•  |
  •  |
  • END

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el “Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010” IDHCA: “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, como parte de un proceso de diálogo para identificar la problemática regional y las posibles salidas a uno de las preocupaciones comunes más actuales y críticas que enfrentan los siete países del istmo. El promedio regional de homicidios (29 x 100 mil h.) es mayor que la media latinoamericana (25) y la media mundial (9). Tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras muestran las condiciones más dramáticas de inseguridad con tasas promedios de 53 x 100 mil h. (2008).

Los países del Sur: Nicaragua, Costa Rica y Panamá aunque registran menos casos, la tendencia es creciente. Aun Costa Rica (11 x 100 mil h), el país con menores índices delictivos, está por encima del promedio mundial. Nicaragua tiene la particularidad de que aunque estuvo envuelta en un conflicto bélico con sus consecuencias y las condiciones de desarrollo humano son cercanas a los países del Norte, su inseguridad y violencia criminal se parece más a la del Sur con un desarrollo humano mayor. La seguridad ciudadana, a pesar de las tendencias crecientes multicausales, presenta ventaja comparativa con respecto al resto de la región debido a: i) la participación comunitaria en la prevención, ii) la cultura social e histórica, iii) el volumen económico del país, iv) la fortaleza de las instituciones de la seguridad, particularmente la Policía Nacional.

Las inseguridades centroamericanas no son homogéneas ni entre los países ni entre los departamentos, provincias y municipios de la misma nación. Hay distintos niveles de riesgos a ser víctima de delitos, diferentes percepciones de riesgo y disímiles respuestas institucionales desde el territorio. Las inseguridades difieren por razones de género, generacionales, origen étnico y posición socioeconómica. Ello obliga a enfocar soluciones diferenciadas atendiendo las particularidades locales a partir de políticas públicas nacionales, integrales, incluyentes y de largo plazo en el marco del respeto al estado de derecho y los derechos humanos sin caer en la desesperación de actuar con políticas de “mano dura” o la incapacidad de la “mano blanda” que han demostrado ser ineficaces, agravan la violencia o incrementan la impunidad, profundizan el problema social y aumentan la desconfianza.

Se requiere una “actuación inteligente”. Desde la promoción de una cultura cívica de respeto asumida desde el sistema educativo, los medios de comunicación, los actores estatales, sociales y políticos, desde el sector privado con responsabilidad social, es posible construir una “Región de Paz y Desarrollo” como se enunció en el Protocolo de Tegucigalpa (1991) al renovarse el Sistema de Integración Centroamericano.

Es indispensable la participación social en la seguridad ciudadana, en la prevención; la gente requiere estar informada con transparencia y equilibrio. Es ineludible la responsabilidad del Estado en brindar seguridad a sus ciudadanos(as), pero no como sujetos pasivos y simples receptores de un servicio, sino como sujetos activos con derechos y obligaciones, quienes ejercen control social sobre la función pública; expresan sus necesidades y demandan respuestas institucionales; inciden desde su comunidad, a partir de sus niveles de responsabilidad, en la superación de las causas de la violencia delictiva en la convivencia cotidiana.

La Región requiere actuar en el control de las armas de fuego en manos de la población civil. Se estima que casi 2 millones de armas circulan ilegalmente; aproximadamente el 71% de las muertes violentas han sido provocadas por armas de fuego en 2007. Es necesario priorizar la lucha contra el consumo de drogas, que sin descuidar el enfrentamiento al narcotráfico internacional, se enfoque a reducir el consumo, principalmente en la población joven desde la comunidad; ofrezca, desde el sistema social e institucional, opciones de desarrollo en donde la mayoría de la población es joven. Las pandillas juveniles y maras son una preocupación social principalmente en el Norte de Centroamérica.

La promoción de políticas de inserción social y no de rechazo ni exclusión pueden ser una solución duradera. Hay que desestimular la permanencia de jóvenes en las maras y evitar su estigmatización. Algunos delitos silenciados con alta “cifra oscuro” requieren abordaje desde políticas especializadas. Principalmente la violencia intrafamiliar y sexual que afecta y reproduce la violencia. La corrupción pública desgasta las limitadas capacidades nacionales de los países. Se requiere fortalecer la profesionalización, mejorar los controles institucionales, reducir la discrecionalidad en la actuación de los(as) funcionarios(as) públicos, estimular el buen desempeño y sancionar los abusos.

El sistema policial, de justicia penal y penitenciario requiere fortalecer su capacidad coercitiva y preventiva. La inteligencia criminal y la cooperación regional son condiciones necesarias para la lucha eficaz contra el crimen organizado transnacional, que, dada la posición geopolítica de la región entre Colombia y México-Estados Unidos, es una obligada ruta de tránsito que encuentra en nuestro escenario, dadas las crecientes necesidades insatisfechas de la población y el limitado desarrollo de las instituciones públicas, muchas vulnerabilidades.

El IDHCA argumenta la oportunidad de mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana de los(as) centroamericanos(as); sí es posible tener menor violencia criminal; hay soluciones a pesar de nuestras limitaciones. La clave está en promover el comportamiento cívico y asumir la ineludible responsabilidad de las instituciones que privilegien la prevención y actúen desde políticas y prácticas que reduzcan los desequilibrios socioeconómicos y la impunidad.


www.franciscobautista.com