrados de la CSJ, defender la Constitución con la misma Constitución. Es absolutamente falso lo que aseveró en un medio de comunicación social, el magistrado Rafael Solís, que en Estados Unidos, la Suprema Corte, tiene más poder que el Congreso, que los magistrados de ese país mediante sentencias han derogado artículos de esa Constitución, eso es una vil mentira, lo que la Corte de Estados Unidos, ha hecho en materia constitucional es interpretar la Constitución, que es muy distinto que reformarla o derogar sus preceptos.

En el caso de nuestro país, los magistrados deberían de leer y aprenderse de memoria lo que estatuye el artículo 183 de nuestra Constitución que dice: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario, tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. La precitada norma constitucional simple y llanamente quiere decir, que el poder que tiene la CSJ, como representante del Poder Judicial, no es absoluto, que dicho poder tiene sus límites. En otras palabras el Poder Judicial no puede invadir esferas y competencias de otros poderes de Estado. Ahora bien, si se revisa el arto. 164 de la Constitución, donde se consignan las atribuciones de la CSJ, por ningún lado aparece que los magistrados de la CSJ, tengan la atribución de reformar la Carta Magna, mediante una simple y espuria sentencia judicial. En conclusión, cualquier cosa que pretendan los operadores políticos de Ortega, en complicidad con los magistrados de la CSJ, contra la Constitución política, constituiría un flagrante delito contra la misma Constitución política de Nicaragua.

*Abogado y Notario