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El pueblo de Nicaragua nuevamente fue sorprendido y golpeado contundentemente en sus fibras morales y políticas cuando en horas de la noche del lunes diecinueve de octubre del corriente, frente a los medios de comunicación social, el magistrado Francisco Rosales Argüello dio lectura a una resolución dictada por la Sala Constitucional, en la que declara con lugar un recurso de Amparo interpuesto por el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, en contra del ordinal 4, inciso a) arto. 147 de la Constitución Política que prohíbe la reelección presidencial, para las elecciones generales del año 2011.

El adefesio jurídico firmado por los magistrados sandinistas Francisco Rosales, Rafael Solís, Yadira Centeno, Armengol Cuadra, Juana Méndez y Ligia Molina, constituye un severo golpe a la constitución política de Nicaragua y una expresa violación a la Ley de Amparo que tiene rango constitucional. Además de la violación de los procedimientos de forma en que tuvo que incurrir el Presidente de Sala, Rosales Argüello, pues éste violó la ley orgánica del Poder Judicial, ya que convocó a integrar quórum de sala con magistrados que no son titulares de la Sala Constitucional (Armengol Cuadra y Juana Méndez), no convocó a miembros pleno de sala, magistrado Iván Escobar Fornos, Sergio Cuaresma y Damisis Sirias, por ende, al violarse los procedimientos establecidos en una Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley adjetiva, de orden público, Ley No. 260, todo lo resuelto por la sala, es nulo con nulidad absoluta, en consecuencia el adefesio jurídico, a favor de José Daniel Ortega Saavedra, no tiene ninguna validez, valor y efecto legal alguno, por tanto ninguna Institución o funcionario público o ciudadano está obligado en este país a respetar, mucho menos a acatar lo dispuesto en la espuria resolución.

Los magistrados del poder judicial, tanto del Tribunal de Apelaciones de Managua, como los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional, en forma burda dieron curso a un recurso de Amparo que es evidentemente improcedente, primero porque el escrito de interposición fue presentado por un Apoderado Especial, Eduardo Mejía Bermúdez, en nombre y representación de Daniel Ortega, cuando la Ley de Amparo en su artículo 23, establece que este tipo de recursos sólo puede interponerlo directamente la persona agraviada, es decir, quien debió comparecer ante la Sala Dos Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua era el propio Daniel Ortega y no el apoderado especial. Por otra parte la misma Ley de Amparo en el artículo 42 establece que en el caso que el recurrente sea un funcionario o autoridad, éste no puede ser representado en el Recurso de Amparo. Por manera que siendo Daniel Ortega una autoridad, éste tenía obligatoriamente que presentar el escrito de amparo, en consecuencia, la resolución de la sala Constitucional tiene vicios de forma y de fondo que la convierten en una resolución inaplicable. El recurso de Amparo, en alguna forma se parece el juicio de Divorcio por la vía unilateral, pues la ley señala sólo el quiere divorciarse es el que puede presentar el escrito de demanda ante el Juez competente, caso contrario a la demanda no se le dará curso.

La Ley de Amparo actual, tuvo una reforma por la Asamblea Nacional, en base a la ley No. 205, y en su artículo 2, meridianamente contempla que no se puede recurrir de Amparo contra la misma Constitución Política, pero aún así los dignos y honorables magistrados desconociendo e ignorando lo dispuesto en una ley que tiene rango constitucional, acogieron el recurso contra un artículo constitucional, lo declaran inaplicable, con lo cual tácitamente lo derogan, virtualmente despejan el camino al actual mandatario corra como candidato presidencial para las próximas elecciones generales del 2011.

Los argumentos y alegatos que esgrime el magistrado Francisco Rosales, para justificar lo injustificable, se funda en una aparente antinomia que existe entre el arto. 2 y 147 de la Constitución Política. En el primero se habla de que la soberanía descansa en el pueblo y el segundo se prohíbe a un ciudadano postularse como candidato presidencial, de manera sucesiva o cuando ya fue presidente por dos periodos. Lo que el magistrado no dice en sus argumentos es que el mismo arto. 2 Cn., establece que la soberanía también descansa en los representantes elegidos por el pueblo, por medio del voto popular, directo, libre y secreto, en este caso los diputados que integran la Asamblea Nacional. De manera que si los diputados del parlamento nacional en el año 1995, decidieron reformar la Constitución Política, estableciendo una prohibición en el arto. 147, por lo cual prohíbe la reelección, esa decisión es soberana, es la voluntad expresa del pueblo representado por sus representantes, en este caso los diputados, y solamente a dichos diputados, les compete cambiar o modificar el precepto constitucional.

El otro argüido del magistrado Argüello es la declaración universal de los derechos humanos, aprobado por la ONU, en diciembre de 1948, que contempla el derecho a elegir y ser electo. Se alega que esa declaración está siendo violada por la Constitución de Nicaragua en su arto. 147. Es preciso destacar que Daniel Ortega ya fue Presidente de Nicaragua en 1984 y en la actualidad ejerce la primera magistratura, producto de las elecciones del año 2006, en este sentido a este ciudadano no se le está violando ningún derecho, muy por el contrario Daniel Ortega ha incurrido en un completo y soberano abuso de ese derecho, pues lo que pretende el actual gobernante es ser presidente de Nicaragua, por siempre y para siempre, y ninguna otra persona dentro de su partido le quiere dar la oportunidad de ser candidato presidencial.

Ante semejante coyuntura, que tiene en crisis institucional a la nación cabe preguntarse; ¿Qué hacer? Pues según el magistrados Rosales Argüello, la resolución dictada por la sala constitucional es irreversible, en otras palabras que los nicaragüenses vamos a tener que bebernos el trago amargo de otra candidatura presidencial de Daniel Ortega.

Es obvio que las fuerzas políticas de oposición, no se van a quedar con los brazos cruzados ante esta situación, se verá palpablemente de qué madera está hecha la oposición política en este país. El pueblo podrá observar si lo actuado por Ortega y sus magistrados en la CSJ, tiene la complicidad de Arnoldo Alemán y los dirigentes del PLC. Si los magistrados del PLC, actuaron de común acuerdo, si los del PLC, en la CSJ, se están haciendo los tontos o para avalar esta nueva trama contra la Constitución Política.

Estimo que hay que impulsar las siguientes acciones: 1) Siendo ilegal la resolución y el quórum de la Sala Constitucional, en este caso los magistrados liberales en la CSJ, moralmente no están obligados a respetar esa resolución, ellos deben auto convocarse y dictar otra resolución en sentido adverso, deben invalidar y declarar ilegal todo lo actuado por sus colegas, los magistrados sandinistas, lo anterior no es descabellado, ya que existe jurisprudencia y antecedentes sobre este asunto en otros Tribunales y en la CSJ; 2) La oposición política en la Asamblea Nacional, deben preparar sendo escritos para interponer directamente ante Corte Suprema de Justicia, el recurso constitucional por conflictos de competencia y de constitucionalidad entre Poderes de Estado, de acuerdo al ordinal 12, arto. 163 de la Constitución Política; 3) Hay denunciar en los foros y organismos internacionales este atropello a las leyes y la constitución política de Nicaragua; 3) Hay que llamar a una movilización pacifica y masiva de la población, instando a la desobedecía civil, entre otros ha no pagar impuestos ni atender las disposiciones del poder ejecutivo. En fin son tantas las posibles alternativas, todo depende del garbo y la disposición que los sectores de la oposición, puedan ejercer contra la dictadura de la familia Ortega Murillo.


*Abogado y Notario Público.