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La ruptura actual entre la política y la ética es tan dramática que sólo pensar en su posible conciliación, es una utopía, por no decir que ello es más posible ocurra en el país donde los ríos corren al revés y en sus aguas las piedras flotan y el corcho se hunde.

En Nicaragua, nuestro contrato social criollo, derivado de aquel en que la sociedad organizó el Estado sacrificando algunos derechos naturales para dar paso a los distintos poderes a fin pudiesen ejercer sus atributos, y a su vez, equilibrados, posibilitasen el bien común, la paz social, el estado de derecho, como medios y fines de la política; ésta ha quedado a la zaga del aparato jurídico que garantice los estamentos originarios por los que fue justa su fundación.

Peor aún, el estado de derecho que debería contener a la misma ética política proclamada en la Carta Magna, va quedando descontextualizado del desarrollo lógico que constriñe al país su propia revitalización a tono con los tiempos sociales y cibernéticos del siglo XXI. Ética, Justicia, Estado de Derecho, van juntos, es cierto, pero van en caminos distintos del rumbo que lleva la política; incluso pueden llevar el mismo sendero, pero aquellas van rezagadas porque a los políticos no les interesa llevar tan pesado alforja, y muchas veces una buena cuenta bancaria queda obnubilada con una sonrisa cínica propia de esta estirpe. “Honores mutant mores”, justamente decían los romanos.

Dice el Dr. Alejandro Serrano Caldera, en su obra: “Escritos Filosóficos I”, lo siguiente: «En realidad, pareciera que la política perdió la sociedad en la que debe ejercer su funciones, mientras la sociedad no encuentra todavía la política que debe corresponderle».

En verdad que tiene toda la razón el conocido jurista y filósofo nicaragüense, máxime que cuando hablamos al inicio de Contrato Social, éste no necesariamente nació de consenso ipso iure, es decir en un protocolo jurídico o de una Asamblea Constituyente; Éste fue producto de un duro proceso en el que la estructura social del estado va cediendo derechos, en tanto se van conmutando obligaciones, resultando un eficaz binomio de ambos privilegios. Por otra parte, si el equilibrio de ese pacto social se pone en riesgo porque sus fundamentos de garantía están siendo violentados ( léase libertad de opinión pública, derecho al sufragio transparente, igualdad jurídica y procesal, transparencia de la gestión pública, por decir 4 solamente), quienes se privilegian desde el poder para subyugar la razón y la justicia, no están haciendo otra cosa que retrazar el camino que creen haberle ganado a aquellas que vienen de nuevo cabalgando jubilosamente para atropellarlos en su propia historia a priori tergiversada; ellas son: la justicia y el Estado de Derecho.

En cierta ocasión en la que asistimos a un congreso internacional sobre Estado de Derecho y Derechos Humanos, después de escuchar las temáticas alusivas a estos acuciantes temas, percibimos reprobadas muchas de nuestras instituciones. Con amargura preguntamos por dónde deberíamos empezar corrigiendo. El expositor, después de meditar un momento, expresó que el aparato de la administración de la justicia es el que debe estar incólume en un Estado que intente poner la primera piedra que edifique ese santuario donde habitan la justicia, la paz social y el Estado de Derecho, juntos.

Gran acierto la de aquel jurista que privilegiaba, en un estado de antivalores cívicos, de antilogías del derecho y de ética política invertida, por sobre grandes prioridades, a la noble justicia en un verdadero proyecto de nación, tales como una educación de calidad, una sana economía, la seguridad ciudadana etc., etc., lo cual nos ubicaría a la par en el mismo camino donde transitan el progreso social, siempre flanqueados por una auténtica justicia distributiva y conmutativa. Así es como iniciaríamos el proyecto de nación del que ya hemos hablado.

*Abogado y Pasante de Licenciatura en Teología.