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El día primero de octubre recién pasado, se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor en la Asamblea Nacional, con un acto en el Salón Rubén Darío, del Teatro Nacional, al cual asistieron más de cien personas de las asociaciones “Unidad Nacional del Adulto Mayor” y “Apeconic”, y unos pocos diputados.

Días antes, nuestra asociación, “Unam”, había enviado carta al presidente de la Asamblea Nacional, solicitándole que en ese acto se le permitiera la intervención de unos minutos a un representante suyo, para que expusiera sus criterios sobre la realidad del adulto mayor y acerca de la decisión del INSS de negarse a entregar la pensión reducida de vejez.

Desde el inicio del evento, nuestros representantes consideraron un insulto para los adultos mayores, por el hecho de que al abordar ampliamente sobre un proyecto de “Ley para las personas adultas mayores”, se obviaron los problemas reales de este sector social. Por ello, nuestros representantes decidieron retirarse del acto, pero antes dejaron sentada su protesta por esa arbitrariedad. Notamos que en el proyecto de la nueva ley, se ratifica una serie de artículos de la Constitución Política de Nicaragua –que son letra muerta— y de la ley orgánica del INSS 539, cuya aplicación fue retenida por órdenes del Fondo Monetario Internacional, por la Ley Marco y por la Corte Suprema de Justicia.

Como es costumbre, el doctor Roberto López Gómez, presidente del INSS, menospreció los asuntos de los adultos mayores al no hacerse presente en el evento, pese a que, por ser el cargo principal de esta institución, él tiene mucho que responder por las arbitrariedades que se están cometiendo con nosotros. Es un funcionario prepotente, a quien sólo le gusta asistir a las actividades de la presidencia de la república, y huye de la relación con los afiliados al INSS y mucho más con los adultos mayores.

Los miembros de nuestra asociación se preguntan: ¿por qué los diputados se dan a la tarea de crear nuevas leyes y proponer costosas estructuras burocráticas, si nadie ha podido hacer que el INSS cumpla con la ley que le rige, como entregar la pensión reducida de vejez, como lo establece el artículo 49 y lo remarca el artículo 56 de la Ley General de Seguridad Social? Este artículo 56, fue derogado por doña Violeta Barrios de Chamorro, y transcurridos quince años, el INSS retiene el dinero de las personas que tienen más de 250 cotizaciones y han sobrecumplido la edad de la jubilación.

¿Por qué los diputados no velan por el dinero del fondo de pensiones que el INSS despilfarra y utiliza en préstamos para la construcción de viviendas para sectores sociales medios, adeptos al gobierno? El INSS abusa del dinero de los afiliados en gastos millonarios en dólares que no le compete a esta institución, pero se niega a entregar la pensión reducida de vejez a quienes tienen sobrado derecho de recibirla, o sea, a quienes se les quitó obligadamente la cotización, supuestamente para prever una vejez un poco aceptable para y, al menos, tener algo con qué alimentarse.

Es irónico, pero en el artículo 26 de la nueva ley, se plantea que habrá: “Amonestaciones por escrito cuando se detecte irregularidades que hayan causado un perjuicio, daño directo o indirecto a una persona.” Los redactores de esta ley, los gobiernos neoliberales y el gobierno actual no han querido constatar las denuncias que a diario se hacen, porque el INSS niega la pensión reducida de vejez a quienes la tienen ganada. Con esta actitud, asumida desde 1994, han perjudicado a miles de adultos mayores.

Pero han solucionado las demandas de los miembros de la contrarrevolución que nunca trabajaron ni cotizaron, con pensiones de 23 mil córdobas y más, con el dinero de los afiliados al INSS. La miopía del INSS es sólo del ojo izquierdo, porque con el derecho sí vieron la situación de miseria de los contras, y dejaron colgados de la brocha a quienes legalmente tienen derecho. Ahora, aparecen con esa “nueva ley” para ocultar la injusticia que siguen cometiendo con los afiliados que no pasaron las 250 cotizaciones.

Con este nuevo mamotreto derogan el decreto 93-2002, creador del “Consejo Nacional del Adulto Mayor” del INSS, el cual nunca funcionó, pero sus integrantes devengaron elevados salarios. En esta “nueva ley”, crean otro “Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores” (la misma mona y casi con el mismo rabo), adscrito al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez”, el que contará con decenas de funcionarios, con sus suplentes. Sospechamos –por otras experiencias—, que, en cualquier momento, los fondos para ese monstruoso aparato burocrático lo extraerán del fondo de pensiones del INSS.

Ese es otro adefesio de los tantos que existen. Que los ancianos sepan que en nada les beneficiará. Lo único con lo cual se puede exigir derechos, es con organización y lucha. Los ancianos ya no tenemos juventud ni salud ni dinero; sólo nos queda luchar, pues ya nada tenemos que perder.