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El Presidente Ortega celebró el comienzo del cuarto año de su gobierno aprobando, el 9 de enero, un decreto más propio de una monarquía absoluta que de una república democrática.

Ni siquiera en una monarquía constitucional, como lo son las modernas monarquías europeas, puede el rey declararse por encima de los poderes del Estado, como guardián o supervisor de su funcionamiento. Tampoco puede en las monarquías constitucionales invadir las funciones propias del parlamento. Menos en una República nadie puede decir “el pueblo soy yo”, a no ser que sea Luis XIV (L’etat c’est moi).

Olvida el señor Presidente, ahora transformado en dictador, que según nuestro ordenamiento constitucional, el Presidente de la República no está por encima de los demás poderes del estado, ni tiene, entre sus atribuciones constitucionales, supervisar que los otros poderes cumplan con sus funciones propias. A este respecto el artículo 129 de nuestra Constitución claramente establece que: “Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

Además, los magistrados, contralores y otros funcionarios cuya elección corresponde únicamente a la Asamblea Nacional, tienen períodos establecidos en la propia Constitución y no pueden ejercer estos cargos legítimamente ni un día después del vencimiento de esos períodos. Si pretendieran hacerlo incurrirían en el delito de usurpación de funciones, tipificado en el Código Penal. También olvida el señor Presidente, que el Art. 183 de la Constitución dice que: “Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confieren la Constitución y las leyes de la República”.

En consecuencia, el úcase presidencial del 9 de enero en curso, es absolutamente ilegal, nulo e inexistente. Los diputados de las bancadas democráticas, a la mayor brevedad, deberían promover la aprobación de una ley que declare nulo y sin valor alguno el real úcase del 9 de enero, sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad que pudieran presentarse contra él y las correspondientes acusaciones ante el Ministerio Público por delito contra la Constitución de la República.

Todo parece indicar que convencido el presidente Ortega de que no cuenta con los 56 votos para lograr la reelección de Roberto Rivas y de los demás magistrados que en el CSE y CSJ responden a sus intereses continuistas, decidió forzar la negociación de la reelección de sus adeptos mediante la amenaza de prorrogarles sus períodos si la Asamblea Nacional no accede a sus pretensiones. Esa es una forma muy poco democrática de buscar consensos por el bien del país y de asegurarse que lleguen a los poderes electoral y judicial personas honestas y capaces, cuya lealtad sea solo con la Constitución y las leyes de la República.

No se puede invocar como precedente lo que ocurrió con los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, ya que la continuación en el cargo, hasta que tomen posesión los nuevos magistrados designados, está prevista en su convenio constitutivo.

Por todo lo anterior, el año 2010, que recién hemos iniciado, será un año clave para el destino de la democracia en Nicaragua. Será un año que requerirá un gran esfuerzo cívico de parte de la ciudadanía, a fin de hacer frente a varios retos, sobresaliendo entre ellos el de lograr la depuración total del Consejo Supremo Electoral, a fin de asegurar que las elecciones del 2011 sean organizadas, dirigidas y supervisadas por un Poder Electoral que goce de la confianza de los electores y garantice el correcto recuento de los votos de los ciudadanos y ciudadanas.

Para lograr lo anterior, será necesario que los partidos democráticos con representación en la Asamblea Nacional, actúen en un solo bloque, de manera que si se hace necesario llegar a un consenso con el FSLN sobre las candidaturas, este sea negociado conjuntamente y no de manera separada, ya que una negociación individual con el FSLN podría dar lugar a un nuevo pacto que terminaría, como ha sucedido en el pasado, en un simple reparto de magistraturas como prebendas, donde el criterio dominante sería la lealtad partidaria y al caudillo y no a la Constitución y las leyes. Además, será indispensable la consulta con la sociedad civil, tal como lo mandata la Constitución Política y se comprometieron los partidos políticos que suscribieron los acuerdos de Metrocentro I.

Hoy más que nunca cobra vigencia el grito de Pedro Joaquín Chamorro: “Nicaragua volverá ser República”.