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Los nicaragüenses hemos sido tantas veces víctimas de tramposos y villanos de la política, que ya no nos queda razón para el asombro. Aunque, por eso mismo, en algunos sectores se ha creado –a falta de asombro— un espacio para el conformismo y el hábito de ser traicionados una y otra vez, sin poder reaccionar como ciudadanos ofendidos en el momento justo y en la medida que las traiciones lo ameritan.

El más grande y preciso momento de los que en nuestra historia han sido necesarios para una justa reacción contra las trampas, los tramposos y los villanos fue la revolución de julio de 1979. Pero el desarrollo de los acontecimientos posteriores, sobre todo después de 1990, nos enseñó --pero sin que aprendiéramos bien la lección--, que liberarse de unos tramposos no nos libera automáticamente de que otros tramposos sustituyan en el poder a los anteriores. Quizá sea porque no hemos podido, en términos históricos, hacer el cambio definitivo del estilo caudillesco de la conducción política de los tramposos, por la participación consciente y organizada del pueblo que les haga el vacío y, como es natural, vuelvan a aparecer nuevos tramposos, se puedan neutralizar a tiempo.

Aquí estamos, de nuevo, frente a un nuevo caudillo con sus trampas y ambiciones desplegadas, y el pueblo disperso y desorganizado, que pareciera estar confiando las tareas de oposición a los tramposos de otros signos. Nada invita a confiar en el liderazgo opositor de partidos políticos que tienen a la cabeza a un delincuente que goza de libertad sólo por la combinación de trampas entre él y el otro caudillo.

Nada recomienda confiar en diputados que alcanzaron ese cargo por la gracia y la voluntad de sus tramposos dirigentes, y son defensores –sin sonrojos ni límites— de Arnoldo Alemán, y le apoyaron cuando se hizo el remedo de justicia con él, y participaron en las trampas políticas de Daniel Ortega, con la complicidad de sus agentes en una Corte bajo su control, para amnistiarlo. Ahora está libre, con bola en mano y jugando en la misma cancha. Esta situación ha hecho que un gran sector del pueblo, por desconfianza hacia estos especimenes de políticos, se convirtiera en espectador pasivo del juego de los tramposos.

La crisis política que se experimenta por el afán continuista del orteguismo se hermana con la crisis de credibilidad y ética de los políticos de oposición, puesto que el oportunismo del primero se combina con el oportunismo de los segundos, y ambos sacan beneficios de su complicidad. Por un lado, el gobierno no responde a las aspiraciones democráticas del pueblo, y por el otro lado, los seudo opositores las traicionan. Urge, entonces, el diseño y la actividad de una nueva oposición que pueda responder al reto y las condiciones que están planteando el orteguismo y los políticos de un sector opositor cómplice.

Esta gastada oposición le ha facilitado a Daniel Ortega el éxito de sus maniobras seudo legales, las que les estimulan su tendencia hacia las acciones violentas en contra de sus críticos. El gobernante trata de consolidar su “victoria” jurídica lograda con la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 19 del mes pasado, y le favorece la debilidad de la acción de los diputados opositores por anularla. Mientras Ortega lidia en este campo con obvias ventajas, no numérica, sino por la venalidad de algunos diputados, y adelanta la actividad violenta contra los opositores –y por ahora, mucho más contra las opositoras— verticales y ahí están Leonor Martínez, Patricia Orozco y sus compañeros del MAM.

Ortega combina las tramas politiqueras con la represión política, y las intensifica para sembrar el miedo y frustrar la unidad y una resistencia opositora real. Después de reprimir las manifestaciones cívicas contra el fraude electoral de hace un año, hoy la represión orteguista es selectiva, es decir, golpea y tortura a las personas de forma aislada, pero esto es el preámbulo para una represión ampliada, cuando vea que no logra atemorizar con la represión individualizada.

Cualquiera que fuere la magnitud y los resultados de las acciones represivas que ejecute el orteguismo, no se debe perder de vista que su ofensiva actual también está siendo utilizada como una cortina de humo para encubrir su creciente acumulación económica por la vía de la privatización de la ayuda venezolana, y de todos los programas concebidos e impulsados por el Alba. Ortega y su clan político-familiar se han colocado ante el pueblo como su gran protector, pero cobijado con la colaboración del Alba, a la cual sólo aporta su desprestigio.

En nuestro país, el Alba y sus proyectos de colaboración sólo pueden ser vistos como una oportunidad perdida para el crecimiento independiente, el comercio justo y las relaciones económicas horizontales o, por lo menos, es una oportunidad deformada por el oportunismo orteguista. De ahí se deriva el carácter de Estado paralelo que está adquiriendo la colaboración del Alba. Y se acrecentará la realidad de dos Estados paralelos, en la medida que Daniel Ortega siga sobreponiendo sus interés personales y de grupo sobre los intereses nacionales.

De todo ese perjuicio económico del manejo privado de la colaboración, se deriva el perjuicio político, y parece imposible ya separar la presencia de los programas del Alba, de la política represiva y continuista de Daniel Ortega, junto a todas las consecuencias nefastas que está teniendo en el orden jurídico institucional. Por ello, también se ha vuelto urgente la emergencia de un nuevo tipo de oposición que, además de movilizar al pueblo con otro estilo ético de hacer política, éste pueda hacer lo que la derecha no puede: separar al orteguismo de la opción de la unidad y la colaboración latinoamericana.

Lo anterior no puede significar el planteo de una ruptura tajante y definitiva de una nueva oposición con los sectores de derechas críticos del orteguismo, pero ya no conviene al país tenerlos como los conductores de la oposición en posiciones de poder hacer más trampas. Una nueva oposición es urgente, porque Ortega aparece en disposición de imponerse con represión, trampas jurídicas y finalmente el fraude que ya tiene en marcha. Y esto implica un doble peligro: que Ortega siga recurriendo a los oportunistas de la oposición de derecha y, al mismo tiempo, despierte el interés de los oportunistas de lucrarse haciéndole el juego electorero al estilo de los “zancudos” conservadores con el somocismo.

De hecho, las condiciones para el fraude no sólo están creadas por el orteguismo, sino bastante adelantado, pues está en posesión del aparato electoral, de la experiencia del fraude anterior, de la acción represiva de amplios sectores policiales, del Poder Judicial para santificar sus acciones y con unos diputados comerciables en la bolsa de valores politiqueros. Y sólo una verdadera oposición sabría qué hacer para evitar la consumación definitiva de este fraude. Si no… ¡ni todos los dioses que invoquemos al país!