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El Estado de Derecho, cómo es sabido, supuso el tránsito de una manera autoritaria y estática de entender el mando a una nueva forma de ejercicio del poder, a través de normas, de procedimientos, y, sobre todo, de principios. Es decir, pasamos de la subjetividad, de la voluntad política ilimitada, del capricho y el puro arbitrio del gobernante, a la objetividad y a la racionalidad como parámetros básicos del poder. De la ausencia de motivación a la necesaria explicación y rendición de cuentas del ejercicio mismo del gobierno.

Como es sabido, junto a la separación de poderes, hoy golpeada en tantas partes del mundo, y al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, el principio de legalidad, que tanto costó alumbrar, constituye el tercer pilar sobre el que se asienta un nuevo modelo político llamado Estado de Derecho.

El principio de legalidad trae consigo el imperio de la ley frente a la arbitrariedad, la luz frente a la oscuridad, la transparencia frente a la opacidad. En este contexto, nos encontramos con uno de los principios centrales del Estado de Derecho: la seguridad jurídica y sus correlatos: la previsibilidad y predictibilidad del Derecho que, junto a la regla de la confianza y de la certeza, configuran uno de los elementos más relevantes de la temperatura democrática de un sistema político abierto como es el democrático. En otras palabras, en la democracia las reglas del juego son conocidas, claras y de aplicación para todos sin excepción. En el momento en que se empieza a distinguir, sobre todo en función de ideas y convicciones, entonces nos acercamos peligrosamente a los aledaños del autoritarismo, hoy bien presente aunque bajo nuevas formas más blandas y suaves.

Por ejemplo, si se transforma radicalmente el orden jurídico sustituyendo instituciones sociales que han resistido el paso de los siglos por nuevas estructuras sin el concurso de la ciudadanía, si se mudan unilateralmente las reglas del juego en medio del partido en materia económica; si se utiliza el Derecho, la técnica normativa en función del poder, si se trastoca el sentido de lo que es un derecho subjetivo por su negación o eliminación más obvia, entonces, estamos desnaturalizando el Estado de Derecho, y convirtiendo la vida política, el proceso de confección y elaboración de las normas jurídicas, en un ambiente de enfrentamiento y confrontación en el que se busca, al precio que sea, más que la razón, el imperio de la fuerza por parte de quien manda, de quien gobierna, más bien de quien desgobierna, porque esta forma de ejercicio del mando es la misma antítesis de lo que deben ser el gobierno y la administración pública en la democracia.

La existencia de normas jurídicas de aplicación para todos es una de las bases de la convivencia en libertad. En cuanto se tolera que el incumplimiento, por ejemplo, de la Constitución, para contentar a determinadas minorías, nos hallamos en un ambiente en el que, junto a la desprotección de la mayoría, la dictadura de la minoría es una realidad.

Un sistema político que tiene normas jurídicas aprobadas desde el entendimiento y desde la centralidad de la persona, suele ser una sociedad que mantiene un alto grado de temperatura cívica. Por el contrario, una sociedad en la que las normas se confeccionan para instaurar la hegemonía de unos contra otros es una sociedad arbitraria en la que cuando salgan unos y lleguen otros al poder, no es descartable que se sustituya el ordenamiento jurídico “in toto”, justamente, para hacer lo contrario que los anteriores.

¿Qué podríamos pensar de unos poderes públicos que utilizan su posición jurídica de potestad para ajustes de cuentas o para comprar aliados con el fin de derrotar al adversario? Si ello ocurriera, se constataría una vez más la naturaleza antisocial y autoritaria de un gobierno que, en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos, se dedica al llamado contragobierno, esto es, a torpedear a la oposición en lugar de atender a la mejora permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos.

En fin, seguridad jurídica, previsibilidad jurídica, claridad en las normas jurídicas, confianza legítima en que el poder no trastocará las reglas unilateral o arbitrariamente, son algunas de las más elementales características del Estado de Derecho que hoy, comos se comprueba a diario, brillan por su ausencia. Por una razón: porque hemos sustituido la idea racional del poder por la idea tribal del mismo. Porque la ley, que es expresión de racionalidad se convierte en expresión de dominio, de control, y, tantas veces, de caldo de cultivo para el enfrentamiento. Volvamos, pues, a la senda del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, y a todos, a los de hoy y a los de mañana, nos irá mejor, mucho mejor.