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En una comunidad lingüística, como la hispanohablante, la lengua constituye una variedad de usos lingüísticos porque todos ellos forman – como afirma Eugenio Coseriu en sus Lecciones de lingüística general- un conjunto más o menos complejo de “dialectos”, “niveles” y “estilos” de lenguaje. De todas estas variedades hispanohablantes, una de ellas se convierte en el grupo de mayor prestigio y acaba imponiéndose en el uso culto como modelo para toda la comunidad y, por ende, como referencia a todos los hablantes, con independencia de la variedad o variedades que cada uno emplee. Este modelo sirve, además, como fuente y base fundamental para fijar la norma, es decir, el conjunto de usos lingüísticos que se consideran correctos.

Cuando la variedad de la lengua constituida como modelo o variedad estándar se ajusta a esa norma, se denomina lengua estándar o lengua común, la que usan los medios de comunicación, los profesores, los profesionales, los académicos. Es la lengua de todos los días con independencia, como dijimos, de las variedades dialectales que caracterizan a cada comunidad lingüística. ¿Cuál es el propósito? Emplear un modelo de lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales y los usos escritos y formales que permita cohesionar política y socialmente la gran comunidad lingüística hispanohablante.

La política lingüística panhispánica

Hace algunas décadas, la lengua estándar respondía a un criterio unitario monocéntrico, como el caso del español peninsular, con la lengua madrileña como modelo, y orientada por criterios lingüísticos de un solo organismo normativo, como el caso de la Real Academia Española. Razones tenía el filólogo Carlos Cagini, quien consideraba como “insolencia académica” un hecho como el que comenta: “En la última edición del Diccionario (1899) nos sale la Academia imponiendo que escribamos y digamos quichúa o quechúa, cuando en América, nosotros, los dueños de la palabra, hemos durante siglos y siglos dicho y escrito quechua y quichua”. Un conflicto social y político, derivado del carácter excluyente de la lengua estándar.

En los últimos años, la Real Academia Española y las veintiuna Academias de América y Filipinas que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española vienen desarrollando una política lingüística que implica la colaboración de todas ellas, en pie de igualdad y como ejercicio de una responsabilidad común, en las obras que sustentan y deben expresar la unidad de nuestro idioma en su rica variedad: el Diccionario, la Gramática y la Ortografía. Rafael Lapesa, por su parte, sostenía que para mantener la unidad fundamental de la lengua, su homogeneidad básica, «es preciso que los hispanohablantes de unos y otros países, nos oigamos mutuamente hasta que el uso normal de cada país sea familiar para los otros». Como dijo el Rey Juan Carlos en una ocasión: “Lo que nos diferencia es precisamente lo que nos complementa y enriquece”.

En la actualidad, se ha superado la idea de que el español peninsular es el modelo, frente a las variedades americanas. Ahora no. Porque todas las variedades hispánicas están en el mismo nivel de validez y de respeto y todas juntas, con la Real Academia Española, analizan y discuten el camino que lleva nuestro idioma común. Hay hechos concretos: el Diccionario panhispánico de dudas (2005) y dos obras que en breve verán la luz pública: la Gramática panhispánica y el Diccionario de americanismos. Y hay más ejemplos, porque la nueva Ortografía, y la nueva edición del Diccionario de la lengua española se están preparando igualmente con el consenso de todas las Academias.

 Ahora, repetimos, es una realidad el hecho de confiar a las Academias la responsabilidad de fijar la norma que regula el uso correcto del idioma. Pero esta norma no tiene, como antes, un eje monocéntrico, como el caso de Madrid. En 1980, Dámaso Alonso escribió: “En el siglo XIX era idea general la de que los españoles éramos los amos de nuestra lengua”. Ahora, estamos hablando de una norma hispánica general o del nuevo estándar panhispánico policéntrico del español, formado a partir de la selección de variedades cultas que son, como dice Miguel Lope Blanch, las que “rigen prioritariamente la vida de las lenguas de cultura”, y preferentemente de registros escritos de todo el ámbito hispanohablante.

Es un hecho comúnmente aceptado que el español actual, además de policéntrico, es “multipolar”, pues algunas de esas variedades nacionales y regionales son también focos de irradiación de características lingüísticas y de normas de corrección, difundidas por su prestigio socio-político y sus medios de comunicación, como la industria editorial. Es el caso de Madrid y Barcelona en España, y las ciudades de Buenos Aires, Bogotá y México en Hispanoamérica.

No olvidemos que cada variedad lingüística de Hispanoamérica tiene su propia validez, y se rige por una norma culta particular válida, sin negar la validez de las otras normas. Pero son normas cultas nacionales. Por encima de esas normas propias de cada comunidad lingüística, existe una norma no específica ni identificada con las normas nacionales: ni con la norma culta de España, ni la de México, ni la de Colombia, ni la de cualquier comunidad lingüística hispanoamericana. Por esa razón se consideran, pues, plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área, y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto, esto es, que ponga en peligro su unidad. Por ejemplo, conferenciante es correcto de acuerdo con la norma de España y conferencista es correcto de acuerdo con la norma hispanoamericana. Profesionista es correcto de acuerdo con la norma española, y profesional de acuerdo con la norma culta de México, Nicaragua y otros países hispanoamericanos.

Y es que la lengua, como fenómeno social, no es solamente instrumento de comunicación, sino expresión de cultura, que nos identifica y define como individuos y como miembros de una colectividad.


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