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Segunda Parte
Armado con su power point, luciendo una corbata que no debió ser accidentalmente roja –ningún movimiento de Cruz es accidental o espontáneo, sobre todo cuando de corbatas se trata*-- y con una seriedad digna de mejores causas, el representante de Incae explicó a su audiencia que para resolver el problema del danielismo que hasta hace unos pocos meses él representaba en Washington, era necesario reconocer que en Nicaragua coexisten dos estilos de hacer política: el estilo caudillista tradicional que practican Alemán y Ortega, y el moderno que, según él, representan Montealegre y Lacayo.

En el reino de los ciegos el tuerto puede ser contratado como baqueano. Montealegre y Lacayo acogieron el cuento del “modernismo” y la “tradición” para legitimar su proyecto de coalición y para declararse muy risueñamente, “modernos”. Acostumbrados desde jóvenes a pensar que su palabra es ley, pensaron que no era necesario explicar en qué consiste su modernidad.

De haberlo hecho, tal vez alguien les hubiera aclarado que la modernidad no se logra vistiendo a la moda, ni se alcanza repitiendo los últimos slogans del Banco Mundial. La modernidad expresa una visión de la vida y de la historia que es absolutamente ajena a la de Lacayo, Montealegre y la derecha nicaragüense. Immanuel Kant sintetizó su significado en la más famosa consigna de la Ilustración: “Atrévete a pensar”. Atrévete a pensar con autenticidad; atrévete a pensar con una mente encarnada en un cuerpo que se nutre de la realidad histórica y social en donde éste opera.

Medidos con esta vara, Montealegre y Lacayo son tan atrasados como Ortega y Alemán. Su consigna de vida no ha sido la que propuso Kant, sino otra: “Dedícate a imitar”; dedícate a imitar y mal imitar los modelos políticos y los modelos económicos de países que se nutren de aguas históricas de las que nosotros no bebemos.

Todavía hoy, Montealegre y Lacayo repiten el santo y seña de un gastado neoliberalismo que, para ser justo con los pensadores responsables de esta corriente, es una doctrina infinitamente más sofisticada que el “neoliberalismo” instintivo, pedestre y visceral que profesa la grosera y mal educada derecha de Nicaragua. Ellos -- y Edmundo Jarquín--, aún alaban los “logros económicos” del gobierno de Enrique Bolaños, y recuerdan con nostalgia el plan de desarrollo de ese gobierno: un plan repleto de interpretaciones superficiales del pensamiento económico del capitalismo del Norte que le exigía a los pobres del país someterse a la fortuna del mercado. Este plan, además, le pedía a los más necesitados esperar que la suerte los favoreciera en un “largo plazo” anunciado en un español pringado de inglés, por “tecnócratas sin espíritu y hedonistas sin corazón”. Pero regresemos a la reunión.

El MRS, aliado de Montealegre, no estuvo representado en el circo de Washington. Debemos asumir, sin embargo, que esta organización forma parte del proyecto de la derecha lanzado en la capital estadounidense. Esto se desprende, entre muchas otras cosas, de las palabras de Edmundo Jarquín, quien en su programa radial se sumó al infantil triunfalismo con el que algunos sectores de la oposición al danielismo han celebrado la marcha del 21 de noviembre pasado. Con su voz grave, que en Washington hubiese ayudado a imponer un poco de dramatismo al lamentable y divertido espectáculo de Lacayo-Montealegre, Jarquín señaló: “uno de los significados más importantes de la grandiosa marcha opositora” es que “por primera vez” marcharon juntos “dirigentes, militantes y simpatizantes del 62% que no votó por Ortega”.

Efectivamente, marcharon juntos y revueltos todos: los que pagan con el sudor de su frente el costo de las quiebras bancarias y los que se han beneficiado de ellas; las defensoras de los derechos humanos y los violadores de esos derechos; los saqueadores del tesoro público y el pueblo saqueado. Juntos y revueltos todos, bajo la bandera de una “democracia” en la que todo vale porque en Nicaragua esa palabra ya no significa nada.

Entre una derecha insensible y una izquierda pervertida Ortega ofrece a los pobres un poco de pan, a cambio de obediencia e ilimitada paciencia para los desmanes de los Roberto Rivas de su pandilla. Contra esta oferta ¿qué ofrece la derecha? ¿Qué ofrecen Antonio Lacayo y Eduardo Montealegre a los pobres de Nicaragua, además de su frialdad? ¿Acaso el retorno del incoherente Pedro Solórzano y las despreciables carreras de carretones a las que ellos dos asistían para divertirse con la necesidad de hombres y mujeres despojados de su dignidad? ¿Es ésa su modernidad?

