•  |
  •  |
  • END

Tras haber concluido el polémico ejercicio electoral hondureño, la semana pasada, se ha desatado una interesante polémica internacional sobre la validez o no de los resultados de estas cuestionadas elecciones que van desde el inmediato reconocimiento de Estados Unidos a las nuevas autoridades electas, hasta el rechazo de total que expresa el gobierno brasileño hacia el nuevo presidente electo de esta nación centroamericana.

 El tono de las opiniones y reacciones diplomáticas se presta para todos los colores, y gustos políticos; incluyendo la ponderada posición adoptada por México respecto a este proceso electoral.

Ninguno de los Estados en esta contienda diplomática es fuente de legitimidad para dirimir el proceso electoral hondureño. Tampoco tienen, muchos de ellos, el peso moral suficiente como para señalar irregularidades como el caso de Estados Unidos que, mediante el argumento militar, impone su escalafón que cataloga a los países del mundo en buenos y malos a conveniencia de los intereses de la Casa Blanca. Igual de inmoral como resulta la posición del gobierno nicaragüense de venir ahora a rasgarse las vestiduras y proclamar con encono  que no se ha respetado el orden constitucional. ¿Acaso no es este mismo gobierno presidido por Daniel Ortega el mismo que organizó las elecciones de 2008 en completo secreto, proscribiendo toda observación electoral independiente?
 ¿No es este mismo gobierno sandinista que cocinó esas elecciones con  receta de cúpulas y de las cuales aún, más de un año después, no sabemos los resultados finales, ni se admitieron reclamos ni revisiones? Elecciones éstas que solo tuvieron por aval de transparencia la autoridad moral del presidente del Consejo Supremo Electoral.

Esa impostura del mandatario nicaragüense y su desafortunada política exterior practicada con un cinismo que nada tiene de filosófico y sí mucho de descaro viene a atizar la controversia.

La ruptura del hilo constitucional no es algo nuevo en América Latina. A veces se ha dado con motivos  justificados. Recordemos que en 1979, la revolución sandinista tomó el poder por las armas, rompiendo de este modo el hilo constitucional. ¿Quiere esto decir que las elecciones convocadas en 1984 y 1990 no tuvieron validez? Fueron elecciones perfectamente válidas porque contaron con la participación activa del pueblo.

No es tampoco por la ausencia de observadores electorales internacionales que una elección pierde validez, tal y como nos lo ha demostrado el órgano superior electoral nicaragüense con las elecciones municipales del 2008. En el fondo del problema, éste sigue siendo un asunto de soberanía nacional en Honduras.

 El gobierno de facto ha dado marcha atrás y no pretende quedarse eternamente en el control del gobierno, los golpistas han convocado a elecciones y el pueblo se pronunció. El hecho de que ahora no estén contentos los seguidores del depuesto Manuel Zelaya es un problema que tiene que resolver el órgano superior electoral de ese país. Manuel Zelaya le dio cierta legitimidad al gobierno de facto al sentarse a negociar con ellos y suscribir puntos de acuerdos en los que ambas partes reconocían la validez de estas elecciones.

 Ahora, con mucho cinismo, sale el gobierno de Daniel Ortega a encumbrar la bandera de la legitimidad constitucional en Honduras. ¿Ha prestado, acaso, atención el Consejo Supremo Electoral nicaragüense al clamor de los partidos de oposición para ventilar los resultados de las elecciones municipales del 2008?  Cuando se tiene techo de cristal es peligroso andar arrojando piedras a las casas vecinas.

 Lo que ha quedado claro en esta crisis es lo polarizada que está nuestra región y la completa inutilidad de los organismos hemisféricos como la Organización de Estados Americanos que han perdido toda capacidad real de arbitraje. Mas allá de eso, toda capacidad para, siquiera, constituirse como negociadores o mediadores eficaces.

El reconocimiento de Estados Unidos al nuevo presidente hondureño, al final, pesará más que cualquier resolución que emita este desacreditado organismo continental. Es una situación lamentable.


*El autor es Especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública