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En el mes de septiembre recién pasado, y en esta misma columna, expresamos nuestro criterio acerca de las elecciones generales en Honduras como la única y razonable salida a la crisis institucional del país hermano, provocada por las violaciones a la Constitución Política en que incurrió el Presidente Manuel Zelaya y las torpezas cometidas durante el golpe de Estado sui géneris que lo sacó del poder.

Honduras no habría caído en la profunda crisis en que se sumergió por varios meses si a Zelaya se le hubiera procesado en su propia tierra, con todas las garantías procesales del caso. Y si, como consecuencia de dicho proceso se le destituía de su cargo, la sucesión presidencial no hubiera sido cuestionada. Pero la inapropiada intervención del Ejército dio al caso todas las características de un golpe de Estado y movilizó a la opinión pública internacional en contra del gobierno que surgió para sustituir a Zelaya.

Por otra parte, el proceso de mediación encabezado por el Presidente Oscar Arias de Costa Rica, tampoco tuvo éxito y fracasó por insistir en la restitución de Zelaya en la presidencia. Tampoco la OEA tuvo éxito en sus gestiones, principalmente por la torpe actuación de su Secretario General en su primera visita a Tegucigalpa, y por insistir también en el regreso de Zelaya a la presidencia, algo que evidentemente no era posible, dado el rechazo de la Corte Suprema de Justicia y los otros poderes del Estado.

Dijimos entonces que había llegado la hora de buscar, por otra vía, una salida a la crisis del hermano país. Y la única que vimos viable era a través del proceso electoral previsto para el 29 de noviembre. “Ésta es la única salida que le queda al pueblo hondureño y mal haría la comunidad internacional, y particularmente la OEA, si desde ahora pretende deslegitimar las elecciones, porque entonces estaría cerrándole al vecino país el único camino para recuperar su institucionalidad democrática”.

No existían razones válidas para deslegitimar el proceso electoral que se inició antes del golpe de Estado y fue convocado por un Tribunal Electoral que no era producto del golpe. Los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos ya habían iniciado sus campañas y no objetaron el proceso. “Por lo tanto, afirmamos entonces, lo que deberían hacer la comunidad internacional, y especialmente los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea, es brindar todo su apoyo a dicho proceso, enviar una nutrida misión de observación electoral y exigir la participación de observadores de los organismos hondureños de observación electoral”... “Incluso, agregamos, podría contemplarse que Micheletti abandone la presidencia para que el proceso no sea empañado por la sombra del golpe de estado”.

Y es que era realmente absurdo negar al pueblo hondureño el último camino que le quedaba para recuperar la institucionalidad democrática y retornar a la normalidad, requisito indispensable para el progreso y bienestar de todos los hondureños. El tiempo nos ha dado la razón. El domingo recién pasado, el pueblo hondureño concurrió masivamente a las urnas, en un ambiente de tranquilidad, pese a los llamados a la abstención que hizo Manuel Zelaya desde su encierro en la Embajada de Brasil. Bajo la mirada de centenares de observadores nacionales e internacionales, los hondureños decidieron poner fin a la crisis del país por medio del mejor instrumento cívico que tiene la ciudadanía: el voto en las elecciones. Lo masivo de la votación es una demostración muy clara del deseo predominante en el pueblo hondureño de dejar atrás meses de crisis y darle una salida democrática al quebrantamiento institucional sufrido por los errores de uno y otro bando.

Afortunadamente, varios gobiernos rectificaron su posición frente a las elecciones hondureñas y están ahora dispuestos a reconocer sus resultados y a reanudar las relaciones diplomáticas suspendidas, tan pronto como se instale el nuevo gobierno, fruto de la voluntad popular. Con esto están dando su aporte a la solución de la crisis, tan perjudicial para el pueblo hondureño. Reconocer el resultado de las elecciones no es dar un aval al golpe de estado. Es brindar un reconocimiento al deseo manifiesto del pueblo hondureño de volver a los cauces democráticos e institucionales.

En cambio, los países del ALBA, encabezados por Venezuela, y entre los cuales se encuentra el nuestro, mantienen su posición intransigente de desconocer el resultado de la voluntad mayoritaria de quienes más interés tienen en este asunto, que son los propios hondureños. Ojalá estos países rectifiquen su equivocada posición y contribuyan a la recuperación de la institucionalidad democrática que bien se merece el pueblo hondureño.