Ni la izquierda corrupta que gobierna el país, ni la insensible derecha nicaragüense, ofrecen lo que Nicaragua necesita para salir de su crisis. Aceptemos, entonces, la necesidad de crear nuevos caminos, nuevas visiones, y nuevos objetivos. No es fácil lograrlo, pero se puede. Se puede, si en primer lugar hacemos un esfuerzo para despejar la nube de mentiras y confusiones que se ha asentado sobre el país.

Empecemos despejando una de estas mentiras, la de la democracia nicaragüense. Tomemos en serio esta palabra y rechacemos el uso de la misma como una consigna vacía. Llenemos esta palabra de significado; de un significado que haga sentido en un país con el atraso y la pobreza del nuestro.

Reconozcamos que la democracia es un concepto que hace referencia a dos cosas: un consenso social mínimo sobre la naturaleza de las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad; y, segundo, un conjunto de reglas y procesos que gobiernan la lucha por el poder. En la reunión de Washington, Montealegre y Lacayo hablaron exclusivamente de la dimensión formal de la democracia porque, para ellos, la democracia se traduce, básicamente, en elecciones. Ninguno dijo una sola palabra sobre el sentido y la dimensión sustantiva de este concepto. Es decir, no hablaron sobre la necesidad de enmarcar los procesos electorales dentro de una definición del bien común que incluya hoy –no en un futuro indefinido-- a los pobres y a los marginados del país.

En ausencia de un consenso social mínimo, los procesos electorales simplemente sirven para legalizar la fragmentación y hasta la polarización social. Peor que eso, en ausencia de un consenso social mínimo, los procesos electorales degeneran, como sucede en Nicaragua, en rifas quinquenales del derecho a la impunidad.

Desde 1990, Nicaragua ha vivido una democracia electoral sin consenso social. La Unión Nacional Opositora, que Antonio Lacayo presenta ahora como un ejemplo a seguir, fracasó como un esfuerzo para construir este consenso. En vez de hablar del “milagro de 1990”, Lacayo debería reconocer su participación en este fracaso.

Para construir el consenso que necesitamos, es necesario enfrentar, en vez de disimular, las contradicciones que forman parte de nuestro drama nacional. Estas contradicciones no deben ser tratadas, como lo hicieron muchos de los líderes de la marcha del 21 de Noviembre, como un problema estético que se resuelve con la imposición de un solo color --blanco y azul-- en las demostraciones contra Ortega. Las contradicciones que nos separan son políticas y, sobre todo, éticas.

Enfrentar estas contradicciones implica reconocer que no todos pueden formar parte de la búsqueda de una nueva visión de país, porque un sector del danielismo y de la oposición son parte del problema. En este sentido es posible señalar que no tienen nada que ofrecer a la recuperación de Nicaragua, los que no estén dispuestos a rechazar cualquier forma de intervencionismo extranjero –venezolano, estadounidense o de cualquier otro país—en la búsqueda de la solución a nuestros propios problemas. La inestabilidad política crónica que ha sufrido Nicaragua a través de su historia, tiene mucho que ver con la tendencia que han mostrado diversas fracciones de la clase política del país, a obtener el apoyo de alguna fuerza externa para mantenerse en el poder.

Tampoco tienen nada que ofrecer a la renovación del país, los beneficiarios del saqueo del tesoro público en las varias piñatas –de derecha y de izquierda-- que han ocurrido en Nicaragua durante los últimos veinte años. Repitamos: ellos no son la solución, sino parte del problema.

Finalmente, no tienen nada que ofrecer a Nicaragua los extremistas de cualquier posición ideológica que no estén dispuestos a aceptar que la democracia es el resultado de un esfuerzo permanente por integrar y balancear intereses contradictorios dentro de un marco ético y legal que, en Nicaragua, debe proteger a los más débiles y necesitados. Este marco, además, debe prohibir y castigar el robo, la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, y cualquier atentado contra la soberanía del país, incluyendo el derecho de los nicaragüenses a decidir su futuro sin manoseos externos.

Concluyamos señalando que el absolutismo orteguista, y el capitalismo fundamentalista de Montealegre y Lacayo, constituyen estrategias sociales que ignoran la necesidad de conciliar la justicia y la libertad. Los resultados de estos reduccionismos han sido siempre nefastos: el pensamiento absolutista “resuelve” las tensiones entre la libertad y la justicia sacrificando la libertad, mientras que el neo-liberalismo lo hace sacrificando la justicia. Ninguno de estos dos modelos es sostenible. El absolutismo orteguista está condenado a terminar aplastado bajo el peso de sus crecientes contradicciones. Por otra parte, los que como Montealegre y Lacayo claman por una “libertad de mercado” construida a la medida de sus intereses y visiones, construyen castillos de arena que terminarán arrasados por la furia de los que no tienen nada que perder.

*Leer el “El pacto de la Corbata” en La Trinchera del 2/10/09