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Este verano se cumplen dos décadas del inicio del fin de los regímenes comunistas de Europa Central, desde Talin en el Báltico a Tirana en el Adriático, abriendo paso a una época de elecciones libres, reformas de mercado y mayores libertades civiles. Desde entonces, los países de Europa Central y del Este han recorrido un largo camino. Varios de ellos hoy son miembros de la Unión Europea. Mi patria, Polonia, disfruta de una economía estable y
unos medios de comunicación florecientes.

Sin embargo, Polonia, al igual que varias de las otras nuevas democracias de nuestra región, sigue anclada en el pasado en lo referente al trato humano hacia los usuarios de drogas. De hecho, a lo largo del antiguo bloque soviético existe una perturbadora tendencia a utilizar métodos anticuados, conservadores y drásticos para abordar el consumo de drogas ilegales.

Por ejemplo, Gdansk -lugar de origen del movimiento Solidaridad- no tiene un solo centro de tratamiento de metadona. Las personas deben viajar tres horas para obtener la medicina que, como está comprobado, controla la ansiedad y reduce los daños causados por el consumo de drogas. Y esos son quienes tienen suerte. Apenas un 5% de los usuarios de opiáceos en Polonia tiene acceso a la metadona, en comparación con el 40% en Alemania.

En lugar de centrarse en un tratamiento que funciona, el gobierno polaco ha escogido dar prioridad a centros de rehabilitación a largo plazo en recónditos lugares del interior del país y que tienen poco -si es que no nada- que ver con una medicina basada en evidencias. Polonia también ha optado por abordar la posesión de hasta las cantidades más pequeñas de drogas como delito, tal como lo evidencia el hecho de que el 60% de las personas sentenciadas por posesión de drogas en Polonia son fumadores de marihuana.

No obstante, enfrentar el consumo de drogas a través de la criminalización y centros de rehabilitación no hace nada por reducir la demanda, y los índices de consumo no han bajado. Al forzar a los usuarios a pasar a la clandestinidad, la criminalización contribuye a una crisis de salud pública que no hace más que empeorar.

Este patrón persiste en toda Europa Central y del Este, donde los gobiernos también han optado por encarcelar a los usuarios de drogas. Por ejemplo, en Hungría el código penal contempla dos años de cárcel por la posesión para consumo personal. En la vecina Eslovaquia, el castigo puede llegar a los tres años, al igual que en Polonia.

Este enfoque no sólo es inhumano, sino también económicamente insostenible: se debería fomentar que los gobernantes de estos países destinen a causas más urgentes los escasos recursos destinados a la aplicación de la ley, el sistema judicial y las prisiones. En pocas palabras, los gobiernos ya no se pueden dar el lujo de derrochar tiempo y dinero que se podrían destinar a otros asuntos en lugar de encerrar a personas por infracciones relacionadas con el consumo de drogas.

Para que Polonia y sus vecinos puedan emprender un nuevo rumbo, deben ocurrir al menos tres cosas. Primero, deberían dirigir sus miradas a Occidente para encontrar políticas sobre drogas alternativas y más humanas. Un informe publicado recientemente por la Comisión de políticas antidrogas del Reino Unido llama correctamente a adoptar una política “más inteligente” que se centre en abordar la violencia relacionada con las drogas en lugar de simplemente arrestar gente.

Los funcionarios de Europa Central y del Este deberían prestar atención a los comentarios recientes del Ministerio del Interior del Reino Unido, que señalan que “la reducción del daño caracteriza cada elemento que nuestro enfoque para abordar este complejo asunto.”

Recientemente, Portugal dio un paso adicional al aprobar la despenalización de las drogas recreacionales, incluidas la heroína y la cocaína, medida que ha conducido a una reducción significativa de las muertes relacionadas con drogas y una baja de las nuevas infecciones por VIH.

En segundo lugar, los legisladores deben escuchar a quienes representan: Gazeta Wyborcza, un importante periódico polaco, realizó una campaña de concientización en la que reunió más de 23.000 firmas en cinco días para una petición que llamaba a modificar la actual ley antidrogas. Los cambios, que toman como modelo las políticas progresistas de Alemania, implicarían dejar de castigar a las personas por poseer pequeñas cantidades de drogas para consumo personal, penas más estrictas para los traficantes y un tratamiento más eficaz para las personas drogodependientes.

En lo que supone un paso hacia adelante, a principios de septiembre comenzará un debate en el parlamento polaco acerca de esta propuesta de ley antidrogas. Los jóvenes no deberían comenzar sus vidas profesionales con antecedentes penales debido a la posesión para consumo personal.

Finalmente, a nivel europeo, los encargados de definir políticas en la Unión Europea pueden fomentar que los estados miembros despenalicen la posesión de pequeñas cantidades de droga. Al liberar recursos que hoy se destinan a aplicar políticas contra usuarios de bajo nivel, los países pueden enfrentar de mejor manera los asuntos relacionados con el suministro y distribución de drogas, y dar a las personas los tratamientos eficaces que necesitan y merecen.

*Kasia Malinowska-Sempruch es directora del Programa global de políticas sobre drogas del Instituto Sociedad Abierta.
Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org