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Amplios sectores del pueblo nicaragüense se disponen a marchar por las calles de Managua este sábado 21 de noviembre, en repudio al fraude electoral y a las pretensiones reeleccionistas del Presidente Ortega.

Esta vez, a la convocatoria de dieciocho organizaciones de la sociedad civil se han unido los partidos políticos democráticos del país. Será una marcha que pondrá de manifiesto que el reclamo en contra del burdo fraude electoral del 9 de noviembre de 2008 sigue tan firme como el primer día, y que el rechazo a la deleznable sentencia de los seis magistrados orteguistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuenta con un amplio respaldo en la ciudadanía democrática.

La marcha ha sido convocada con fundamento en los artículos 53 y 54 de nuestra Constitución Política, que confieren a todos los nicaragüenses el derecho a reunirse pacíficamente, a concentrarse, manifestarse y movilizarse.

Sobre la realización de la marcha ya está informada la Policía Nacional desde el día 4 de noviembre, información que se le reiteró el día 9 y se le comunicó el trayecto de la marcha. Esta marcha estaba convocada para el día 14 pero se pospuso para el día 21 para evitar cualquier tipo de confrontación con un grupo de simpatizantes orteguistas que anunciaron que marcharían ese día.

Al momento de presentar la respectiva comunicación a la Asesoría Legal de la Policía Nacional, esta expidió una constancia de que para ese día, según los registros de la Policía, nadie había informado la intención de realizar una marcha el mismo día 21 de noviembre.

Los organizadores de la marcha confían en que la Policía Nacional, en atención a sus responsabilidades constitucionales como encargada de resguardar el orden público interno, la seguridad de los ciudadanos y de prevenir actos de violencia, no permitirá ninguna otra marcha en la ciudad de Managua ese mismo día. Es lo que aconseja la prudencia de que debe hacer gala la institución policial. Además, la Constitución Política establece que la Policía Nacional debe regirse “en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia” (Art. 97 de la Constitución). Siendo que los marchistas al movilizarse estarán ejerciendo un derecho garantizado por la propia Constitución, la Policía Nacional deberá impedir que los ciudadanos que participen en la marcha puedan ser agredidos por quienes no estén de acuerdo con sus planteamientos. Si la Policía lo permite, actuando pasivamente, como ya lo hemos visto antes, estaría incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales.

Si la Policía Nacional actúa correctamente, el civismo se impondrá a la violencia, desde luego que las marchas convocadas por la sociedad civil son eminentemente cívicas y pacíficas. Hasta ahora ningún acto de violencia ha provenido de quienes participamos en estas marchas. Otros son los que han hecho alardes de violencia y de carencia total de civismo al agredir las marchas de la sociedad civil.

Apelar a la violencia es reconocer que se carece de argumentos, así como recurrir al fraude fue evidenciar que no se tenían los votos suficientes para ganar las elecciones en Managua y en otros cuarenta municipios. Si el orteguismo fuera mayoría no se hubiera embarcado en la nefasta aventura de perpetuar el fraude más escandaloso, transparente y mejor documentado de nuestra historia.

Quizás el fenómeno más interesante ocurrido en los últimos años ha sido la decisión de la sociedad civil nicaragüense de organizarse, de hacer acto de presencia en las calles del país, para expresar su repudio a la degradación política que vivimos. Las marchas cívicas multitudinarias realizadas en los años recientes en que el pueblo marchó convocado por la sociedad civil, se caracterizaron por aglutinar, bajo la bandera azul y blanco, a miles de personas provenientes de distintos sectores sociales y políticos, con gran presencia del sector juvenil, y sin distingos de procedencia ideológica.

Así ha quedado demostrado que es posible vencer la pasividad y la indiferencia, que en el pasado fueron aprovechadas por políticos inescrupulosos para llevar adelante sus proyectos, poniendo el Estado al servicio de sus propios intereses y no los del pueblo nicaragüense. Este movimiento nadie lo podrá detener y ha venido a dar un nuevo cause de expresión cívica beligerante a miles de ciudadanos y ciudadanas que desean hacer algo por su país, sin necesariamente vincularse a ningún partido político.

Necesitamos poner el país en “estado de civismo”, lo que significa hacer que la conciencia ciudadana, esté permanentemente alerta y vigilante sobre todo lo que concierne al futuro de Nicaragua, que a todos nos importa.