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Observando los recientes acontecimientos que afectan a la hermana República de Honduras, recordé la tesis del Señor Thomas Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos de América y autor de puño y letra de la Declaración de Independencia de las colonias norteamericanas ante el poder de la Monarquía inglesa.

En dicha tesis el Señor Jefferson refiere que siendo que las “leyes son para los vivos”, toda ley debería ser revisada y/o cambiada cada veinte años, ya que, según Jefferson se puede calcular un ciclo de vida de las personas que al llegar a los 21 años de edad tienen una esperanza de vida de unos 34 años más. Haciendo un cálculo entre los que nacían y morían en el mismo día, Jefferson calculaba un porcentaje de los vivos que fallecían de conformidad con estadísticas de la época. Concluyendo que una nueva generación estaba en pleno apogeo cada veinte y tantos años, y que, esa nueva generación, no tenía porqué estar sometida a las reglas acordadas y establecidas por generaciones anteriores.

Tal tesis, me parece, sirve para analizar el caso hondureño, en el que una disposición Constitucional de 1982 pareciera no permitir posibilidad alguna de cambio en la Norma Jurídica que prohíbe y más bien sanciona todo accionar que puede significar incluso la intención misma de reformar la prohibición de la reelección presidencial. Es decir la generación hondureña de 1982 aprobó una normativa de carácter eterno.

La tesis de Jefferson avalaría un intento de reforma a tal precepto constitucional, una vez han pasado más de 20 años (2009) de su aprobación por la generación de esa época pasada y cuyos componentes, en un alto grado, posiblemente ya no estén entre los vivos.

El problema se presentaría al analizar la forma en que se intentó iniciar un proceso de consulta que, a todas luces, culminaría en una iniciativa de reforma a la disposición constitucional actualmente vigente y prohibitiva. Pero ello es un asunto interno que, confiamos, los hondureños sabrán valorar y solucionar.

Esta reflexión nos lleva a señalar que en el caso de Nicaragua tenemos una Constitución que pasa de los 20 años de vigencia (1987-2009) y que, habiendo surgido de un proceso revolucionario, está lejos de reflejar la realidad política, económica y social de la Nicaragua de hoy, la Nicaragua del Siglo XXI. Además, tendríamos que hacer una elucubración al estilo Jefferson para calcular cuántos de la generación de los 80 han dejado este mundo y, lo más importante, cuantos más conforman la generación actual, y si ésta se siente satisfecha y confortable con la normativa vigente.

Las diversas reformas constitucionales hechas a la fecha no han resultado en la estabilidad y gobernabilidad ofrecida. Más bien han tenido el efecto perverso de partidarizar las instituciones fundamentales del Estado, como los Poderes Judicial y Electoral así como la Contraloría Colegiada, a tal punto que en dichas instituciones funcionan bancadas partidarias, (PLC y FSLN), y no profesionales, objetivos y dedicados al desempeño de las funciones que la misma Constitución les ha encargado. Dichas instituciones lejos de funcionar al servicio de los nicaragüenses operan solo en beneficio de su caudillo o de su partido. Lo que podría implicar acciones desligadas de la legalidad vigente.

Tal situación anómala no abona a la Estabilidad ni a la Gobernabilidad del país, y por ello clama por una revisión profunda, integral y drástica. En Nicaragua, no tengo la menor duda, la tesis del Señor Jefferson nos indica el camino a seguir: impulsar un proceso de Reforma Constitucional Total que busque el consenso de todos los sectores del país a efectos de darnos una normativa fundamental que armonice el funcionamiento de los distintos poderes del Estado y que, de una vez, defina el futuro de Nicaragua por los próximos 20 años, a lo menos.


Granada, octubre 2009
* Secretario PRN