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La inseguridad ciudadana en Centroamérica tiene causas estructurales, socioeconómicas e históricas que han sido exacerbada por las erróneas respuestas dadas por el Estado a las manifestaciones del problema durante las últimas dos décadas, cayendo en la trampa de exacerbarla particularmente en los tres países del norte de la región que se debaten entre las tasas más altas de violencia delictiva del continente. Hay dos problemas. El problema propiamente dicho de la inseguridad y la violencia criminal que ha quedado de manifiesto al terminar el conflicto bélico, restablecerse la paz y el funcionamiento de las instituciones democráticas, y el nuevo problema o el agravamiento del existente que se genera por la forma de actuar, reaccionar y pretender abordarlo. Dadas otras experiencias exitosas en Latinoamérica, así como los fracasos por acciones equivocadas, autoritarias, arbitrarias, coercitivas y exclusivamente policíacas o penales, es posible aconsejar o desaconsejar ciertas prácticas que pueden ayudar, en el marco de las particularidades de cada uno de los países centroamericanos, a enfrentar esta creciente preocupación. No se puede ser indiferente y responder con pasividad ante un problema que provoca tanto daño humano, social y económico en esta frágil región. No hay fórmulas ni recetas para solucionar los problemas sociales; la inseguridad ciudadana y la delincuencia como una de los principales factores que la genera, son de carácter social e ineludiblemente relacionados a la vida política, institucional y cultural; requieren abordaje oportuno para administrarlos y resolverlos mediante la aplicación de la ley, el diálogo, la tolerancia, la equidad y la transparencia.

Desde el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009 – 2010 del PNUD: “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, es posible identificar algunas prácticas aconsejables. Comparto doce enunciados formulados por el suscrito en consideración a dicho estudio y que invitan a la reflexión para la formulación de políticas institucionales:

1. Sólo es posible mejorar la seguridad ciudadana de manera sostenible sobre la base del Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos; las medidas que promueven estados de excepción, reducción de las libertades y derechos públicos, incremento de la detención y penas, etc., no abonan al desarrollo humano.

2. La seguridad pública es una función de naturaleza civil que debe ser ejercida preferiblemente por instituciones de naturaleza civil; el uso del ejército en la lucha contra la delincuencia no es aconsejable por los riesgos históricos y por el carácter distinto de la misión y formación de la entidad castrense.

3. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de brindar seguridad a sus ciudadanos(as), es un derecho de todos(as); no debe promover la privatización de la seguridad pública. Desde su limitada capacidad de lucha contra la delincuencia obliga a los particulares a buscar opciones privadas de protección y seguridad. Las alternativas privadas legítimas de los particulares de financiar protección personal y para su negocio, no deben ser ajenas a una visión articulada de la seguridad pública que la regule eficazmente y la integre en función de los intereses generales.

4. Los(as) ciudadanos(as) tienen el deber y el derecho de participar en la consecución de su seguridad. El Estado está obligado a facilitar la participación comunitaria en la prevención, en el control social de las instituciones de la seguridad pública, en la superación de las causalidades de la violencia criminal. La sociedad civil organizada tiene un papel relevante en la prevención y la seguridad. La participación social no tiene porqué sustituir la responsabilidad que los órganos de seguridad y policía tienen.

5. La seguridad ciudadana requiere abordajes diferenciados desde el nivel territorial y ante los distintos grupos sociales que presentan y perciben distintos niveles de riesgo y amenazas. Aunque debe haber políticas públicas con una visión nacional, esto no es excluyente de la necesidad de políticas locales.

6. El fortalecimiento institucional (particularmente Policía, sistema de justicia penal y penitenciaria) debe basarse en el marco del Estado de Derecho, el carácter profesional de sus funcionarios(as), procesos de capacitación permanentes, normativas claras, actuación transparente, mayor descentralización operativa y administrativa, eficaces mecanismos contralores y correctivos que reduzcan y sancionen la corrupción pública. La confianza en las instituciones de la seguridad y la justicia es fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana y la gobernabilidad.

7. La inseguridad debe ser abordada de manera integral desde las específicas responsabilidades institucionales que cada entidad estatal tiene. Se requiere un abordaje interinstitucional. El sesgo policiaco-penal-coercitivo, agudiza los problemas sociales y no aborda la causalidad. Ello no quiere decir que los órganos de la seguridad pública no deban actuar con eficacia, sino que estas actuaciones por sí solas no son solución y no deben estar por encima de las necesarias políticas sociales.

8. Son recomendables medidas restrictivas para la importación y comercialización de armas de fuego en manos de la población civil; se requiere un ente regulador que cumpla una normativa eficaz e incida sobre las motivaciones (desconfianzas, amenazas, factores culturales, etc.) por las cuales la población busca armarse.

9. Aunque todos los problemas de la inseguridad deben ser atendidos, es importante actuar sobre las conductas más peligrosas de manera oportuna. Los delitos silenciados como la violencia intrafamiliar, la creciente preocupación por la violencia juvenil, las maras y pandillas, la amenaza del crimen organizado nacional y transnacional en sus distintas manifestaciones (narcotráfico, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, lavado de activos, otros). No se puede descuidar el creciente consumo de drogas y alcohol principalmente entre la población joven.

10. Las políticas institucionales para la seguridad ciudadana requieren continuidad institucional de un gobierno a otro, de un alcalde a otro; necesitan un liderazgo comprometido con visión de largo plazo.

11. Se requieren sistemas de información objetivos y conciliados que permitan monitorear desde el Estado y la sociedad, las principales variables de la inseguridad y la violencia delictiva para incidir con eficacia sobre sus tendencias y manifestaciones. Ello va a permitir dar seguimiento a políticas y estrategias interinstitucionales. La conciliación de estos datos y estrategias a nivel regional también puede contribuir a enfrentar los problemas comunes particularmente al crimen organizado.

12. La promoción de una cultura cívica y de educación social desde el sistema educativo y los medios de comunicación, la divulgación de valores de respeto al derecho de otros, al diálogo y la transparencia en el ejercicio de la función pública; una mejor información a las personas contribuye a la calidad de la participación social y política.


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